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Opinión

Y cuando despertó, la militarización aún estaba ahí

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Luis Sánchez Pérez

Para hablar de la militarización en México, no podemos delimitar el tema exclusivamente a lo que vivimos en los últimos gobiernos, es indispensable irnos más atrás, ya que desde década de los años sesenta y setenta, encontramos episodios negros en la historia, donde las fuerzas armadas se han visto involucradas de manera directa o indirecta: Tlatelolco en 1968, el “Jueves de Corpus” en 1971, la masacre de Aguas Blancas en 1995, la matanza de Acteal en 1997, entre otros escenarios de la llamada “Guerra Sucia”, donde la opacidad, irregularidades, inconsistencias, pérdida de vidas humanas y la impunidad hasta la fecha, son una constante.

Desde el sexenio de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas tomaron el rol de tareas de seguridad pública, adquiriendo una mayor magnitud a través de su participación en la estrategia de ataque al crimen organizado, principalmente a todo lo relacionado con tráfico de drogas. Posteriormente en el gobierno de Peña Nieto se continuó con dicha estrategia y se intentó dar un marco legal a su participación a través de la Ley de Seguridad Interior. Después con la llegada de López Obrador, se tenía la esperanza de que cambiara la estrategia de seguridad, ya que él mismo siendo candidato, prometió que las fuerzas armadas volvieran a sus cuarteles y dejaran de realizar tareas de seguridad; sin embargo, todo se desvaneció desde Marzo de 2019, con la reforma constitucional que dio pie a la creación de la Guardia Nacional y recientemente en 2022, al aprobarse el decreto donde se amplía hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Los académicos estadounidenses, Hall y Coyne, en su libro “La militarización de la policía de Estados Unidos”, hablan sobre que existen dos tipos de militarización. Según lo descrito arriba, en México vivimos una militarización directa, ya que las fuerzas militares han sido desplegadas para participar en labores de control interno. Por otro lado, la militarización indirecta se asocia con los marcos institucionales en los que las policías civiles adquieren características militares, a través de estrategias, armamento y tácticas. Algo muy similar a lo que ocurrió en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado, donde policías de distintos países latinos, recibían entrenamiento y financiamiento de los Estados Unidos.

En todo ese periodo, las fuerzas armadas mexicanas han estado en el ojo del huracán, debido a diversas denuncias por violaciones a derechos humanos, las cuales han sido registradas en los estados donde tienen mayor presencia, por periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil. Según el último informe de la organización México Unido Contra la Delincuencia, dentro del periodo del 1ero de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019, además la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH) analizó 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejército, la Marina y la Policía Federal; dando como resultado, un total de 301 casos y 1,712 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos: tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales.

Todo parece indicar que la estrategia de abrazos no balazos, no ha sido del todo así… Hace un par de días, circularon diversos videos en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas que confrontan a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en algunas escenas se aprecia cómo las personas insultan y golpean a uno de los elementos, les arrojan piedras y comienza el forcejeo entre ellos, hasta que uno de los militares acciona su arma corta y comienza a disparar hacia el suelo para dispersar a la población. En redes sociales se afirmó que los hechos ocurrieron después de que una grúa enganchó una camioneta aparentemente relacionada con el Cartel del Noreste. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció en un comunicado, que los militares habían acribillado a 6 jóvenes al salir de un antro cercano a dicha localidad, la madrugada del 26 de febrero: «Esta nueva masacre ocurrida en esta frontera enardeció a cientos de habitantes y decenas de familiares de las víctimas que enfrentaron al personal militar, incluso a golpes, por considerar que las víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraría». 

De acuerdo con el comunicado, el vehículo recibió más de 20 disparos y al menos dos jóvenes habrían sido rematados en la nuca cuando estaban tirados en el pavimento. Otras versiones afirman que las familias estaban defendiendo al grupo delictivo y que eso originó el enfrentamiento. Hasta el momento la SEDENA no se ha pronunciado sobre el caso y existen muchas interrogantes alrededor de lo sucedido. Lo que es un hecho es que mientras los militares sigan ejerciendo labores de patrullaje cotidiano, en vez de apostar por un modelo que estandarice la formación, profesionalización, certificación, dignificación y equipamiento de las corporaciones policiacas, incluyendo perspectiva de género y proximidad social. Buscando una policía proactiva y orientada a la resolución de conflictos comunitarios. Esta idea era originalmente parte del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, sin embargo no logró llevarse a cabo debido a la reducción de presupuesto de esta administración. Dando como resultado un mayor poder a las fuerzas armadas y una nula capacitación a los policías, lo que nos sitúa en el mismo círculo vicioso del que aparentemente no saldremos en este sexenio…

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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