Siapa: juez, verdugo y salvador de sí mismo

En la anatomía del político mexicano, la euforia por la obra pública se reduce a dos instantes fotográficos: la colocación de la primera piedra y el corte de listón.

Operar y mantener —la verdadera vida útil de la infraestructura— ni genera votos, ni se presupuesta, ni se presume. Nadie sale sonriendo en la portada del periódico junto a un colector sanitario rehabilitado. Así, nuestra infraestructura subterránea nace condenada a pudrirse hasta que, puntual como los tiempos electorales, un candidato se enfunda en la capa de salvador y promete “rescatar” lo que su propia clase política dejó morir; al igual que sucede con mercados, calles, alumbrado, parques… o lo que se le ocurra.

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Despreciar el mantenimiento es primo hermano del gasto discrecional: primero el circo de la inauguración; después, el abandono. Y en México, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es, acaso, el ejemplar más acabado de esta perniciosa costumbre.

Empecemos por el síntoma más grave de un organismo operador fallido: el Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (Siapa) no conoce las entrañas de su propia red.

Recientemente, a pregunta expresa en televisión, el propio director reconoció que hay tramos operando desde 1907 —una red de más de un siglo—; mientras que la planta potabilizadora de Miravalle, responsable de abastecer a cerca del 60 por ciento de la metrópoli, ronda las siete décadas de fatiga. Al ser subterránea, la red colapsada solo nos avisa de su defunción cuando se asoma violentamente en forma de megafugas, socavones traga-autos o pavimentos reventados.

Sin embargo, en un acto de cinismo burocrático, el Siapa asegura contar con “un diagnóstico perfecto”. Nos presumen un mapa supuestamente impecable de una red centenaria que, en la realidad, entrega agua chocolatosa, acumula decenas de miles de reportes anuales y deja fugar cerca de la mitad del volumen que inyecta al sistema.

Sobre ese abandono subterráneo se levantó otra ciudad: la de las azoteas. Hay un objeto que corona el horizonte tapatío y que ningún visitante europeo, japonés o colombiano reconocería en sus urbes: el tinaco.

Para cualquier evaluador de sistemas hidrosanitarios, el número de tinacos por predio es un indicador ineludible de fracaso institucional: a más tinacos, más desconfianza; a más desconfianza, peor organismo operador. No es una mera corazonada urbana. El INEGI contabiliza el tinaco con el mismo rigor con el que cuenta automóviles o refrigeradores. Los datos incómodos exhiben la geografía de la ineficiencia:

Donde el agua es continua y confiable, el almacenamiento sobra: en Nuevo León, apenas el 14% de las viviendas tenía tinaco en 2020.

Donde el tandeo y la incertidumbre son ley, se vuelve un impuesto obligatorio: en Jalisco lo carga el 77% de los hogares, más de 5 veces por encima que en esa entidad norteña.

Cada azotea tapatía es un acta notarial que certifica la desconfianza en el Estado. Por supuesto, esta privatización de la infraestructura no es gratis. Comprar aljibe, bomba, cableado, flotador, pagar la energía eléctrica y el mantenimiento, encarece una vivienda de por sí inalcanzable. Es infraestructura individual que cada familia financia para suplir lo que el servicio público dejó de garantizar.

Frente a la crisis del agua turbia, ¿cuál ha sido la gran “solución” de la autoridad? Repartir tinacos. El municipio de Guadalajara ha entregado más de 16 mil de estos “apoyos” (incluyendo filtros y pastillas de cloro), en un programa al que el gobierno estatal se sumó con entusiasmo presupuestal.

Inicialmente suena a política pública solidaria hasta que topamos con la ciencia hidrosanitaria: el agua almacenada se pudre en la azotea o en el subsuelo.

La calidad que exige la norma oficial (NOM-127-SSA1-2021) depende tanto de la presión como de un nivel de cloro residual que se disipan rápidamente en el almacenamiento tibio y expuesto al sol. Si el agua, en el raro caso, llegó cumpliendo la norma, al reposar en el tinaco pierde esa garantía sanitaria; y una pastilla efervescente no suple un proceso de potabilización controlada. Regalar tinacos no restituye un derecho humano: administra el síntoma y le traslada la carga —y la culpa— al usuario.

De aquí se desprende una aritmética perversa y altamente regresiva que castiga, como suele pasar con los errores públicos, a los más pobres:

1. Primera factura: El recibo del Siapa por una supuesta “agua potable” que ensucia la ropa o expone a enfermedades.
2. Segunda factura: La compra de agua embotellada para beber sin enfermarse.
3. Tercera factura: El pago de agua en pipas privadas cuando la red pública se seca o el agua parece tejuino y es un caldo de coliformes con otros contaminantes.

El negocio de la sed es descomunal. México es el mayor consumidor per cápita de agua embotellada del planeta, dominado por tres transnacionales que concentran el 80% del mercado. Venden por cientos de veces su valor lo que debería salir del grifo. Según Conagua, producir un litro de agua doméstica cuesta 2 centavos; el agua embotellada nos cuesta entre 7.50 y 8.25 pesos. Como siempre, la disfunción institucional se estratifica: son las familias de menores ingresos las que destinan la mayor proporción de su salario para poder beber sin miedo.

Nada retrata mejor la rendición del Siapa que su fobia a la medición. En gestión de servicios, la regla es de bronce: quien no mide, ni sabe ni cobra lo justo; puede que al organismo le resulte menos comprometedor sacarle la vuelta a la medición seria del desempeño y los resultados, aun si eso implica sacrificar la certeza sobre el único producto que distribuye y cobra por él.

Para diciembre de 2024, la micromedición en la metrópoli cayó al 84.9%, su peor nivel en un lustro. Y no hay que especular: en cadena nacional, el propio director del organismo, Ismael Jáuregui Castañeda, admitió sin empacho que sus medidores “no sirven en absoluto” y que lo facturado es una ficción frente al consumo real.

Atrás quedaron las promesas vacías de eliminar la cuota fija (2016) o instalar cientos de miles de medidores nuevos. Mientras la cartera vencida supera los 20 mil 500 millones de pesos (mdp) y se vuelve incobrable, el organismo prefiere subcontratar despachos de cobranza. Medir obliga a la eficiencia; a quien no quiere rendir cuentas, la ceguera le resulta comodísima.

Con este abultado expediente de negligencia, la cúpula del agua en Jalisco se sentó recientemente en una mesa televisiva para diagnosticar su propia obra. Frente a las cámaras, llamaron al plan emergente (tinacos y pipas) “una aspirina” para un cáncer que, admitieron, lleva 40 años creciendo. Jáuregui Castañeda coronó el momento declarando: “No queremos aspirinas… queremos resolver el cáncer”.

No se dio cuenta de que estaba describiendo la farsa de su propio oficio: el enfermo terminal que se diagnostica a sí mismo el tumor y procede a recetarse la aspirina.
Negaron la alerta sanitaria (pese a que la Secretaría de Salud de la entidad recomienda no cocinar, beber ni lavarse los dientes con agua de la llave) y, al ser cuestionados sobre quién debe pagar la sustitución de las redes podridas, inició el baile de los deslindes. El Siapa, que cobra el recibo, señaló a los municipios como los responsables constitucionales de la infraestructura. Es la perfecta aplicación de la ley de Herodes: el cura que cobra por los santos óleos y luego le avienta el difunto al alcalde: “Es problema del municipio”. El organismo obsequia el tinaco, parcha el tubo, y deja el cadáver del servicio insepulto en el escritorio de los ediles.
Conviene recordar quién nos habla. El Siapa no es un ente abstracto; está bajo el control operativo del gobierno estatal desde 2014. Son los administradores de cabecera. Cuando la presión social estalló, simplemente destituyeron al antiguo director para nombrar a un perfil incondicional del Gobernador Pablo Lemus. Se cambió la bata del médico, pero se mantuvieron intactos el tratamiento y la receta.

Resulta de un cinismo antológico que quienes dejaron pudrir el servicio público durante una década hoy nos pidan confianza y aseguren tener la cura. ¿Le encargaríamos la salud a quien fue cómplice activo de la enfermedad

¿Aceptaríamos que el responsable del desfalco firme su propia auditoría de absolución? Un organismo no puede ni debe ser, simultáneamente, juez, verdugo y salvador de su propio desastre.

Los tinacos seguirán brillando bajo el sol tapatío como recordatorios de polietileno de que la confianza ciudadana no se decreta, se construye con presión en la llave, continuidad y agua cristalina. Dado que el Siapa está incapacitado para ser su propio médico, la pregunta obligada es: ¿de quién debe ser la receta? ¿Cómo rediseñamos estructuralmente a los organismos operadores para que quienes hoy vivimos deshojando la margarita no dependamos de la buena —o mala— voluntad del político en turno, sino de reglas capaces de garantizar un buen servicio y agua realmente potable?

De eso —de las reglas, los contrapesos y el árbitro independiente que hoy no existen— nos ocuparemos en la próxima entrega.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.