Siapa: La pesada caridad de los garrafones

En la entrega anterior de este espacio —Un memorándum de absolución para el Siapa— advertimos que el documento presentado por el Gobierno de Jalisco no operaba como plan, sino como coartada técnica: una racionalización posterior de proyectos ya encaminados. Hoy el expediente completo obliga a mover la lupa. El problema ya no es solo que el diagnóstico haya llegado tarde; es que todo el andamiaje documental parece diseñado para convertir una crisis de servicio público en una autorización política para gastar sin corregir la falla de fondo.

Aquel primer acercamiento mostró el método: vestir de evidencia lo que ya estaba decidido. Pero al revisar el resto de los tomos del llamado Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), entregado al Congreso el 14 de julio, aparece una conclusión más grave: el perdón técnico al Siapa era apenas el prólogo. Lo que sigue es la justificación de una chequera abierta.

Frente a la crisis severa que padecen al menos 600 colonias del AMG —cuyos habitantes sufren la estafa cotidiana de recibir un líquido turbio, intermitente, maloliente y francamente inutilizable—, la respuesta estatal no fue una reestructuración de fondo, sino un despliegue de carpetas que presumen una inversión agregada de 42 mil 217.19 millones de pesos (mdp). Suena a importante, hasta que uno comete la imprudencia periodística de cruzar las fechas y leer la letra pequeña del repositorio completo, concluyendo que confunden la grandeza con lo grandote.

El documento principal asegura que “no parte de una cartera de proyectos previamente definida” y, páginas después, admite que “la cartera preliminar actualmente utilizada organiza las acciones en los cuatro ejes”. Ese “actualmente” es una rendija: deja ver que la cartera llegó primero y el relato técnico vino después. En cualquier planeación seria, el diagnóstico restringe las decisiones; aquí las decisiones restringieron el diagnóstico. Por eso el plan no selecciona proyectos: los hospeda. No evalúa alternativas: les redacta una coartada.

El punto no es negar que la ciudad necesite inversión. La necesita con urgencia. El punto es otro: cuando una administración pide miles de millones sin corregir quién decide, quién ejecuta, quién vigila y quién responde, la obra pública deja de ser solución y empieza a funcionar como blindaje presupuestal.

Para completar la racionalización, el gobierno montó una pasarela bajo el nombre de “Jornadas de Gestión Hídrica Metropolitana 2026”, celebradas en el Colegio de Ingenieros Civiles. No fue deliberación ciudadana en sentido fuerte; fue auscultación con escenografía de consenso. El Colegio —que no es el villano de esta historia— recogió opiniones, las sistematizó y las presentó como insumos para una Agenda Estratégica que, casualmente, calza con la cartera ya anunciada. El problema es elemental: escuchar no equivale a deliberar, y deliberar no equivale a decidir. Si no existe evidencia de que las mesas hayan modificado el portafolio, ni de cómo se ponderó a la población vulnerable o a los grupos expuestos, la participación funciona como barniz. La ciudadanía no decide: acompaña. Y el propio apartado 8.15 lo confiesa al titularse “Participación y acompañamiento técnico”. Se acompaña a quien ya tomó el volante; no se le controla.

La lectura del plan completo revela una tragedia conceptual mayor: el documento administra H₂O, no garantiza agua como derecho. Su “ciclo urbano integral” trata el promedio metropolitano como escudo, de modo que porcentajes altos de cobertura —ese engañoso 98%— terminan ocultando lo decisivo: calidad, continuidad, presión, asequibilidad y trato desigual entre territorios. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU, ha advertido que las cifras oficiales pueden encubrir desigualdades profundas; y Léo Heller, al cerrar su misión en México el 12 de mayo de 2017, fue todavía más directo al cuestionar la cobertura como indicador suficiente. Usar promedios homogéneos para narrar una Ciudad fracturada es una forma pulcra de borrar la realidad de quienes viven, literalmente, entre la escasez y las aguas negras.

Reducir un sistema multidimensional a litros disponibles promedio es ignorar la desigualdad que se instala dentro de la casa. En términos de Johan Galtung, ahí aparece la violencia estructural: no hablamos de un golpe visible, sino como arreglo institucional que obliga a unos a pagar más por recibir menos. La familia con agua tandeada o fuera de norma compra aljibe, bomba, garrafones y tiempo. Paga en el recibo, en la purificadora, en la pipa y en el cuerpo que los carga. Por eso el Plan no puede presumirse integral si omite una política tarifaria de largo plazo que proteja a los vulnerables y si carece de un modelo explícito de brechas.

Pretenden inyectarle más de 42 mil millones de pesos a una estructura de gobernanza de espejos, donde quien planea, valida, ejecuta, opera y evalúa pertenece a la misma cadena de mando. Lo que el AMG necesita desesperadamente no es una inmensa chequera abierta para tubos y contratistas, sino un regulador hidrosanitario autónomo con dientes, facultad sancionatoria y obligación de publicar información verificable sobre calidad, continuidad, presión, pérdidas y desempeño, distinguiendo especialmente qué colonias de qué estrato tienen qué nivel de servicio.

Sin embargo, si el despropósito de la planeación al revés y el dispendio multimillonario no fueran suficientes, la cereza del pastel ha llegado en forma de la “respuesta urgente e inmediata” del Gobierno de Jalisco ante la crisis del agua turbia: la instalación de plantas portátiles de tratamiento en las colonias afectadas. Una genialidad logística que parece omitir un pequeñísimo detalle constitucional.

El Derecho Humano al Agua, consagrado en nuestra Carta Magna (CPEUM), establece estándares de suficiencia que rondan los 100 litros por habitante al día.

Hagamos la cuenta doméstica: una familia de cuatro integrantes que requiera 400 litros diarios tendría que mover veinte garrafones de 20 litros cada día. No es una solución estructural; es la privatización muscular de una falla pública. Además de cargar el agua, habría que almacenarla, administrarla, calentarla, distribuirla y racionarla dentro de la vivienda. La escena es absurda precisamente porque desnuda el fondo del problema: el gobierno presenta como emergencia logística lo que debería resolverse como servicio continuo, seguro y domiciliario.

El Derecho Humano al Agua no se satisface con una planta en el barrio. Se cumple cuando una familia abre la llave y recibe agua suficiente, salubre, continua y asequible, sin cargar, hervir, almacenar ni rogar. Eso exige infraestructura, pero especialmente, regulación, transparencia, rendición de cuentas y una decisión política elemental: dejar de administrar la simulación. Mientras esa decisión no llegue, la planta portátil será el último acto de una obra conocida: el plan que no planea, el diagnóstico que no diagnostica, la participación que no participa y la solución que no resuelve. La función continúa, pero el público —el de las 600 colonias— ya no aplaude. Solo carga la pesada caridad de los garrafones.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.