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Un show, intento de corte de agua: Tlaquepaque

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Síndico de Tlaquepaque
El síndico municipal José Luis Monterde se interpuso frente a trabajadores del Siapa que pretendían cortar el suministro de agua. Foto: Siker / Sergio Enrique Hernández.

En plena sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ingresó al recinto para notificar al gobierno municipal sobre presuntos adeudos que datan de 2001.

Ante esta situación, el síndico municipal, José Luis Monterde, calificó la acción como un montaje político orquestado por la bancada de Movimiento Ciudadano para distraer la atención de los problemas sanitarios y de contaminación que enfrenta el organismo operador en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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“Fue un show, un show bien montado por la bancada de Movimiento Ciudadano, porque ahorita estamos terminando la sesión ordinaria de este mes. Me tuve que salir a atender este tema, incluso irrumpieron al salón del pleno y, pues, con todos los verificadores que ven ahí enfrente, entraron a notificarme”, declaró el funcionario.

Monterde explicó que la notificación presentada en el edificio del Ayuntamiento asciende a unos 5 millones de pesos por supuestos cobros no medidos desde 2001, los cuales, aseguró, ya prescribieron legalmente.

Municipio revisa 210 cuentas atribuidas por el Siapa

El síndico detalló que el Siapa ha difundido información incompleta sobre un padrón de 210 cuentas, las cuales sumarían 210 millones de pesos.

Tras una revisión interna, el municipio detectó que solo 101 cuentas corresponden al Ayuntamiento, con un monto inicial de 130 millones de pesos.

Al aplicar la figura legal de la prescripción, que limita el cobro a los últimos cinco años, la cantidad se reduciría a alrededor de 18 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo presentado por el municipio.

“Haciendo el ejercicio de prescripción y que se tendría que pagar únicamente los últimos cinco años, pues queda un adeudo de 18 millones de pesos. Tlaquepaque en ningún momento se ha negado a pagar”, enfatizó Monterde.

“Lo que queremos es conciliar, pagar el adeudo que, según la información que nos proporcionaron, va a dar alrededor de los 18 millones de pesos aplicando la prescripción”, agregó.

Tlaquepaque solicita una mesa de conciliación

El municipio aseguró que desde diciembre de 2024, con la llegada de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, ha intentado conciliar las cuentas de manera formal.

Sin embargo, el Ayuntamiento acusó que las respuestas del director del Siapa, Ismael Jáuregui, han carecido de rigor jurídico.

“Me contestó, por cierto, por enésima vez que se lo requerí, de manera muy poco jurídica, con un nivel de cantina en ese lenguaje, y le volví a solicitar por escrito hace un par de días que me mandara toda la información y le volví a pedir una mesa de conciliación de cuentas”, apuntó.

El síndico advirtió que el municipio no permitirá cortes arbitrarios del servicio en edificios públicos como el Archivo Municipal, la Tesorería o El Refugio.

También señaló que el Ayuntamiento no atenderá las peticiones del organismo para emplear la fuerza pública en procedimientos de embargo contra la ciudadanía.

Municipio impedirá intervenciones sin licencia

Monterde recordó que cualquier obra o intervención en la vía pública requiere permisos municipales, incluidos los trabajos realizados por el Siapa.

“Cualquier actividad como ésta, cortar el tubo, escarbar, etcétera, requiere de una licencia municipal, así sea el Siapa. Si no la tiene, lo vamos a impedir desde esa perspectiva jurídica, porque lo tienen que tramitar”, aseveró.

“Es una empresa, es una OPD en ese sentido, tienen que tramitar sus licencias también, no son una isla, no son un estado dentro del Estado”, añadió.

Finalmente, el funcionario informó que ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades y violaciones cometidas durante los cortes.

También indicó que el municipio avanza en los procedimientos legales para exigir el cumplimiento de suspensiones de amparo y frenar la contaminación ambiental en los arroyos de la demarcación.

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