El costo político de Mirador de San Isidro

A partir del anuncio de un programa estatal llamado Legado Jalisco, operado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), que consiste en construir vivienda para policías estatales y contempla torres con 200 departamentos en un predio de 12 mil 832 metros cuadrados sobre avenida Valle de San Isidro, en el municipio de Zapopan, se detonó un conflicto vecinal en esa zona.

Los vecinos denuncian, en concreto, que el predio estaba destinado desde hace 30 años a áreas verdes y equipamiento escolar, y que las autoridades cambiaron el uso de suelo de baja densidad a multifamiliar sin consultarlos; además, mencionan que se enteraron por volantes repartidos casa por casa, sin proceso previo de información comunitaria, pese a que en consultas vecinales anteriores ya habían propuesto un parque y una ludoteca para ese terreno. Asimismo, aluden a que en la socialización del proyecto les hablaron de un parque lineal para conseguir firmas, omitiendo que también se construirían 200 departamentos.

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El 30 de julio, un contingente de más de 100 elementos antimotines ingresó de madrugada al predio para retirar carpas y pertenencias del campamento. Tras eso, el colectivo anunció acciones legales contra el desarrollo y denunció represión y brutalidad institucional durante el desalojo. Al 4 de agosto, los vecinos seguían en manifestación pacífica sobre el camellón, sin que el Ayuntamiento fijara fecha para una mesa de trabajo formal, mientras denunciaban trabajos de limpieza en el predio. Autoridades sostienen que el proyecto fue socializado desde hace dos semanas y que no hay fecha confirmada para el inicio de obras.

De acuerdo con residentes de la zona, el predio funciona como zona de recarga natural de agua y como corredor de fauna, cauce pluvial y área de absorción, y por lo tanto cuestionan la compensación ambiental ofrecida por el Ijalvi, que promete 40 por ciento del terreno como área verde, pero según los vecinos eso corresponde en realidad a una franja federal de apenas 10 metros junto al canal que la constructora no puede tocar.

Con base en lo anterior, habitantes involucrados señalan que la construcción anunciada generaría una densificación abrupta (entre mil y mil 500 habitantes nuevos, según estimaciones discutidas por los propios vecinos) sobre infraestructura de agua, drenaje pluvial y vialidad no dimensionada para ese crecimiento, en una zona donde colonias vecinas como Real del Bosque, Villas del Mirador, Altavista, El Centinela y Cañadas también han expresado preocupación por el crecimiento urbano y la capacidad de la infraestructura existente.

Este conflicto está lejos de ser un caso aislado. Un análisis de riesgos de gobernabilidad de principios de 2026, publicado en este mismo espacio, ya identificaba el patrón de conflictos vecinales contra grandes proyectos de infraestructura como reflejo de una tensión constante, con manifestantes que acusan al gobierno de Jalisco de ser cómplice de las élites económicas y señalamientos hacia el desarrollo inmobiliario que no resuelve la crisis de vivienda como parte del problema. En ese mismo texto se advertía que este tipo de demandas socava la legitimidad del modelo de desarrollo estatal y es más difícil de contener que un conflicto tradicional.

En el caso del fraccionamiento Mirador de San Isidro se detectan tres focos rojos institucionales:

Fractura de la ruta legislativa-vecinal. Los residentes documentaron públicamente su reclamo, colocaron en el campamento los nombres de las diputadas y diputados que votaron a favor de la donación del predio en el Congreso del Estado, personalizando la responsabilidad política del hecho.

Parálisis del cabildo municipal. En Zapopan, tanto la oposición como el oficialismo evitaron debatir el desalojo en sesión de Cabildo, mientras el PRI pedía la intervención de la autoridad municipal, lo que evidencia que ni el gobierno estatal (Ijalvi, MC) ni la oposición local quieren capitalizar o resolver el tema abiertamente.

Uso de la fuerza pública en un conflicto social no violento, que abre el flanco de los derechos humanos y puede escalar el costo político si se repite en otros predios del Legado Jalisco, ya que el programa contempla más desarrollos similares en distintos municipios.

Con estas tres aristas, cabe preguntarse: ¿qué implicaciones podría tener este conflicto en la contienda electoral del próximo año? El calendario es clave. En Jalisco se elegirán 20 diputaciones federales, 20 diputaciones locales y 125 ayuntamientos; la ventana de definición de candidaturas se abre en los próximos meses, justo cuando este conflicto se sitúe en su punto más alto.

El contexto de fondo no favorece a Movimiento Ciudadano, partido gobernante en el estado. De acuerdo con datos electorales, en la elección federal de 2024, MC ganó sólo un distrito de los 20 en disputa en Jalisco, no ganó ningún distrito en la Zona Metropolitana de Guadalajara (que concentra el 60 por ciento del electorado), retrocedió de 16 a 4 diputaciones locales de mayoría relativa y pasó de 44 a 36 alcaldías respecto a 2021. Ese desgaste ya documentado hace que un conflicto como el de San Isidro (vivienda, uso de suelo, agua, represión policial contra vecinos de clase media en Zapopan, bastión histórico de MC) tenga una capacidad de daño reputacional desproporcionada a su tamaño, porque toca simultáneamente tres fibras sensibles: agua, autoritarismo/uso de la fuerza y opacidad legislativa.

Al respecto se vislumbran por lo menos cuatro escenarios a partir de un análisis prospectivo:

Escenario A. Contención institucional (probabilidad media-alta si el gobierno actúa pronto).

El gobierno estatal instala la mesa técnica pendiente, ofrece una revisión del proyecto (reducción de torres, rediseño de áreas verdes reales, estudio hidrológico independiente) y evita nuevos desalojos. El conflicto se desactiva como tema de la agenda estatal, pero deja un precedente de desconfianza que puede reactivarse si otros predios del Legado Jalisco replican el mismo patrón de socialización deficiente.

Escenario B. Escalamiento judicial-mediático (probabilidad media).

Las acciones legales anunciadas por el colectivo de vecinos avanzan, se suman organizaciones de derechos humanos por el uso de antimotines y el caso se convierte en referente de campaña para la oposición (PRI, PAN, Morena) en los distritos del norte de Zapopan, usado como evidencia de un posible desarrollo inmobiliario sin consulta y de actos de autoridad del gobierno local sin socialización. Esto erosiona votos de MC en un municipio donde ya venía perdiendo terreno.

Escenario C. Efecto contagio a otras colonias (probabilidad media, condicionado a que Legado Jalisco continúe con la misma lógica de operación).

Colonias vecinas que ya expresaron preocupación (Real del Bosque, Villas del Mirador, El Centinela, Cañadas) y otros municipios con predios similares del programa replican el modelo de plantón y mesa técnica exigida, generando una red de resistencia vecinal metropolitana que se articula antes del arranque del proceso electoral, dando visibilidad y capital organizativo a candidaturas de oposición o independientes en 2027.

Escenario D. Judicialización lenta sin resolución antes de la elección (probabilidad alta si no hay voluntad política de negociar).

El amparo o recurso legal avanza con lentitud típica del sistema, la obra queda detenida de facto por el litigio, no hay acuerdo político y el tema permanece “en la congeladora” como agravio simbólico durante toda la campaña de 2027 sin resolverse, lo que representa el escenario de mayor desgaste acumulado porque ninguna autoridad (estatal, municipal, Congreso) asume el costo político de resolverlo antes de la jornada electoral.

El factor que más pesa para inclinar la balanza entre estos escenarios es si el Gobierno del Estado de Jalisco decide abrir la mesa técnica que los vecinos llevan pidiendo desde julio, o si mantiene la estrategia de desgaste por vía judicial y policial que ha usado hasta ahora. No se debe ignorar que el 5 de agosto algunos coordinadores de bancadas de oposición acudieron a la zona del conflicto y pactaron intervenir a favor de los manifestantes. Desde el Congreso, los legisladores de oposición valoran impulsar el cambio de predio para que el Ijalvi construya en otro terreno sin conflicto vecinal y están considerando llamar a comparecer a su director, Guillermo Medrano, y a mandos de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad por presunto uso excesivo de la fuerza en el desalojo.

El dato técnico más relevante al momento de redactar este artículo es que una diputada que votó a favor de donar el predio sostiene ahora que el Congreso no autorizó la construcción, sino únicamente la donación de dos inmuebles estatales al Ijalvi; precisó que ese voto legislativo no equivale a licencia de construcción, cambio de uso de suelo, dictamen ambiental, certificación de agua o drenaje, permiso de retiro de arbolado ni estudios de movilidad, riesgo, protección civil o mecánica de suelos. Esto abre un flanco jurídico serio: si la obra avanza sin esos permisos específicos, el proyecto podría carecer de sustento administrativo completo, más allá de la voluntad política.

Hasta el momento, la postura oficial del gobierno estatal es de defensa al proyecto con base en dos argumentos técnicos: a) que cuenta con uso de suelo habitacional y b) que la Secretaría de Educación determinó que existe suficiencia de espacios escolares en la zona como respuesta directa al reclamo vecinal de que el predio estaba pensado para equipamiento educativo. También justifica el programa en clave social: según un censo citado por el gobierno estatal, siete de cada diez elementos de seguridad no poseen vivienda propia. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que el desalojo debió resolverse con diálogo y respaldó la vivienda para policías, aunque el gobierno zapopano se ha negado a dar ese paso desde hace semanas; es decir, el municipio se desmarca discursivamente del operativo sin comprometerse a intervenir.

En términos de gobernabilidad, el conflicto pasó de ser un asunto vecinal-municipal a un asunto de rendición de cuentas legislativa estatal, con una posible comparecencia de funcionarios de seguridad y vivienda. Eso es una escalada institucional real porque convierte el caso en un precedente sobre el uso de la fuerza pública contra protesta social pacífica, justo el tipo de tema que un análisis de riesgo de gobernabilidad identifica como corrosivo para la legitimidad del modelo de desarrollo del estado.

La intervención pública y coordinada de partidos opositores, no sólo a partir de declaraciones aisladas, sugiere que la oposición ya identificó el caso como bandera política utilizable en la antesala del proceso electoral. El argumento de la diputada de Futuro sobre los límites del voto legislativo le da, además, un arma jurídica y no sólo retórica.

Lo ocurrido esta semana acerca el caso al escenario de la judicialización lenta, sin resolución antes de la elección, combinado con el escenario de “contagio”, ya que la disputa legislativa involucra un segundo predio en Tonalá bajo el mismo programa. El gobierno estatal, hasta el momento en que se escriben estas líneas, seguía sin instalar la mesa de diálogo formal que exigen tanto vecinos como legisladores de oposición desde julio.

La forma en que el gobierno gestione este conflicto será determinante para la confianza pública, la estabilidad territorial y la agenda electoral metropolitana. El conflicto ya no se puede administrar como una protesta vecinal contra una obra porque ya se está convirtiendo en un reto de gobernabilidad para el gobierno estatal y para Zapopan. El meollo del asunto es cómo se toma una decisión pública que afecta territorio, agua, infraestructura, seguridad, medio ambiente y calidad de vida, cuando una comunidad organizada considera que no fue escuchada.

El mayor riesgo para el gobierno es perder la narrativa. Si los vecinos consiguen posicionar el conflicto como un caso multifactorial en donde coinciden agua, medio ambiente, falta de diálogo, uso de la fuerza y desarrollo inmobiliario, el caso puede convertirse en un arquetipo a escala de los problemas metropolitanos de Jalisco.

En cambio, si el gobierno logra demostrar documentalmente que el proyecto en el predio es jurídicamente válido, que los estudios hidrológicos y ambientales son sólidos, que la infraestructura tiene capacidad suficiente y que existen mecanismos de mitigación, entonces la narrativa puede cambiar radicalmente: de una supuesta imposición a una política legítima de vivienda para policías. Por eso, la próxima batalla será documental, jurídica y comunicacional. El punto de inflexión será el amparo anunciado esta semana y la respuesta que dé el gobierno a la exigencia de entregar y explicar públicamente los estudios técnicos.