Río Santiago: tres minutos para las víctimas

Un sábado de septiembre, en un aula del Centro Universitario de Tonalá, la “Mesa de Salud” del río Santiago no fracasó por falta de voluntad, sino por defecto de método: contaron lo que se hizo y olvidaron medir lo que cambió, especialmente, en la sangre de los niños y sus familias.

Siete horas alcanzaron para casi todo, menos para lo único que importaba. Desfilaron funcionarios de dos órdenes de gobierno, cada uno con sus láminas, cada uno con su libreto, cada uno convencido de que el guion de la reunión le pertenecía. Al frente colgaban las mantas que los vecinos llevaron por si a alguien se le olvidaba el motivo: «No más muertes por contaminación», «Castigo a los responsables». En las butacas, madres con niños que se enferman con frecuencia, personas con los riñones deteriorados, con daño neurológico. Al cierre, la autoridad tuvo un gesto: tres minutos de micrófono a cada mano levantada. Tres minutos para quien lleva veinte años enfermándose. La escena, por sí sola, es el diagnóstico.

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Lo más revelador no lo dijo un opositor: lo dijo la propia Claudia Gómez Godoy, comisionada para la Restauración y Saneamiento de la Cuenca del Río Lerma-Santiago, al frente del proyecto. Reconoció, ante la sala, que van siete intentos de presentar avances y rendir cuentas y que ninguno ha dejado conformes a los afectados. Uno esperaría que esa frase encendiera una alarma; sirvió, más bien, de justificación. Siete veces el mismo problema en el libreto, esperando un final distinto. Hay una palabra para repetir lo mismo aguardando otro resultado, y no es “método” y tampoco “área de oportunidad”.

Pongamos números, que es lo que invita a pensar con evidencia. El estudio toxicológico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dirigido por la doctora Gabriela Domínguez, tomó muestras de sangre y orina a 178 habitantes de El Salto y Juanacatlán entre 2023 y 2024. El resultado no admite eufemismos: en El Salto, el cien por ciento de la población analizada presentó niveles detectables de plomo, aluminio y níquel; en Juanacatlán, el sesenta y cuatro por ciento de los niños, manganeso elevado; el mercurio apareció en el cincuenta y nueve por ciento de los menores. En una familia de la zona, con dos niños de seis y ocho años, el aluminio llegó a multiplicar por doce el valor de referencia; el manganeso, por siete. Son metales que castigan el riñón y el sistema nervioso: precisamente los órganos por los que la ribera lleva años pidiendo auxilio. La población no vive junto a la contaminación: la trae adentro, y la traen los niños.

Hay algo importante que se debe destacar: ese diagnóstico ya existe. La universidad entregó los resultados a la Secretaría de Salud de Jalisco a mediados de 2025. La medición del efecto —la que calibra la emergencia— no falta: está guardada. Lo que faltó fue la instrucción de atender con oportunidad a quienes salieron intoxicados en sus propias pruebas. Sucede que la medición efectiva no importa, porque está centrada en el esfuerzo de las dependencias, en el uso y cuidado religioso del erario y su cumplimiento bajo criterios de forma, nunca de fondo.

¿Qué ha presentado, en contraste, la autoridad? Kilómetros de colector, toneladas de lirio y basura recogidos, árboles plantados, jornadas de limpieza. Todo eso es trabajo; nada de eso es salud, al menos no para la emergencia. No hace falta suponerlo: basta abrir el Primer Informe de Gobierno de Jalisco. Ahí, una tabla contabiliza las “atenciones médicas” en la cuenca —egresos hospitalarios, urgencias, hemodiálisis— año con año. Cuentan cuántas veces atendieron, no si alguien mejoró su condición de salud; o, al menos, si fueron tratados con dignidad. El tamizaje renal escolar alcanzó el ochenta por ciento de cobertura: detectar daño en los riñones de los niños es la alarma, no el logro. Y el propio indicador de saneamiento de la cuenca tocó su punto más alto en 2022, con 71.95 por ciento; desde entonces, no ha dejado de caer, hasta 70.66 en 2025 —por debajo incluso de 2021—, contra una meta de 78. Cinco años de gasto para terminar retrocediendo. Mientras tanto, el seguro médico estatal prometió afiliar al veinte por ciento de la población sin seguridad social de esos municipios: logró el dos. La misma página que presume la cifra, más adelante la contradice.

Por si el contraste fuera poco elocuente, algunas madres denunciaron que a los mismos niños que se dice proteger se les fumiga casa por casa, en la calle, “porque hay plagas de mosquitos”, envenenando el aire con más neurotóxicos. Se combate al zancudo que se ve y se ignora el metal que ya circula por la sangre. Se restaura el paisaje mientras se enferma a la gente. Seguro su “indicador” dice “número de fumigaciones”, o algo por el estilo.

¿Cuánto cuesta no prevenir las causas ni atender la emergencia de salud? Sumar lo gastado en el río Santiago es un ejercicio de fe, porque nadie lo concilia en una sola página. Conviene separarlo por quien paga, que son órdenes de gobierno distintos y colores distintos.

Del lado del Gobierno de Jalisco: la administración anterior reportó —ella misma, sin auditor que lo firmara— 7 mil 333 millones de pesos entre 2018 y 2024 para el programa “Revivamos el Río Santiago”; de ahí, 6 mil 725 millones habrían ido a veinte plantas de tratamiento, colectores y estaciones de monitoreo. La administración actual etiquetó, en el presupuesto estatal de 2025, otros 2 mil 295 millones para la “Recuperación Integral del Río Santiago”, a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la de los siete fantásticos.

Del lado del Gobierno de México: la Semarnat anunció en febrero de 2025 una bolsa federal de 7 mil millones para la cuenca Lerma-Santiago en todo el sexenio —de los cuales 500 millones para 2025—; el presupuesto federal de 2026 contempla 1 mil 347 millones más para el río Santiago y la Conagua señala obras “en curso” por más de 430 millones.

Pero aun contando solo las dos bolsas mayores —la estatal histórica y la federal del sexenio— hablamos de más de catorce mil millones de pesos anunciados para una cuenca, sin una página pública que reconcilie qué se hizo, cuándo, a qué costo y, lo más importante, qué se logró. Con ese dinero se ha pagado cualquier cosa —estudios, elaboración de proyectos, investigaciones académicas, plantas, colectores, láminas, jornadas de limpieza—, menos las únicas que se pedían: un tratamiento médico efectivo y digno para los niños y sus familias que ya traen aluminio en la sangre y la acción efectiva del Estado para detener el vertido de tóxicos en la cuenca. Y no es que falte con qué motivarlos: la Comisión Interamericana lo ordenó desde 2020 (Resolución 7/2020, MC 708-19) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo puso por escrito, a los tres órdenes de gobierno, en 2022 (Recomendación 134/2022). ¿No tiene sentido que, si nuestra Guardia Nacional recupera el acceso libre a nuestras playas (cosa que felizmente aplaudimos), sean nuestras fuerzas federales las que nos protejan contra quienes, a costa de su ganancia, envenenan nuestros ríos y nuestra vida?

Hay un principio que la reunión invirtió; al parecer, es un problema crónico de comprensión lectora en el sector público mexicano. El servidor público es mandatario; la ciudadanía, mandante. El poder que el primero ejerce no le pertenece: se lo delegó el segundo. Cuando al mandante se le raciona a tres minutos y el mandatario cree que dicta cátedra durante siete horas, no se alteró la agenda: se invirtió la Constitución.

La salida no es adivinar ni gritar. Es sencilla y exigente: que el formato con que las autoridades vengan a rendir cuentas lo escriban los afectados, con línea de base, indicadores, metas y un verificador que no sea, a la vez, juez y parte. Que se mida el efecto —metales en la sangre, enfermos del riñón, descargas que cumplan la NOM-001-SEMARNAT-2021—, no la fotografía de la jornada de limpieza. Y que se ataquen las causas, sin importar el tamaño del logotipo y la chequera de la empresa que envenena la cuenca. Lo demás —los diagramas, las infografías, el desfile de láminas— es paisaje. Y el paisaje, por más verde que lo pinten, no ha resuelto el problema ni ha curado nunca a nadie.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.