Señor, señora, no sea indiferente

En las marchas del 11 y el 18 de octubre se coreó una consigna que los boletines oficiales no se atrevieron a transcribir: “Señor, señora, no sea indiferente: usted también se baña con la caca de la gente”. Un analista escrupuloso diría que es falso, que la dilución en la red rebaja la concentración. Puede que tenga razón en el laboratorio, pero nadie gritó eso para presentar un análisis químico: lo gritó porque está harto de abrir la llave y no saber qué le va a salir.

La consigna era un diagnóstico político: abrió un escalón nuevo de exigencia. Ese escalón se pone en riesgo cuando la conversación se reduce a corregir decimales.

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El debate siguió. Un lector que conoce el sistema por dentro publicó un hilo para “desmontar los argumentos” de quienes cuestionamos el acueducto sustituto. Se agradece: trajo datos que el gobierno no había mostrado. Leído con calma, refuerza más de lo que desmonta.

Empiezo por lo que concedo. Su tabla muestra que, entre 2018 y 2024, la Ciudad sacó de Chapala entre 6.5 y 7.5 metros cúbicos por segundo con sus dos sistemas, cerca del tope de 236 millones de metros cúbicos al año que ampara el título. Si es así, el tubo nuevo no sacaría mucha más agua que hoy, asumiendo, claro, que se respetará…

Pero entonces el gobierno ya dio tres versiones de lo mismo: la presentación oficial prometió “menor extracción”, su análisis costo-beneficio modela pasar de 6.0 a 7.5 y el defensor más informado del proyecto asegura que será igual. Y su tabla ni siquiera coincide con la del análisis oficial.

De ahí sale un dilema. El análisis oficial obtiene más de ochenta por ciento de sus beneficios sociales de entregar más agua. Si no habrá más agua, ese beneficio se evapora y la obra solo queda justificada como seguridad del abasto, a la que el mismo estudio asigna 1.4 por ciento de los beneficios. O la obra trae más agua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y hay que demostrar que el lago la aguanta, o no la trae y hay que rehacer la evaluación social.

El lector enumera también tres candados para el lago: el título, el acuerdo de distribución de 2004 y la veda. Y muestra que desde 2004 el lago no ha bajado de 25 por ciento. Concedo, porque es la mejor prueba de nuestra tesis: donde hay reglas y quien las haga valer, el agua se cuida. El lago las tiene. El Siapa, no. Eso sí: la veda que él cita prevé emergencias cuando el lago baja, y el análisis oficial supone 7.5 metros cúbicos por segundo durante 30 años sin un solo escenario de sequía.

Luego compara los 224 millones de metros cúbicos que se lleva Guadalajara con los mil 461 a 2 mil 39 millones que se evaporan. La evaporación la decide el Sol; la extracción la decidimos nosotros, y es fija, llueva o no. Un metro cúbico en Chapala ya vale algo: sostiene el humedal, la multiplicación de especies y el clima de la ribera, lo que la economía ambiental llama servicios ecosistémicos. Al sacarlo, la sociedad renuncia a ese valor; después paga la energía para bombearlo más de 40 kilómetros, su potabilización y la presión de la red. Si llega a una llave, el beneficio social justifica la cuenta. Si se fuga, y se fuga más de un tercio, ese metro cúbico se vuelve el más caro del sistema: cargó con todos los costos, abre socavones al escapar y no le sirvió a nadie. El que se evapora en el lago cumplió su ciclo; el que se pierde en la red se pagó dos veces y se tiró.

Tampoco consuela que la fuga “recargue el acuífero”. Un acuífero no es una alberca: el agua subterránea se mueve en sistemas superpuestos de flujo locales y regionales, a velocidades y hacia destinos que en Guadalajara nadie ha estudiado. Esa agua no desaparece, pero deja de estar disponible. Suponer que la volveremos a sacar es apostar a ciegas.

Por eso, recuperar un metro cúbico perdido vale socialmente mucho más de lo que cuesta en pesos: evita la pérdida del lago, el gasto del trayecto y el daño de la fuga a la vez. El costo completo del agua, como lo propusieron Rogers, Bhatia y Huber para la Asociación Mundial para el Agua, suma los costos directos, indirectos, el costo de oportunidad (el valor por renunciar a él, en Chapala) y los efectos ambientales. El análisis oficial, en cambio, no le asigna al lago ningún valor.

La misma pregunta sube aguas arriba: ¿cuánto costaría menos potabilizar un metro cúbico de Chapala si el Lerma no le llegara cargado de contaminantes? Nueva York la respondió hace treinta años: proteger su cuenca le costó varias veces menos que la planta de filtración que habría necesitado. Aquí, la auditoría estatal encontró que el costo real de potabilizar agua superficial creció 38 por ciento al año entre 2021 y 2023. Esa factura no la paga un tubo: la paga la cuenca, o la pagamos nosotros.

Por décadas nos han dicho que los tapatíos desperdiciamos el agua, que gastamos más de 200 litros por persona al día. Esa cifra no mide lo que usamos: divide entre todos lo que el Siapa produce, fugas incluidas. Su propio análisis costo-beneficio social estima que en casa consumimos 92 litros diarios, por debajo de los 100 que la Suprema Corte considera mínimo vital. Casi 129 mil hogares pagan cuota fija: para ellos el litro adicional cuesta cero, como en un bufé. La micromedición cayó a 84.9 por ciento en 2024, y el director del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, admitió que los medidores “no sirven en absoluto”. El desperdicio existe, pero está en la red y en la falta de medición; endosárselo a los usuarios es una forma elegante de no rendir cuentas y una forma perversa de lavarse las manos.

El lector pregunta si debemos esperar tres sexenios a que se sectorice la red para construir el acueducto. Nadie propone esperar. La renovación por etapas reduce las pérdidas año con año, empezando (deseablemente) por los sectores que más fugan. Por eso se puede comprometer una trayectoria: cuántos puntos de pérdida por año, con qué presupuesto y verificada por alguien ajeno al Siapa. Ahí debe atarse el dinero federal.

El fondo no es de tubos. Es lo que la literatura llama ciclo hidrosocial: el agua sale del lago, cruza una red que la pierde y la ensucia, y regresa como drenaje al río Santiago, contaminando a su paso a El Salto y Juanacatlán. Reducir el debate a diámetros y caudales parece técnico, pero es un sesgo: deja fuera al lago, a la cuenca y a la gente.

¿Quién gana con desinformar?, pregunta al final. Tres versiones oficiales de la extracción, dos series que no cuadran, medidores que no miden y reportar solo 4 de los más de 97 parámetros de calidad publicados no son obra de los críticos. Para publicar los datos hace falta lo que nunca ha existido: alguien que supervise al Siapa. Sin un regulador, cada debate se vuelve una guerra pírrica.

El rigor empieza por casa. Dos correcciones: en la columna del 19 de octubre escribí que, sin contar dos veces el ahorro en pipas, la rentabilidad social del acueducto caía a menos 2 mil 644 millones. Ese ajuste, por sí solo, la deja positiva, aunque muy justa. Lo que sí la vuelve negativa, con el propio modelo oficial, es medir la obra contra lo que Chapala ya entrega hoy, y no contra el promedio de hace 25 años, o usar la inversión que llegó al Congreso. Los datos del lector refuerzan lo primero. Y en la séptima estación del Viacrucis, “la mitad del agua” la dijo un director del Siapa ante el Congreso, no ante la Comisión de Derechos Humanos, y hablaba de eficiencia física.

Quienes abrimos la llave en esta Ciudad deberíamos estar del mismo lado, y la invitación a sumar fuerzas sigue abierta. Al final, la consigna tenía razón en lo único que importa: en esto nadie puede ser indiferente, porque todos nos bañamos con la misma agua.

Sobre autor

El autor es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público, privado y social. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.