Las mil hojas de un desastre. Parte 1

El sábado pasado, en Colón y Rosario Castellanos, el agua subió metro y medio y convirtió un camión urbano en cápsula de emergencia: veinte personas atrapadas, seis niños de entre dos y seis años rescatados en brazos. La tormenta dejó 38 vehículos afectados y suspendió temporalmente las líneas 1 y 4 del Tren Ligero (El Informador, 2026). No fue un huracán: fue otra tarde de lluvia en una ciudad que ya aprendió a llamar rutina a la alarma. Horas después, puntual como el aguacero, apareció el libreto oficial: la culpa es de la basura y de los ciudadanos que la tiran. La explicación es cómoda, casi higiénica: desplaza el problema del plano donde se decide —el uso del suelo, el drenaje, el presupuesto— al plano donde se barre. Culpar a la basura tiene la elegancia de no comprometer a ningún funcionario.

Entre las reglas importantes de la evaluación de políticas públicas, que se aprende pronto y no se olvida, está la de: “no se puede mejorar lo que no se mide, y no se puede medir lo que no se comprende”. Antes de exigirle al Siapa que se porte bien, habría que entender por qué se porta como se porta. Para entenderlo, hay que abrir la caja negra: dejar de tratar al agua como una molécula que se bombea y verla como lo que es, una relación social con poder, dinero y territorio adentro. Descolonizar el agua es, antes que nada, dejar de creer que el problema es meramente físico-químico, que nombran “técnico”.

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El sistema de agua metropolitano se parece a un pastel de mil hojas: capas sobrepuestas por las que fluyen, más que el líquido, las decisiones y las omisiones —la cuenca, la maquinaria del organismo, quienes padecen la sed y quienes lucran con la falla; las fuerzas que empujan: el tiempo que oxida, el presupuesto inercial, el poder que calcula en años electorales—. Cuando uno separa las hojas, descubre que el desastre no es un accidente: es el resultado esperable de cómo está armado el pastel.

Volvamos al agua de metro y medio. Aquí conviven tres fallas que debemos apuntar. La primera: el agua de lluvia y el agua negra deberían viajar por tuberías distintas, y en buena parte del AMG viajan juntas; por eso, cuando cae el aguacero, la calle no se anega de agua limpia sino de agua contaminada que se mezcla; el daño sube de patrimonial a sanitario y —como toda desgracia en esta ciudad— se concentra en las partes bajas, tradicionalmente, las de menor ingreso. La segunda falla es más grave y menos visible: al drenaje llega lo que nunca debió llegar. Las industrias que producen residuos peligrosos están obligadas a disponerlos por su cuenta, no a verterlos en la red; el organismo debería vigilar que así sea. No lo hace. De aquella tragedia del 22 de abril de 1992 —sobre cuya negligencia, la de no evacuarnos a tiempo, escribí en su momento— quedó una lección que preferimos no mirar: ningún drenaje, pluvial o sanitario, está hecho para recibir gasolina y, sin embargo, la recibió. Quienes lo vivimos concluimos que alguien la arrojó ahí para deshacerse de ella. Entró porque nadie vigilaba qué se descargaba en la red. Treinta y cuatro años después, sigue sin vigilarse. La tercera: gran parte del agua que inunda una zona no llovió en las cercanías de ese punto; se vino escurriendo de puntos más altos donde no fue captada e infiltrada, naturalmente, por el desorden de la planificación urbana, bajo complicidad de dependencias que funcionaron como meseros de empresas desarrolladoras.

Recordemos que hay diferentes redes: una trae el agua limpia a la casa: la de distribución. Otra debería recoger el agua contaminada de los predios, una vez utilizada, y dirigirla a su planta potabilizadora. La otra debería sacar de la calle el agua del sábado: la de recolección de aguas pluviales. De la primera, al menos hay cifras. El organismo reconoce por escrito perder 36.8% del agua que capta (Siapa, 2024, vía transparencia); su entonces director, Antonio Juárez Trueba, ante el Congreso, habló en marzo de 2025 de una eficiencia de apenas 50%: la mitad del agua se fuga (NTR Guadalajara, 2025). ¿En cuál quedamos? En ninguna, y ese es el punto: el mismo organismo admite que carece de la medición —macro, por ausencia de distritos hidrométricos; micro, por medidores que registran hasta el aire del tandeo— para saberlo con certeza. Cuando quien mide es juez y parte, y ni siquiera juez y parte sostienen una sola cifra, la pregunta ya no es cuánto se pierde, sino por qué se nos pide creer un número que su propio autor no defiende. Juzgue usted si es más.

Esas son las cifras de la red consentida. De las otras, la de recolección de aguas negras y agua pluvial —la que nos deja el agua a la cintura— no hay número que reportar. Las redes de recolección son la muchacha fea del sistema: nadie las mide, nadie dice en qué estado se encuentran. Sería ingenuo suponerlas más sanas que su hermana; lo honesto es reconocer que, sencillamente, no lo sabemos, porque a la red que nos inunda o a la que contamina el subsuelo ni siquiera se le cuentan los daños.

Se nos dice que la infraestructura falla porque es vieja, pero es una fatalidad que conviene desmontar: como si dejar envejecer los activos públicos fuera un destino y no una decisión. No lo es. Toda tubería se diseña con una vida útil conocida: se sabe, desde el día uno, cuándo toca reemplazarla. Repararla a tiempo, sin embargo, es un tufo en la política: nadie inaugura un tubo que no ha reventado. En cambio, dejar que colapse y llegar después, capa al hombro, a “rescatar” la infraestructura olvidada —como ya advertí que ocurría— rinde foto, listón y campaña. El sistema premia la negligencia y castiga ciudadanos, en forma de tandeo, agua turbia y calles anegadas. Vivimos gastando el dinero del mantenimiento que no hacemos, y a ese hueco lo identifican como “holgura presupuestal”. El concepto es generoso, pero la holgura no le sirve a la ciudad, que se queda con el mal servicio, sino al funcionario, a quien le regala lo único que de verdad aprecia —margen para ejercer el gasto a su antojo, con su santo clasificador de “partidas presupuestales”, sin rendir cuentas de por qué—.

Hay un trámite discreto donde se decide buena parte del desastre: la factibilidad. Es el papel con el que el organismo dice: “sí, hay agua para este desarrollo” y, con esa firma, convierte un terreno en un negocio. Se compromete el caudal que no existe, sobre la promesa de que ya aparecerá —tandeado un poco más a los de siempre, exprimiendo un pozo más—, para transferir el problema, normalmente, a las colonias con mayores fallas de cobertura.

Con la misma firma que promete agua que no hay, permite construir donde el agua debía quedarse. Se sella el permiso sobre suelo que antes filtraba la lluvia y la devolvía al subsuelo; se cubre de concreto la esponja que amortiguaba el aguacero, y luego nos sorprende que las calles se vuelvan ríos. Ya con el agua encima, es fácil “hacerse pato” y señalar esa responsabilidad al municipio, como suele pasar.

Dos hojas más completan el retrato. La primera: las áreas de apoyo del organismo —administración, recursos humanos, comunicación social— operan con demasiada frecuencia como agencia de colocaciones y aparato de imagen. La asesora contratada con más de 70 mil pesos mensuales sin acreditar el perfil técnico, Eli Castro, conocida como “Lady Siapa”, hoy bajo procesos judiciales, no fue un desliz aislado: los señalamientos alcanzaron también a Administración y Recursos Humanos (La Jornada, 2025). Cada peso que se va en nómina ornamental o propaganda es un peso que no repone tubería, no instala medición, no limpia colectores y no reduce una sola inundación. La ciudad paga recibos; el aparato reparte favores.

La segunda indigna más: mientras el servicio formal falla, florece el mercado negro del agua. Alguien extrae agua de pozo a precio subsidiado —agua y energía baratas para bombearla— y la revende cara a comercios que evaden la tarifa que les tocaría. No le roban al Siapa: le roban a usted, que pagó el subsidio. De remate, esa agua vuelve como descarga al drenaje y se trata con dinero público. Pagamos el agua que se llevan y la limpieza de lo que ensucian. El robo tradicional, al menos, no presume vocación circular.

¿Por qué nada se corrige? Porque el sistema tiene dos candados que se cuidan uno al otro. Primero: no se mide, porque quien debería reportar el desempeño es el mismo que saldría mal en la foto. Segundo: no se sanciona, porque el contrapeso constitucional —el Congreso, controlado por el partido en el gobierno— ha preferido, en materia de agua, exonerar antes que fiscalizar; basta revisar las votaciones. Medir sin sancionar sirve para decorar diagnósticos; sancionar sin medir es teatro. Entre ambos huecos, el colapso se vuelve estable, casi confortable para quienes lo administran.

Comprender esto —las mil hojas, y los dos candados al fondo— no es lujo académico, es el punto de partida honesto. A un problema bien entendido se le puede exigir una regla, una medición independiente y alguien que las haga cumplir. Lo demás es seguir achicando el agua con discursos y videos. Pero esa es harina de la próxima semana.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.