Un apartheid de ladrillos en Tlaquepaque

En la intersección de la avenida Primavera y el límite entre Parques del Bosque y Haciendas de San José no hay un hito urbano que celebre la convivencia ni un espacio que dignifique la vida en común. Hay una barda: veinte años de ladrillos, mortero y silencio institucional, erigidos ilegalmente sobre suelo municipal, que funcionan como un tratado sociológico sin firma. Aquí termina el derecho a la ciudad y comienza el privilegio de la exclusión.

Mientras en los seminarios académicos debatimos si la canasta básica debería incluir el tiempo de selección de la comida o el valor del tiempo de quien cocina, y en los despachos se discuten modelos multidimensionales de pobreza que poco se explican y menos se aplican, en Tlaquepaque la teoría se vuelve materia. Es un muro que obliga a los vecinos del otro lado a rodearlo y a los escolares a arrastrarse por agujeros donde —por si la humillación cotidiana fuera insuficiente— algunos colocan vidrio y basura para que el tránsito sea, además, sangriento.

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Nos cuesta no admirar, con una mezcla de asombro y hastío, la eficiencia con la que el clasismo mexicano ha aprendido a pegarse con ladrillos en nuestras vidas. No tenemos un sistema formal de estratificación económica como el NSE-DANE colombiano —donde el cobro diferenciado de servicios públicos te recuerda tu lugar en la pirámide— ni las cinco clases del IBGE brasileño. En México se apostó por observar el consumo. Las agencias de medición lo han vestido con elegancia mercadotécnica: tu nivel socioeconómico no se mide por lo que eres, sino por lo que gastas. Y si lo que gastas te permite sostener una hipoteca a dos o tres décadas, entonces adquieres el derecho moral de levantar una barda: aunque sea sobre tierra pública, aunque viole la normatividad, aunque transforme un espacio común en un coto privado disfrazado de “seguridad residencial”. Y si consumes más o posees más, te hacen creer que mereces más.

La ironía es refinada, si no fuera tan profundamente deshumanizante. Se nos venden la meritocracia y el “libre mercado” como religiones cívicas incuestionables, pero la práctica cotidiana nos recuerda que su teorema fundamental es brutalmente simple: gana el más fuerte, y el más fuerte se encierra.

No se trata únicamente de una pared física; es la externalización de un miedo estructural. Miedo a descender en la escala de consumo, miedo a que “los de abajo” recuerden que el espacio público también les pertenece, miedo a que la igualdad deje de ser un eslogan de campaña para convertirse en un principio urbanístico. Por eso se normaliza el rodeo de veinte minutos, por eso se celebra la barda como “solución pragmática”, por eso la pobreza se mide como si comprar, limpiar y cocinar ocurrieran por generación espontánea, ignorando que cada minuto no remunerado es un impuesto silencioso que pagan quienes ya tienen mucha carga no reconocida.

Y aquí es donde el relato se vuelve obsceno: la complicidad política. Porque una barda ilegal en terreno municipal no sobrevive dos décadas por omisión fortuita. Sobrevive porque hubo funcionarios, regidores y alcaldes que, en lugar de garantizar el derecho a la movilidad y a la ciudad, prefirieron firmar con la mirada, con el silencio o con la complicidad activa el acta de nacimiento de un apartheid moderno. ¿Qué clase de representante del pueblo justifica que un niño tenga que arrastrarse entre escombros y cristales rotos para atravesar una barda camino a la escuela? ¿Qué lógica de gestión pública convierte la segregación espacial en política de seguridad? La respuesta es tan antigua como el clientelismo y tan moderna como la plusvalía especulativa: el clasismo, cuando se viste de “orden”, “decoro” o “protección patrimonial”, deja de ser un delito urbanístico y se convierte en un negocio electoral e inmobiliario.

En Jalisco, tierra que se jacta de su tradición cívica y su supuesto pragmatismo, la barda de Tlaquepaque es un espejo incómodo. Refleja una cultura elitista local que ha internalizado la desigualdad como paisaje natural y una clase política que ha aprendido a monetizarla. No se derriban muros con decretos cuando hay intereses sectoriales, votos segmentados y narrativas de “mérito” que culpan al pobre de su pobreza y aplauden al rico de su éxito. La barda no es un error de planeación; es un proyecto político; y los que la defienden, ya sea con discursos de seguridad ciudadana, con omisiones calculadas o con campañas de “recuperación del espacio” que sistemáticamente ignoran estos fraccionamientos, son cómplices de una arquitectura del desprecio. Convertir asuntos públicos en decisiones de interés privado no es gobernanza; es privatización encubierta de lo común.

La sociología urbana nos enseña que la segregación no se mide solo en metros de concreto, sino en oportunidades perdidas, en cohesión social fracturada y en la normalización del otro como amenaza. Externalizar los costos de la desigualdad sobre los más vulnerables no es “libre mercado”, es extractivismo social con sello institucional. Un muro que divide colonias no resuelve la inseguridad; la institucionaliza, la georreferencia y la hereda a la siguiente generación.

Tlaquepaque no necesita un manual de desalojo ni un nuevo reglamento de usos de suelo. Necesita reconocer que la barda no está solo en la avenida Primavera; está en los discursos que naturalizan el clasismo, en las métricas que reducen a las personas a cestas de consumo, en los políticos que prefieren defender en ruedas de prensa un muro de ladrillos antes que enfrentar la complejidad estructural de la pobreza.

Es hora de que políticos y autoridades comprendan que el espacio público no es una mercancía negociable. Son los muros de la ignorancia y el clasismo los que deberían caer, antes de que el peso de nuestra propia arrogancia termine por sepultar cualquier esperanza de cohesión social.

Mientras sigamos creyendo que consumir más nos hace superiores y que encerrarnos nos hace más seguros, la barda seguirá en pie. Los pequeños que se arrastran por agujeros llenos de vidrio son la puesta en escena y el recordatorio vivo de que, en México, el clasismo no es un exceso ocasional; llega a ser la regla operativa. Y mientras algunos políticos lo sigan aplaudiendo, exponiendo su propia indigencia moral, los muros del clasismo seguirán creciendo, aunque ya no quepan más ladrillos, solo más cinismo.

Derribar una barda no comienza con un bulldozer, sino con una pregunta incómoda: ¿qué espacio común hemos cedido para que políticos fragmenten nuestras colonias con trato y atención distintos? La acción no requiere heroísmo, solo memoria urbana. Exigir rendición de cuentas, participar en los procesos de desarrollo urbano, negarse a normalizar los rodeos como “precio de la seguridad” y votar por quienes entienden que lo público no se privatiza ni con ladrillos ni con discursos: son gestos cotidianos que resquebrajan el apartheid. Porque cuando el clasismo se vuelve política de Estado, la resistencia también debe volverse práctica ciudadana.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.