En la entrega anterior de este espacio —Un memorándum de absolución para el Siapa— advertimos que el documento presentado por el Gobierno de Jalisco no operaba como plan, sino como coartada técnica: una racionalización posterior de proyectos ya encaminados. Hoy el expediente completo obliga a mover la lupa. El problema ya no es solo que el diagnóstico haya llegado tarde; es que todo el andamiaje documental parece diseñado para convertir una crisis de servicio público en una autorización política para gastar sin corregir la falla de fondo.

Aquel primer acercamiento mostró el método: vestir de evidencia lo que ya estaba decidido. Pero al revisar el resto de los tomos del llamado Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), entregado al Congreso el 14 de julio, aparece una conclusión más grave: el perdón técnico al Siapa era apenas el prólogo. Lo que sigue es la justificación de una chequera abierta.

Frente a la crisis severa que padecen al menos 600 colonias del AMG —cuyos habitantes sufren la estafa cotidiana de recibir un líquido turbio, intermitente, maloliente y francamente inutilizable—, la respuesta estatal no fue una reestructuración de fondo, sino un despliegue de carpetas que presumen una inversión agregada de 42 mil 217.19 millones de pesos (mdp). Suena a importante, hasta que uno comete la imprudencia periodística de cruzar las fechas y leer la letra pequeña del repositorio completo, concluyendo que confunden la grandeza con lo grandote.

El documento principal asegura que “no parte de una cartera de proyectos previamente definida” y, páginas después, admite que “la cartera preliminar actualmente utilizada organiza las acciones en los cuatro ejes”. Ese “actualmente” es una rendija: deja ver que la cartera llegó primero y el relato técnico vino después. En cualquier planeación seria, el diagnóstico restringe las decisiones; aquí las decisiones restringieron el diagnóstico. Por eso el plan no selecciona proyectos: los hospeda. No evalúa alternativas: les redacta una coartada.

El punto no es negar que la ciudad necesite inversión. La necesita con urgencia. El punto es otro: cuando una administración pide miles de millones sin corregir quién decide, quién ejecuta, quién vigila y quién responde, la obra pública deja de ser solución y empieza a funcionar como blindaje presupuestal.

Para completar la racionalización, el gobierno montó una pasarela bajo el nombre de “Jornadas de Gestión Hídrica Metropolitana 2026”, celebradas en el Colegio de Ingenieros Civiles. No fue deliberación ciudadana en sentido fuerte; fue auscultación con escenografía de consenso. El Colegio —que no es el villano de esta historia— recogió opiniones, las sistematizó y las presentó como insumos para una Agenda Estratégica que, casualmente, calza con la cartera ya anunciada. El problema es elemental: escuchar no equivale a deliberar, y deliberar no equivale a decidir. Si no existe evidencia de que las mesas hayan modificado el portafolio, ni de cómo se ponderó a la población vulnerable o a los grupos expuestos, la participación funciona como barniz. La ciudadanía no decide: acompaña. Y el propio apartado 8.15 lo confiesa al titularse “Participación y acompañamiento técnico”. Se acompaña a quien ya tomó el volante; no se le controla.

La lectura del plan completo revela una tragedia conceptual mayor: el documento administra H₂O, no garantiza agua como derecho. Su “ciclo urbano integral” trata el promedio metropolitano como escudo, de modo que porcentajes altos de cobertura —ese engañoso 98%— terminan ocultando lo decisivo: calidad, continuidad, presión, asequibilidad y trato desigual entre territorios. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU, ha advertido que las cifras oficiales pueden encubrir desigualdades profundas; y Léo Heller, al cerrar su misión en México el 12 de mayo de 2017, fue todavía más directo al cuestionar la cobertura como indicador suficiente. Usar promedios homogéneos para narrar una Ciudad fracturada es una forma pulcra de borrar la realidad de quienes viven, literalmente, entre la escasez y las aguas negras.

Reducir un sistema multidimensional a litros disponibles promedio es ignorar la desigualdad que se instala dentro de la casa. En términos de Johan Galtung, ahí aparece la violencia estructural: no hablamos de un golpe visible, sino como arreglo institucional que obliga a unos a pagar más por recibir menos. La familia con agua tandeada o fuera de norma compra aljibe, bomba, garrafones y tiempo. Paga en el recibo, en la purificadora, en la pipa y en el cuerpo que los carga. Por eso el Plan no puede presumirse integral si omite una política tarifaria de largo plazo que proteja a los vulnerables y si carece de un modelo explícito de brechas.

Pretenden inyectarle más de 42 mil millones de pesos a una estructura de gobernanza de espejos, donde quien planea, valida, ejecuta, opera y evalúa pertenece a la misma cadena de mando. Lo que el AMG necesita desesperadamente no es una inmensa chequera abierta para tubos y contratistas, sino un regulador hidrosanitario autónomo con dientes, facultad sancionatoria y obligación de publicar información verificable sobre calidad, continuidad, presión, pérdidas y desempeño, distinguiendo especialmente qué colonias de qué estrato tienen qué nivel de servicio.

Sin embargo, si el despropósito de la planeación al revés y el dispendio multimillonario no fueran suficientes, la cereza del pastel ha llegado en forma de la “respuesta urgente e inmediata” del Gobierno de Jalisco ante la crisis del agua turbia: la instalación de plantas portátiles de tratamiento en las colonias afectadas. Una genialidad logística que parece omitir un pequeñísimo detalle constitucional.

El Derecho Humano al Agua, consagrado en nuestra Carta Magna (CPEUM), establece estándares de suficiencia que rondan los 100 litros por habitante al día.

Hagamos la cuenta doméstica: una familia de cuatro integrantes que requiera 400 litros diarios tendría que mover veinte garrafones de 20 litros cada día. No es una solución estructural; es la privatización muscular de una falla pública. Además de cargar el agua, habría que almacenarla, administrarla, calentarla, distribuirla y racionarla dentro de la vivienda. La escena es absurda precisamente porque desnuda el fondo del problema: el gobierno presenta como emergencia logística lo que debería resolverse como servicio continuo, seguro y domiciliario.

El Derecho Humano al Agua no se satisface con una planta en el barrio. Se cumple cuando una familia abre la llave y recibe agua suficiente, salubre, continua y asequible, sin cargar, hervir, almacenar ni rogar. Eso exige infraestructura, pero especialmente, regulación, transparencia, rendición de cuentas y una decisión política elemental: dejar de administrar la simulación. Mientras esa decisión no llegue, la planta portátil será el último acto de una obra conocida: el plan que no planea, el diagnóstico que no diagnostica, la participación que no participa y la solución que no resuelve. La función continúa, pero el público —el de las 600 colonias— ya no aplaude. Solo carga la pesada caridad de los garrafones.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

A punto de concluir el Mundial de Futbol 2026, un caso de negligencia y omisiones administrativas relacionadas con la liga doméstica se dio a conocer. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) una multa de casi 43 millones de pesos por violaciones a la normativa en materia de protección de datos personales relacionadas con el sistema Fan ID (el sistema de identificación digital y biométrica diseñado para registrar a las personas que asisten a eventos deportivos, con el objeto de fortalecer la seguridad y erradicar la violencia en los estadios). 

La resolución de la dependencia federal identificó dos infracciones principales, la primera, no informar de manera adecuada a los aficionados que las fotografías recabadas para generar el Fan ID constituían datos biométricos sensibles, y la segunda, no obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar esa información. 

En concreto, la FMF recopiló fotografías de los aficionados para generar el Fan ID, pero en su aviso de privacidad no especificó que dichas imágenes constituyen datos personales sensibles, y la organización únicamente solicitó a los usuarios marcar una casilla en un sitio web para aceptar el tratamiento de sus datos, mecanismo que la autoridad consideró insuficiente al no incorporar firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación. 

La multa evidencia un ecosistema institucional debilitado, donde la protección de datos personales quedó expuesta tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y donde el Fan ID nació bajo advertencias que fueron ignoradas. 

En este caso, la sanción revela fallas estructurales en el tratamiento de datos sensibles por parte de la Femexfut  lo que propició que la autoridad concluyera que se cometieron infracciones graves como no informar de manera clara que las fotografías utilizadas para generar el Fan ID eran datos personales sensibles, lo que impedía que los aficionados entendieran el alcance real del tratamiento, así como no obtener el consentimiento expreso y por escrito, como exige la ley para datos biométricos, solamente pedían marcar una casilla en línea, sin firma autógrafa o electrónica. Estas omisiones son violaciones directas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cuando nació el Fan ID lo hizo bajo advertencias técnicas y legales que no fueron atendidas. Se aprobó en 2023 (después de los hechos de violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro). Las autoridades lo presentaron como una medida de seguridad para identificar aficionados y restringir acceso a personas violentas.  El INAI, entonces aún existente, alertó públicamente sobre riesgos de opacidad y falta de garantías en el tratamiento de datos biométricos, e incluso inició un procedimiento de sanción contra la FMF por el uso opaco de la aplicación. Las advertencias estaban ahí, pero ni la FMF ni la Liga MX ajustaron sus procesos para cumplir con estándares de consentimiento y transparencia.

El Fan ID surgió como respuesta de la FMF y la Liga MX a la violencia registrada en los estadios, luego de una pelea entre aficionados de Querétaro y Atlas. Se implementó un sistema masivo de reconocimiento biométrico para resolver un problema de seguridad pública sin que existiera, desde el inicio, la infraestructura jurídica y técnica para proteger esos datos. Priorizar la velocidad de implementación sobre el cumplimiento normativo es una decisión que ahora se paga con la sanción. Y algo que debe también preocuparnos es que la causa de fondo, la violencia en los estadios, sigue sin resolverse.

Con la desaparición del INAI se amplifica el impacto de la multa porque ahora no tenemos un órgano constitucional autónomo especializado en un caso que exige supervisión técnica. El proceso sancionador inició cuando el INAI aún existía, pero la resolución final ocurre en un contexto donde el órgano garante ya no está. Esto tiene varias implicaciones críticas. Para empezar, existe un vacío institucional ya que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume funciones sancionadoras sin ser un órgano especializado en protección de datos; hay menor capacidad de vigilancia continua, sin el INAI, no hay una entidad autónoma que supervise el cumplimiento posterior de la FMF o de terceros como la empresa a la que le encargaron el desarrollo de la aplicación (Incode Technologies), y además se sienta un precedente peligroso porque si un actor privado poderoso incumple y la sanción llega tarde, sin un regulador técnico permanente, el incentivo para corregir prácticas es débil.

Durante la implementación del Fan ID la respuesta de la FMF fue defensiva y centrada en la narrativa de seguridad, no en la protección de datos; comunicaron que atenderían recomendaciones del INAI para la correcta implementación del Fan ID, pero no modificaron los elementos esenciales como clasificar las fotografías como datos sensibles, implementar mecanismos de consentimiento robusto y transparentar la relación con la empresa que diseñó la aplicación, así como el flujo de datos.

La comunicación pública de la FMF se enfocó en promover la aplicación como requisito para ingresar a estadios, sin explicar riesgos ni medidas de protección. Esto, en términos de gobernabilidad muestra una priorización de control y seguridad sobre derechos digitales.

Esta multa abre un frente de riesgos operativos para el deporte mexicano y las consecuencias no serán únicamente económicas porque estamos también ante un riesgo reputacional al quedar la FMF marcada como un actor que trató datos biométricos sin cumplir la ley, lo que la debe obligar a rediseñar avisos de privacidad, mecanismos de consentimiento y protocolos de seguridad. Además, la sanción se convierte en un caso emblemático sobre cómo el Estado puede, o no, regular tecnologías de identificación masiva. En un país sin órgano garante autónomo, este caso exhibe la fragilidad institucional para regular tecnologías biométricas en manos privadas.

La sanción a la FMF además de ser un castigo por malas prácticas es un recordatorio de cómo la ausencia de controles institucionales y la falta de transparencia pueden convertir una herramienta de seguridad en un riesgo para los derechos digitales. El Fan ID se aprobó sin garantías suficientes, se implementó ignorando advertencias técnicas y hoy se sanciona en un contexto donde el órgano especializado ya no existe.

El hecho de que la autoridad que hoy sanciona sea una dependencia del Ejecutivo, sin la separación institucional que tenía el INAI, obliga a evaluar con cautela si este tipo de resoluciones son un ejercicio consistente de rendición de cuentas o un caso puntual dentro de un sistema regulatorio con menor autonomía técnica que el anterior. La FMF cometió infracciones documentadas y verificables, y al mismo tiempo el entramado institucional que las vigila hoy es estructuralmente más débil en materia de independencia que el que existía cuando la medida se implementó.

Este caso representa una paradoja política. La sanción que hoy fortalece el derecho a la protección de datos personales fue posible gracias a una investigación iniciada por un órgano autónomo que ya no existe. Eso convierte al expediente del Fan ID en un caso de transición institucional que servirá para evaluar si el nuevo modelo de protección de datos mantiene el mismo nivel de independencia y rigor que caracterizó al INAI.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.