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¿Cuántas más?, ¿cuántas menos?

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violencia a las mujeres

El 6 de junio finalizó el proceso electoral 2021, una situación que representa un desgaste en general para la sociedad y que es aún más complicado en medio de una pandemia. Con este se pone la atención en propuestas y colores que buscan dar una solución a problemáticas de seguridad, economía, salud, educación, entre otras; también es una de las primeras contiendas en las que el País pone en práctica distintos marcos institucionales para asegurar que la lucha feminista esté presente; no obstante, es imposible afirmar que estos fueron efectivos.

Este proceso electoral le costó la vida a decenas de mujeres -tanto precandidatas, candidatas y militantes de partidos-, según lo compartió la Observatoria Ciudadana Todas MX en rueda de prensa el pasado 1 de junio. Estas muertes no son casualidad, ellas representan una serie de factores que permiten concluir que aún no se tienen los elementos necesarios para asegurar la participación política de las mujeres en condiciones seguras.

Cambios a ocho leyes 

El 13 de abril de 2020 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a ocho leyes, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; éstas serían las bases para que, en teoría, las elecciones 2021 se desarrollaran con respeto a la participación de las mujeres. Acompañando a esto, desde colectivas feministas se impulsaron iniciativas como la 3 de 3 Contra la Violencia y lineamientos para lograr paridad en gubernaturas, esfuerzos que demuestran como es el propio movimiento el que emprende acciones para la garantía de los derechos de las mujeres.

Habiendo modificado ocho leyes, que corresponden a distintas instancias encargadas de generar las condiciones adecuadas para que las mujeres no fueran víctimas de violencia política en el citado proceso electoral, es de gran preocupación el hecho de que se tenga constancia de asesinatos por estas condiciones. Sobre este punto es pertinente recordar que no se trata de un homicidio más, nos encontramos ante feminicidios con una variable que muestra el grado de peligrosidad que representa el buscar espacios de representación para las mujeres. Un análisis con enfoque de género sobre estas situaciones daría cuenta de cómo el quitarle la vida a una mujer que busca llegar al poder representa la máxima expresión de repudio hacia la reivindicación de nuestros derecho, así como que el sistema patriarcal se vale de todos los medios existentes para mantener su dominación, aún cuando eso signifique terminar con vidas.

Sobre este tipo de asesinatos y el contexto que los reviste vale la pena comenzar a acuñar el concepto que la analista Viridiana Ríos establece como “candidatxscidio”, aquel punto de encuentro entre grupos criminales, violencia generalizada, captura del poder y en palabras de la autora un intento deliberado de controlar gobiernos locales y un reflejo de la incapacidad del gobierno por controlar al crimen.

Esto pone en evidencia distintas situaciones, por un lado un patrón que manifiesta como las mujeres que luchan por la garantía de sus derechos –activistas, defensoras de derechos y políticas- invariablemente están en un constante riesgo; así como la falta de una respuesta institucional ante ello; también se demuestra como  las mencionadas reformas dejaron de lado el contexto feminicida del país, de manera que se minimizó el riesgo de perder la vida al querer ejercer derechos civiles y políticos.

Al hablar de la protección de un derecho tan básico como lo es la propia vida, se esperaría que las autoridades emprendan todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones a esta. Se habla de accionar mecanismos jurídicos, legislativos, políticos, administrativos, culturales y los que sean necesarios para evitar  la violación de un derecho, es  aquí donde el contexto tiene un rol fundamental para que el actuar de las autoridades sea efectivo.

Sobre la muerte por violencia política de la cual fueron víctimas decenas de mujeres en el proceso electoral de 2021, se debió tomar en consideración que históricamente las mujeres han sido impedidas de llegar al poder, era de esperar que las condiciones particulares de ellas las orillaran a ser víctimas de un feminicidio. Por ello se insiste en que se debieron tomar las previsiones necesarias para actuar de inmediato ante la mínima sospecha de violencia en su contra; lógicamente para poder ejercer derechos civiles y políticos en espacios de representación popular, primero se tiene que estar viva, pero las autoridades fallan con esta pre condición, haciendo imposible que se garantice el resto de  derechos.

Son necesarias las garantías 

Erradicar la muerte de mujeres por violencia política no es tarea sencilla, pero es evidente que la creación de mecanismos de protección que permitan una adecuada evaluación del riesgo que corre la mujer y la implementación de  medidas inmediatas para evitarlo es de extrema necesidad. En este punto regreso a la idea de cómo cualquier mujer que decide levantar la voz y luchar por sus derechos incrementa su vulnerabilidad, pues tampoco en estos espacios se cuenta con la protección necesaria para garantizar que no serán sujetas de violaciones a su vida e integridad.

Para lo anterior, es urgente que las instancias encargadas de salvaguardar los derechos de las mujeres que deciden estar en espacios de representación política actúen con perspectiva de género y diseñen políticas, planes, directrices o los instrumentos que consideren apropiados para actuar con celeridad y sin imponer obstáculos para salvaguardar a las mujeres con indicios de riesgo en el tema. Para esto es necesaria la correcta articulación de Fiscalías Especializadas, Subsecretarías de Derechos Humanos, Comisiones y Sistemas ya existentes de atención a víctimas, para la creación de rutas de acción integrales enfocadas en los feminicidios en contextos de violencia política.

Las víctimas de los multicitados asesinatos por violencia política en razón de género no pueden ser olvidadas, sus casos deben servir de ejemplo para demostrar que lejos de las divisiones partidistas se deben se debe actuar en conjunto para exigir el goce de derechos político y civiles en condiciones libres de violencia, donde las mujeres verdaderamente puedan acceder al poder y no pierdan la vida en el intento.

 

Sobre la autora

Abogada en formación por el ITESO, con experiencia en investigación jurídica enfocada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, análisis de políticas anticorrupción y líneas efectivas de combate. Co-coordinadora de las colectivas MagistradaYA y Designaciones Jalisco. Escribe a: dbonillacastaneda@gmail.com

 

 

 

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Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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