No es Jalisco, es el sistema

Hay problemas que parecen locales hasta que uno levanta la mirada: el agua es uno de ellos.

Lo ocurrido en Jalisco puede ser la punta del iceberg de una discusión mucho más amplia: quién tiene acceso a los recursos, quién decide sobre ellos y cómo se distribuyen sus costos y beneficios. La disputa por el agua no ocurre solo aquí. También revela una dimensión de la desigualdad que alcanza a comunidades, ciudades y países enteros.

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José Mujica solía cuestionar una idea de progreso basada en acumular cada vez más, aunque nunca resulte suficiente. Esa lógica ayuda a entender algunas de las tensiones de nuestro tiempo: pueblos que reclaman mejores salarios, vivienda, servicios y oportunidades; personas que migran porque en su lugar de origen no encuentran condiciones para construir una vida digna; comunidades que defienden sus recursos frente a proyectos que prometen inversión y empleo.

México no es ajeno a esa realidad.

En Baja California, el conflicto por la planta de Constellation Brands en Mexicali mostró hasta dónde puede llegar la tensión entre inversión y disponibilidad de agua. Y en 2020, una consulta ciudadana registró 76.1 por ciento de rechazo a la continuidad del proyecto y el Gobierno federal determinó su cancelación.

Mientras que en Zacatecas, la tensión aparece de otra forma: minería e industria cervecera generan actividad económica, pero también ejercen una fuerte presión sobre acuíferos con déficit. Peñasquito consume más de 35 millones de metros cúbicos de agua al año y Grupo Modelo alrededor de 12 millones, cifras que han alimentado conflictos comunitarios por el acceso al recurso.

La pregunta, entonces, no debería ser si queremos desarrollo o queremos cuidar el agua. El desafío consiste en establecer reglas que permitan compatibilizar ambos objetivos y decidir qué hacer cuando los recursos tienen límites.

Y aquí aparece otra discusión que tampoco podemos esquivar: qué Estado necesitamos para responder a estas desigualdades y cómo vamos a financiarlo.

Garantizar salud, educación, infraestructura, seguridad, vivienda, protección ambiental y oportunidades para quienes nacen con menos requiere instituciones capaces de responder y recursos públicos suficientes para sostenerlas. Por eso, una reforma fiscal no debería reducirse a preguntar cuánto más se puede cobrar. La discusión de fondo es quién puede aportar más, quién debe hacerlo y qué sociedad queremos construir con esos recursos.

Una política fiscal progresiva parte de un principio sencillo: quienes tienen mayor capacidad económica pueden contribuir en una proporción mayor, mientras se protege a quienes menos tienen. El debate internacional incluye alternativas como una mayor progresividad del impuesto sobre la renta, la revisión de beneficios fiscales y una mayor contribución de determinadas formas de patrimonio, propiedad y actividades económicas.

No se trata de enfrentar riqueza contra pobreza ni de frenar la inversión. Se trata de discutir las reglas con las que distribuimos los costos de una sociedad que aspira a ofrecer oportunidades más equitativas.

Porque cuando una familia reclama agua limpia, una madre exige atención médica, un joven busca una escuela de calidad o una comunidad defiende su territorio, todas esas demandas terminan encontrándose en el mismo punto: la capacidad del Estado para responder, y esa capacidad tiene un precio.

Por eso, quizá la pregunta más importante no sea cuánto podemos recaudar, sino qué necesitamos financiar, quién está en condiciones de aportar y cómo garantizamos que cada peso se convierta en bienestar público.

Lo ocurrido en Jalisco nos recuerda algo que a veces olvidamos: desde lo local también se conocen las realidades globales. Lo que una familia reclama aquí puede ser la misma pregunta que se hacen comunidades en Zacatecas, Mexicali o cualquier otra parte del mundo: ¿Quién tiene acceso?, ¿quién paga?, ¿quién decide?, ¿quién queda fuera?

No es solo Jalisco. Es un sistema que necesita nuevas respuestas.

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.