Siapa: parche nuevo en vestido viejo

En esta era de videos y fotos, que superó por mucho la época de los eventos políticos para “colocar la primera piedra de algo”, hay documentos que dicen más por sus metadatos que por su contenido. Cuando el Gobierno de Jalisco subió a su portal el Plan Integral del Agua —la respuesta oficial a una crisis que, según la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha dejado agua sucia en más de seiscientas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)—, colgó también, sin querer, la hora exacta de su propia prisa. Basta abrir las propiedades de los archivos del repositorio (https://planintegraldelagua.jalisco.gob.mx/): la mayoría de las fichas que sostienen la “cartera de 32 proyectos” fueron generadas el 14 de julio de 2026, varias en una ventana de quince minutos, entre las 15:53 y las 16:08 de la tarde. El mismo día en que el secretario de Gobierno entregaba el expediente al Congreso.

Uno imaginaría que una estrategia hídrica con inversiones cercanas a los cuarenta y dos mil millones de pesos (mdp) se cocina durante meses en gabinetes técnicos. Los metadatos sugieren otra cosa: que se ensambló contra el reloj, la víspera, con lo que había a la mano. Y lo que había a la mano fue, literalmente, de escritorio.

Varios anexos se convirtieron a PDF con ilovepdf.com, un convertidor gratuito en línea. El “resumen ejecutivo” son diez páginas de imagen escaneada: no se puede buscar una palabra ni copiar una cifra. Es un resumen ejecutivo que se defiende de la lectura.

El primer problema del Plan Integral del Agua no es lo que dice, sino lo que aparenta. Pretende rigor por acumulación: suma más de mil ochocientas páginas —bases técnicas, plan estratégico, fichas— y, sobre ese colchón de papel, deposita una cartera de proyectos que, cuando uno los abre, resultan ser hojas de una a cuatro cuartillas.

La segunda etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora 5, que duplicaría su caudal a 2 mil 500 litros por segundo, se despacha en una sola página de viñetas. La modernización de la planta de Agua Prieta —con 678 mdp de inversión declarada— cabe también en una hoja, sin una línea de memoria de cálculo. Se etiqueta como “proyecto ejecutivo” lo que apenas alcanzaría la categoría de nota conceptual. Y luego está el reciclaje: el estudio de alternativas que el portal cita como de 2012 es, según su propio archivo, de noviembre de 2007; y la “campaña de mediciones de 2011” resultó ser un PowerPoint fabricado —adivinó usted— el 14 de julio de 2026.

Es un expediente que no se leyó a sí mismo antes de publicarse.

El documento dejó una segunda confesión, esta vez descubierta por mano ajena. El especialista en análisis de datos Héctor Piña lo sometió a una revisión forense y halló mil 251 caracteres invisibles —espacios de ancho cero, imperceptibles a la vista— repartidos en más del 90 por ciento del texto: el rastro que suele quedar al copiar y pegar desde una interfaz de inteligencia artificial hacia un editor como Google Docs. No es una marca de agua ni una prueba de laboratorio; es un indicio, pero contundente por su densidad, y aparece justo a partir del capítulo tercero, donde la prosa cambia de tono. Tres modelos distintos coincidieron, además, en los rasgos delatores: uniformidad extrema de estilo, párrafos duplicados y —el más elocuente— más texto anunciando lo que se va a decir que conclusiones dichas.

Conviene ser justos: que alguien use inteligencia artificial para redactar no tiene nada de escandaloso; medio mundo lo hace, y bien. Lo escandaloso es usarla en un instrumento público de planeación —sin autor, sin fecha, sin revisión técnica— y ni siquiera tomarse la molestia de limpiar las huellas de la herramienta. Como advirtió el propio Piña, tratándose de la base de una política pública, el uso de estas herramientas debería transparentarse y justificarse. Aquí no se transparentó: se disimuló mal.

Someter este material a una crítica técnica exhaustiva ya se convierte en un despilfarro: no se le puede exigir profundidad a quien no revisó la fecha de sus propios documentos. Vale más detenerse en lo que el gesto revela.

El “plan emergente” que el Gobernador Pablo Lemus anunció el 13 de julio consiste, en su núcleo inmediato, en pipas, garrafones y vales para que los vecinos consigan el agua en potabilizadoras privadas en sus barrios. Es decir: ante la falla del servicio público, se subsidia al mercado privado que esa falla alimenta. La solución de fondo se aplazó a un “esquema técnico” que se entregó al Congreso sin especificar costos ni mecanismos de financiamiento. Treinta obras, o treinta y dos según el portal, o treinta y una según los anexos numerados: ni el conteo coincide consigo mismo. Primero el video en redes; después, el reclamo a la Federación; y, hasta el final —difuso, sin números—, el problema. La secuencia delata la jerarquía real de las prioridades.

Bajemos el argumento del pizarrón a la mesa de la cocina, porque el punto central es simple. El proyecto estrella es un nuevo acueducto para traer más agua desde Chapala: 7 mil 500 litros por segundo. La justificación es que el acueducto viejo ya cumplió su vida útil y pierde en el trayecto cerca del 30 por ciento de lo que transporta (El Informador, junio de 2026).

Ahora la pregunta que los estudios del expediente omiten: ¿para qué traer más agua si tiramos la mitad de la que ya tenemos? No es carrilla, es aritmética oficial. El propio Antonio Juárez Trueva, entonces director del SIAPA, reconoció que las pérdidas del sistema pasaron del 39 por ciento en 2017 al 50 por ciento en 2025 (NTR Guadalajara, marzo de 2025). En litros: de los 10.18 metros cúbicos por segundo que se extraen, apenas 6.6 se facturan (Meganoticias, febrero de 2026). Se desperdician alrededor de 3 mil 500 litros por segundo: casi la mitad del caudal que el flamante acueducto vendría a aportar ya se está fugando por tuberías de hasta setenta años y tomas clandestinas. En lugar de tapar los hoyos, se discute cómo abrir la llave más fuerte.

Si uno explora la lógica costo-beneficio del proyecto insignia, el problema deja de ser de forma y se vuelve de aritmética engañosa. Cuatro ejemplos, sin una sola fórmula.

Uno: el parche nuevo en el vestido viejo. Cualquier inversión mayúscula que no rehaga antes la arquitectura institucional del SIAPA es exactamente eso. El propósito de un organismo operador es, en cristiano, entregar agua potable a la gente de manera eficiente, en cumplimiento de criterios de acceso efectivo, pues se trata de un derecho humano; y es justo ahí donde el SIAPA reprueba. Un acueducto nuevo no toca ese propósito: alimenta más rápido a un sistema que sigue roto. Es comprarle coche nuevo al chofer que ya chocó tres.

Dos: el beneficio fantasma. Entre los beneficios estelares figura la “recuperación de caudales”. Suena bien hasta que uno pregunta: ¿recuperados hasta dónde? Hasta la planta potabilizadora. Pero la Ciudad no bebe en la planta; bebe en las colonias, al otro lado de una red que se traga la mitad. Producir agua para que se derrame en el camino no es un beneficio: es un costo social neto negativo disfrazado de logro.

Anotar como ganancia el agua que se fugará es simular en el renglón que más importa.

Tres: las alternativas precocinadas. Un análisis de alternativas serio explora rutas distintas. La alternativa a una presa no es otra presa; la alternativa a traer más agua bien puede ser dejar de derramarla. Cuando el estudio se dedica a comparar bombas contra tuberías contra regímenes de bombeo, no analiza alternativas: elige el color de una decisión ya tomada. Es el menú donde todos los platillos son el mismo, servidos en distinto plato.

Cuatro: la falla catastrófica autoinducida. El proyecto se justifica, en parte, con la “probabilidad de falla catastrófica” del acueducto viejo. Pero esa probabilidad no cayó del cielo: es hija de años sin redundancia ni mantenimiento programado. Si el SIAPA hubiera operado la infraestructura como manda su oficio, el valor esperado de esa falla sería drásticamente menor. Traducido: el mismo organismo que dejó pudrir el acueducto usa hoy esa podredumbre como argumento para cobrarnos el reemplazo. Se deja crecer el problema y se llega, providencial, a resolverlo. Y luego uno es el mal pensado.

Nadie comparó, en ninguna de las páginas del diagnóstico, el costo por metro cúbico de traer agua nueva contra el de dejar de tirar la que ya llega —cuando detectar fugas costaría una fracción del acueducto (El Informador, 2023)—. Esa comparación, la más básica de cualquier evaluación honesta, brilla por su ausencia.

Quizá porque su resultado incomodaría al proyecto estrella.

Lo que exhibe el Plan Integral del Agua no es incompetencia técnica; hay profesionales capaces en Jalisco. Lo que exhibe es desdén: la displicencia de quien trata un asunto de salud pública —agua turbia y pestilente en las casas de cientos de miles de personas— como un trámite de imagen que se resuelve subiendo archivos a un portal la tarde de la entrega.

El agua no admite improvisación, y menos la salud de quien la bebe. Un gobierno que le dedica a su ciudadanía la misma diligencia con que uno junta comprobantes para la declaración anual está diciendo, sin decirlo, cuánto le importa.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.