La boleta de calificaciones de un Siapa que se vigila solo

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2 septiembre 2026

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Hoy al Siapa se le mide por lo que extrae y por lo que factura, casi nunca por lo que entrega. Foto: Siker / Especial.

El 11 de diciembre de 2025, México estrenó su Ley General de Aguas (DOF, 2025): reconoce el agua como derecho humano, concentra las concesiones en la Comisión Nacional del Agua y multa a quien contamine un cauce, perfore un pozo o revenda el agua sin permiso para ello. Un avance, sin duda; aunque también es un espejo incómodo. Ya sancionamos a quien ensucia el río, pero nadie responde por el organismo que tira la mitad del agua que ya tiene, la entrega contaminada y nos deja el drenaje en la sala. La ley llegó al agua; a la llave, todavía no.

La entrega pasada se aclaró que el desastre del Siapa no es accidente, es diseño. No se mide, porque el que reportaría es el mismo que quedaría exhibido; no se sanciona, porque el Congreso, alineado mayormente con el gobierno, prefiere absolver. A un problema bien entendido se le exige lo mismo que a cualquiera: una regla, una medición que no dependa del evaluado y alguien que la haga cumplir. Vamos por las tres.

Hoy al Siapa se le mide por lo que extrae y por lo que factura, casi nunca por lo que entrega. No es sospecha: su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2026 —el tablero para evaluar un programa de 6,350 millones de pesos— lo pone por escrito. Ocho indicadores, ni uno solo para calificar si el agua llega potable, con presión suficiente para subir a la azotea y mantenerse potable, o si llega a veces, y otras no. Su métrica estelar, la “eficiencia física”, se define como el agua que factura entre la que extrae, con una meta de 72% (SIAPA, 2026). Traducción: planean, como éxito, no dar cuenta de más de uno de cada cuatro litros. Coloquemos esa MIR al lado de los 10 procesos que definirían, con un poco de detalle, el desempeño de cualquier organismo —sin adornos—.

Tabla. La MIR-SIAPA 2026 frente a los diez procesos de un operador que sí rinde cuentas.

La boleta de calificaciones de un Siapa que se vigila solo

De los diez procesos, la MIR 2026 toca solo a cinco a medias y a la otra mitad ni la menciona: factibilidades, reúso, gestión de proyectos, áreas de apoyo y —muy importante— tarifas y subsidios no tienen un solo indicador. Donde mide, mide volumen, cobertura o una eficiencia que el propio Siapa reporta. Es una boleta que el alumno llena sola y solo en las materias que él elige; un alumno que es a la vez el maestro que la califica. Falta, además, algo que no aparece en ninguna fila: leer los resultados por estrato y por territorio. El promedio siempre es el mejor amigo del que reprueba: disuelve en una cifra amable que la falla se reparte primero y después, se diluye; tal como el agua.

Nada de esto es imposible: es, como mínimo, pedirle a un monopolio que rinda cuentas de lo que hace con el agua —y con el dinero— de todos. Aunque para exigirlo hace falta quien lo vigile; ahí empieza el problema.

Un regulador de verdad supervisa, fija metas y sanciona; no juega dentro del mercado que vigila. América Latina lleva décadas construyéndolos: Perú tiene la Sunass, que fiscaliza y amarra la tarifa a metas (Sunass, 2017); Colombia separó al que regula (CRA) del que sanciona (la Superintendencia); Chile opera con su Superintendencia de Servicios Sanitarios. No hay que cruzar el Atlántico, basta mirar a los vecinos. ¿Y México? Bien, veamos… En ADERASA —la mesa continental de los reguladores— cada país acredita el suyo. México no tiene ninguno, pero la silla vacía la ocupó la ANEAS: la asociación de las propias empresas operadoras (ADERASA, 2026). Así, la desfachatez; pero cuidado, nadie “mandó” a la ANEAS; se coló a la fiesta —gremio con billete, cabildeo e interés directo en el negocio— y fue la propia ADERASA la que le abrió la puerta. El pecado no es del colado, sino del anfitrión: una asociación de reguladores que sienta como “regulador” a los regulados rompe, en el acto, el único principio que la justifica. Tache para la ADERASA; que la ANEAS es parte del problema, ya lo sabíamos.

Lo que no juega no es abstracto: es el erario, que no es del Siapa, sino de los tapatíos. Un monopolio sin árbitro no solo falla: sangra dinero público, no siempre por descuido. Perder juicios se traduce en sentencias que se pagan del erario; sin árbitro que regule, es natural que haya oficio para “dejarse ganar” a cambio de un moche; que suban los ingresos tampoco resulta positivo si terminan pagando la próxima asesoría de ornato, en lugar de mantener redes. Cuidar ese dinero también es un resultado y no puede vigilarlo quien lo gasta.

Normalmente, los municipios se defenderían por mandato constitucional (CPEUM, art. 115), complicando el hecho de estar sujetos a un arbitraje, por lo que un regulador nacional chocaría con la autonomía de casi dos mil quinientos municipios. El hecho es que Perú, con doble piso municipal —provincias y distritos—, igual levantó su regulador: la fragmentación estorba, pero no exime. El conflicto de fondo está el reparto del poder discrecional: mientras el agua se administre como pastel y no como responsabilidad, sobrarán manos para rebanarlo; “amigo el ratón del queso”, dicen los colombianos. Por eso la jugada no es el látigo, sino la zanahoria: consideremos una norma oficial mexicana que diga “¿quiere recursos para su agua? Cumpla estos resultados. ¿No? Está en su derecho: es autónomo… tan autónomo como le alcance su propio dinero”. No obliga a nadie; convence al que necesita el billete, que son casi todos.

La complejidad de la gestión hidrosanitaria tampoco se resuelve “armonizando” las leyes estatales, como promete la propia ley. Permítame la desconfianza: “armonización”, “alineación estratégica”, “mejora continua” son primas de la simulación y nietas de la discrecionalidad; homologar textos cambia frases, no incentivos. El Siapa no se cura empatando artículos, sino cambiando toda su arquitectura, por la presión de quién mide, quién paga y quién manda. Por eso el único vértice que de verdad aprieta no es la retórica, es la cartera. Regla de resultados, medición ajena y dinero atado a cumplirla. Sin eso, las grandes inversiones “para salvar a la ciudad del infortunado problema del agua”, terminarán como imaginamos. Ponerle el cascabel al gato cuesta; no ponérselo, ya sabemos cuánto.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.