En la intersección de la avenida Primavera y el límite entre Parques del Bosque y Haciendas de San José no hay un hito urbano que celebre la convivencia ni un espacio que dignifique la vida en común. Hay una barda: veinte años de ladrillos, mortero y silencio institucional, erigidos ilegalmente sobre suelo municipal, que funcionan como un tratado sociológico sin firma. Aquí termina el derecho a la ciudad y comienza el privilegio de la exclusión.

Mientras en los seminarios académicos debatimos si la canasta básica debería incluir el tiempo de selección de la comida o el valor del tiempo de quien cocina, y en los despachos se discuten modelos multidimensionales de pobreza que poco se explican y menos se aplican, en Tlaquepaque la teoría se vuelve materia. Es un muro que obliga a los vecinos del otro lado a rodearlo y a los escolares a arrastrarse por agujeros donde —por si la humillación cotidiana fuera insuficiente— algunos colocan vidrio y basura para que el tránsito sea, además, sangriento.

Nos cuesta no admirar, con una mezcla de asombro y hastío, la eficiencia con la que el clasismo mexicano ha aprendido a pegarse con ladrillos en nuestras vidas. No tenemos un sistema formal de estratificación económica como el NSE-DANE colombiano —donde el cobro diferenciado de servicios públicos te recuerda tu lugar en la pirámide— ni las cinco clases del IBGE brasileño. En México se apostó por observar el consumo. Las agencias de medición lo han vestido con elegancia mercadotécnica: tu nivel socioeconómico no se mide por lo que eres, sino por lo que gastas. Y si lo que gastas te permite sostener una hipoteca a dos o tres décadas, entonces adquieres el derecho moral de levantar una barda: aunque sea sobre tierra pública, aunque viole la normatividad, aunque transforme un espacio común en un coto privado disfrazado de “seguridad residencial”. Y si consumes más o posees más, te hacen creer que mereces más.

La ironía es refinada, si no fuera tan profundamente deshumanizante. Se nos venden la meritocracia y el “libre mercado” como religiones cívicas incuestionables, pero la práctica cotidiana nos recuerda que su teorema fundamental es brutalmente simple: gana el más fuerte, y el más fuerte se encierra.

No se trata únicamente de una pared física; es la externalización de un miedo estructural. Miedo a descender en la escala de consumo, miedo a que “los de abajo” recuerden que el espacio público también les pertenece, miedo a que la igualdad deje de ser un eslogan de campaña para convertirse en un principio urbanístico. Por eso se normaliza el rodeo de veinte minutos, por eso se celebra la barda como “solución pragmática”, por eso la pobreza se mide como si comprar, limpiar y cocinar ocurrieran por generación espontánea, ignorando que cada minuto no remunerado es un impuesto silencioso que pagan quienes ya tienen mucha carga no reconocida.

Y aquí es donde el relato se vuelve obsceno: la complicidad política. Porque una barda ilegal en terreno municipal no sobrevive dos décadas por omisión fortuita. Sobrevive porque hubo funcionarios, regidores y alcaldes que, en lugar de garantizar el derecho a la movilidad y a la ciudad, prefirieron firmar con la mirada, con el silencio o con la complicidad activa el acta de nacimiento de un apartheid moderno. ¿Qué clase de representante del pueblo justifica que un niño tenga que arrastrarse entre escombros y cristales rotos para atravesar una barda camino a la escuela? ¿Qué lógica de gestión pública convierte la segregación espacial en política de seguridad? La respuesta es tan antigua como el clientelismo y tan moderna como la plusvalía especulativa: el clasismo, cuando se viste de “orden”, “decoro” o “protección patrimonial”, deja de ser un delito urbanístico y se convierte en un negocio electoral e inmobiliario.

En Jalisco, tierra que se jacta de su tradición cívica y su supuesto pragmatismo, la barda de Tlaquepaque es un espejo incómodo. Refleja una cultura elitista local que ha internalizado la desigualdad como paisaje natural y una clase política que ha aprendido a monetizarla. No se derriban muros con decretos cuando hay intereses sectoriales, votos segmentados y narrativas de “mérito” que culpan al pobre de su pobreza y aplauden al rico de su éxito. La barda no es un error de planeación; es un proyecto político; y los que la defienden, ya sea con discursos de seguridad ciudadana, con omisiones calculadas o con campañas de “recuperación del espacio” que sistemáticamente ignoran estos fraccionamientos, son cómplices de una arquitectura del desprecio. Convertir asuntos públicos en decisiones de interés privado no es gobernanza; es privatización encubierta de lo común.

La sociología urbana nos enseña que la segregación no se mide solo en metros de concreto, sino en oportunidades perdidas, en cohesión social fracturada y en la normalización del otro como amenaza. Externalizar los costos de la desigualdad sobre los más vulnerables no es “libre mercado”, es extractivismo social con sello institucional. Un muro que divide colonias no resuelve la inseguridad; la institucionaliza, la georreferencia y la hereda a la siguiente generación.

Tlaquepaque no necesita un manual de desalojo ni un nuevo reglamento de usos de suelo. Necesita reconocer que la barda no está solo en la avenida Primavera; está en los discursos que naturalizan el clasismo, en las métricas que reducen a las personas a cestas de consumo, en los políticos que prefieren defender en ruedas de prensa un muro de ladrillos antes que enfrentar la complejidad estructural de la pobreza.

Es hora de que políticos y autoridades comprendan que el espacio público no es una mercancía negociable. Son los muros de la ignorancia y el clasismo los que deberían caer, antes de que el peso de nuestra propia arrogancia termine por sepultar cualquier esperanza de cohesión social.

Mientras sigamos creyendo que consumir más nos hace superiores y que encerrarnos nos hace más seguros, la barda seguirá en pie. Los pequeños que se arrastran por agujeros llenos de vidrio son la puesta en escena y el recordatorio vivo de que, en México, el clasismo no es un exceso ocasional; llega a ser la regla operativa. Y mientras algunos políticos lo sigan aplaudiendo, exponiendo su propia indigencia moral, los muros del clasismo seguirán creciendo, aunque ya no quepan más ladrillos, solo más cinismo.

Derribar una barda no comienza con un bulldozer, sino con una pregunta incómoda: ¿qué espacio común hemos cedido para que políticos fragmenten nuestras colonias con trato y atención distintos? La acción no requiere heroísmo, solo memoria urbana. Exigir rendición de cuentas, participar en los procesos de desarrollo urbano, negarse a normalizar los rodeos como “precio de la seguridad” y votar por quienes entienden que lo público no se privatiza ni con ladrillos ni con discursos: son gestos cotidianos que resquebrajan el apartheid. Porque cuando el clasismo se vuelve política de Estado, la resistencia también debe volverse práctica ciudadana.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

Era un miércoles de semana de Pascua de 1992; en sus finales del mes de abril; estaba de vacaciones en la escuela y a punto de celebrar mis 25 primaveras, yo solo era un estudiante de ingeniería civil y plomero que estaba preocupado por el mole, las cervezas y el olor a gasolina que hacía dos semanas antes habíamos percibido y reportado a los bomberos de Guadalajara. Un vapor que salía por la alcantarilla de la regadera con el que te ardían los ojos. Era la calle de Gante, en Analco, ese barrio de clase baja cercano a la central camionera, el cóctel de aromas a grasa, diésel y gasolina, los talleres mecánicos, el sudor de la clase baja y las viviendas multifamiliares eran parte del paisaje urbano; una zona entonces conocida como “Sector Reforma” donde décadas atrás se decidió también construir el “colector intermedio oriente” para recibir y conducir las aguas pluviales de la zona hacia la parte más baja de la ciudad: el Río San Juan de Dios, convirtiendo su cauce en drenaje y en avenida su superficie: la Calzada Independencia.

Cerca de las 10 de la mañana había cruzado la calle para ir a la tienda de abarrotes de Don Benja para comprar lo necesario del desayuno. Común en mi madre, estaba buscando el monedero extraviado, y usual también de ella, algo había hecho falta que me haría acudir por segunda vez a la tienda; recorría las diversas ubicaciones donde podía encontrar el monedero cuando de pronto, un ruido ensordecedor sacudió la casa, rompió algunos vidrios y me hizo “conectar” mentalmente el hedor a gasolina de días con esas explosiones que se siguieron una tras otra por varios y eternos segundos, oscureciendo la calle cual si fuera de noche por el polvo que se levantó en una gran nube.

En casa estábamos mi madre, mis dos hermanas y yo. La abracé y la moví a una esquina; les grité a ellas que hicieran lo mismo, que se cubrieran la cabeza y se pegaran a un rincón. No sabíamos hasta dónde iba a resistir la casa con nosotros adentro. Cesó el ruido; “espérenme aquí”, les dije. Me dirigí a averiguar lo que pasaba; con trabajos pude abrir la puerta y salí a la calle. La imagen era de terror; parecía que hubieran bombardeado la calle. No había pavimento, ni banquetas, ni postes, ni muchas de las casas; naturalmente las de adobe se cayeron todas.

Entre polvo y caos, solo escuchaba gritos de lamentos, peticiones de ayuda para encontrar familiares, o lo que quedara de ellos; nunca había visto secciones de cuerpos con tanta crudeza ni tan cerca. Las personas, quienes menos les importamos a los bomberos hasta unos minutos antes, eran nuestra prioridad.

Regresé a casa corriendo y, para que mi madre no viera lo sucedido, les pedí que salieran por el andador de la parte trasera y se fueran a casa de mi abuela, a San Pedro Tlaquepaque. Yo me regresé a ayudar en el rescate de personas atrapadas por los escombros.

Los vecinos hicimos lo que pudimos; la autoridad hizo lo que sabía hacer mejor… Priorizar la imagen política a la supervivencia: mandó traer la maquinaria de la construcción de Línea 2 del tren ligero, para remover los escombros y tratar de “tapar” la magnitud de la tragedia. Nos vimos forzados a rodear las máquinas para evitar que continuaran, denunciando ante los medios, mientras terminábamos de encontrar personas entre los escombros.

Treinta y cuatro años después, con la experiencia a cuestas y la piel engrosada por la gestión pública, insisto que aquello no fue un accidente. Fue una coreografía de negligencia criminal ejecutada en tres actos infames: El primer acto fue el desprecio técnico: verter gasolina al drenaje urbano. Alguna mente brillante en las instituciones de la época decidió que el colector pluvial era el lugar ideal para que PEMEX depositara su irresponsabilidad líquida. Trataron nuestro hogar como una extensión de sus ductos defectuosos, convirtiendo el subsuelo de Gante en una bomba de tiempo con cronómetro de impunidad.

El segundo acto tiene nombre y apellido: J. Trinidad López Rivas. El entonces (ir)responsable de los Bomberos de Guadalajara, cuya autoridad solo sirvió para validar el silencio. Mientras los explosímetros marcaban un 100% de riesgo —un nivel donde el aire ya no es aire, sino combustible—, la orden fue la calma. “No pasa nada, no molesten”, decían, mientras nosotros seguíamos en casa con nuestras vidas. No nos evacuaron porque, para el poder, la vida en el Sector Reforma siempre había sido moneda de cambio barata. La explosión no solo levantó el pavimento; levantó la máscara de un Estado que sopesa más ver cadáveres entre escombros de adobe que admitir un error operativo.

El tercer acto fue la post-tragedia: el desdén burocrático. A los sobrevivientes, a los que perdimos negocios, casas o extremidades, se nos atendió con la lentitud gélida de quien se siente intocable. La corrupción floreció entre las ruinas, y la empatía fue reemplazada por expedientes que se empolvaban en los sótanos del ayuntamiento. Hubo de todo, desde inscritos fantasma que no eran lesionados hasta negocios inexistentes que fueron indemnizados.

Pero la historia no pocas veces parece cruel, especialmente si la ignoramos.

A más de tres décadas, nuestra Guadalajara sigue palpitando bajo el concreto, recordándonos que el olvido es el último acto de la negligencia criminal que comenzó mucho antes de que el suelo se fracturara, y del que no debemos ser parte. Recordar el 22 de abril es rescatar del polvo las voces de quienes fueron silenciados por un Estado al que le cedimos un cheque en blanco. En un acto de profunda justicia, nos corresponde mirar a través de los ojos de quienes hoy no pueden defenderse —aquellos que perdieron la vida y cuyos cuerpos fueron marcados con números negros en el pecho y llevados al Code, convertido en morgue improvisada; o a esos cuyas historias quedaron sepultadas bajo la prisa de la maquinaria que buscaba limpiar la imagen pública antes que encontrar sobrevivientes—, abrazando su dolor desde una empatía que se niegue a aceptar el silencio como destino final. La historia de esta catástrofe nos obliga a mantener la mirada firme: a la autoridad no se le aplaude, se le vigila, para que nunca más el aroma a negligencia vuelva a ser el preludio de una tragedia «evitable» que nos arrebate la vida.

Sobre el autor 

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.