El más exitoso acto de ilusionismo político

Cada septiembre, los municipios de Jalisco celebran un ritual con nombre republicano y alma de crema chantillí: el informe de gobierno. Hablamos de uno de los rituales más exitosos de México. No porque informe; precisamente porque no lo hace. Habrá templete, pantallas, dron que sobrevuela un salón como si documentara una fiesta de quinceañera, y esa música épica —esa que en México ya solo acompaña goles, inauguraciones y promesas con fecha de caducidad— que anuncia que el informe de gobierno está por comenzar. Pero antes del desfile de cifras redondas conviene asomarse al documento que casi nadie lee y del que cuelga la coartada: el plan municipal de desarrollo. Es en sus páginas, preñadas de la trinidad corporativa —misión, visión y valores—, donde se decreta, con absoluta frialdad, que el gobierno jamás podrá ser desmentido. Que no rinda cuentas no es un descuido, es el verdadero plan.

Nuestra clase política importó la costumbre de la “planeación estratégica” del mundo empresarial, con la misma ligereza con la que se adopta un anglicismo: en tono ejecutivo, sin profundizar y con el instructivo en otro idioma. En una empresa, misión y visión sirven para alinear a una organización hacia el fin dominante: la ganancia. En el gobierno municipal, en cambio, invierten el orden de las cosas. Primero se redacta el sueño —ser el municipio más próspero, humano, incluyente y sustentable de la región— y luego, si queda tiempo, se mira la realidad. Es recetar antes de auscultar. En la planeación seria, el diagnóstico manda; en la planeación de cajón, la aspiración perfuma el expediente.

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Y luego está el FODA, reliquia de diplomado exprés en Mazamitla que sobrevive en el sector público como casete en guantera: nadie sabe bien para qué sirve, pero ahí sigue. Un ayuntamiento enlistando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como si fuera una arrancadora en busca de inversionistas tiene algo de tierno y bastante de alarmante. Las amenazas siempre vienen de fuera —el clima, la federación, la herencia maldita—; las debilidades se confiesan con pudor; y las fortalezas, faltaba más, son patrimonio moral de la administración. No es espejo: es iluminación de camerino.

La visión de gobierno tiene una virtud secreta: como no dice nada verificable —ni a quién beneficia, ni desde qué punto parte, ni qué afirmación se arriesga a perder—, jamás puede ser contradicha. Y lo que no puede ser contradicho tampoco puede fallar. El truco entero cabe en esa frase. La visión municipal es un horóscopo administrativo: suficientemente amplia para servir en cualquier año, bajo cualquier signo y con cualquier resultado. “Seremos un gobierno cercano a la gente” funciona igual si se reparó una fuga que si media colonia amaneció bajo el agua: siempre hubo alguien cerca de alguien.

Para colmo, dominamos una destreza nacional: cantinflear, hablar mucho con admirable soltura para no decir nada. Misión, visión y valores son cantinfleo institucional con tipografía elegante y foto de portada al atardecer. Murray Edelman lo explicó hace seis décadas: buena parte del lenguaje público no busca producir resultados, sino tranquilidad simbólica. En versión municipal: ansiolíticos de papel —o de video— recetados cada septiembre.

Conviene decir por qué lo público no es una empresa, más allá del eslogan de taza.

La empresa persigue muchas cosas —reputación, permanencia, mercado—, pero todas son canjeables por una sola: la utilidad. Hay tipo de cambio. Lo público no lo tiene. Un municipio debe lograr, al mismo tiempo, que las calles tengan alumbrado que sirva, que las banquetas se puedan caminar —aunque tengas 80 años—, que la basura no se pudra en la esquina, que los parques no den miedo, que el agua —donde el propio municipio la debería administrar— llegue potable, con presión a toda hora y que un trámite no se convierta en un viacrucis. Fines distintos, a veces en pugna por el mismo presupuesto flaco, y ninguno reducible a una sola cifra.

Tomar una herramienta diseñada para optimizar un único número y usarla para gobernar ese abanico no es solo insuficiente: es comodísimo. Porque la pluralidad —que es la complejidad real de lo público— se aplana en un puñado de sustantivos amables: bienestar, futuro, cercanía, desarrollo. Palabras que no comprometen a nada y que, por lo mismo, no rinden cuentas de nada. De ahí a tratar al ciudadano como “usuario” —o peor, como “cliente”— hay un solo resbalón, y en ese resbalón se extravía la idea misma de derecho.

Están también los valores, esa cartita a los Reyes Magos que todo gobierno publica y casi siempre copia del vecino. Transparencia, honestidad, compromiso, cercanía, vocación de servicio: el menú de siempre, en el que nadie ha pedido jamás el platillo contrario. ¿Ha visto usted a un ayuntamiento declarar como valor la opacidad o el desdén, aunque los practique con fervor litúrgico? Luego viene el rito de la alineación: el plan municipal debe empatar con el estatal, el nacional y, para darse aire cosmopolita, con la Agenda 2030. Así, tapar un bache o podar un parque se cuelga, con flechas obedientes, de algún Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Contabilidad creativa aplicada a la esperanza: nada obliga, todo aparenta.

Y de todo esto a septiembre hay un solo paso, cuesta abajo. El informe hereda la licencia que le extendió el plan. Si la visión no podía desmentirse, el informe tampoco tiene que probar nada: le basta narrar. Se presume lo hecho —cuadras repavimentadas, luminarias reparadas, camiones de basura reparados o estrenados, despensas repartidas, eventos “de alto impacto”— como si fuera lo logrado.

Cambiar una luminaria no es el resultado. El resultado consiste en que una mujer pueda caminar de noche sin miedo por una calle que antes evitaba.

Pavimentar una vialidad tampoco es el resultado. El resultado es reducir tiempos de traslado, accidentes o costos de movilidad. Conectar una vivienda a la red hidráulica tampoco basta. Si el agua llega turbia, dos horas cada tercer día, existe cobertura estadística, pero no efectividad del servicio público.

La administración presume esfuerzos. La ciudadanía necesita resultados. Confundir una cosa con la otra es el pecado original de la administración que se mide por lo que gastó y no por lo que cambió. El informe termina siendo, así, pariente cercano de aquella novela de Jorge Ibargüengoitia en la que un general escribe sus memorias no para narrar lo que hizo, sino para demostrar que la culpa siempre fue de alguien más. El álbum de fotografías —listón, tijera, gente aplaudiendo por convicción o por nómina— es el desenlace natural de una visión que nunca pudo perder. La rendición de cuentas no consiste en explicar cuánto dinero se gastó ni cuántas obras se inauguraron. Consiste en demostrar que las condiciones de vida mejoraron gracias a decisiones públicas que pudieron evaluarse objetivamente.

Precisemos algo que los redactores de informes detestan porque les desmonta media presentación: cobertura no es calidad. Un tubo conectado cuenta como cobertura aunque entregue un hilo turbio dos horas cada tercer día. La calle aparece pavimentada aunque sea un rosario de baches; la banqueta figura como infraestructura aunque nadie pueda caminarla. Se contabiliza el objeto, no la experiencia de quien lo usa —o lo padece—. Entre existe y sirve cabe la vida entera de una colonia.

Llamemos las cosas por su nombre, aunque le arruine el postre al presídium: negar durante años un entorno digno —la calle sin luz, el parque vuelto matorral, la banqueta imposible, el agua que no llega— no es solo mala administración; es violencia. Johan Galtung la llamó violencia estructural: no necesita un agresor con rostro, basta un arreglo que condene a unos a vivir peor que otros. Y esa violencia callada rara vez se queda quieta. La esquina oscura acaba en zona de asalto; el baldío abandonado, en escondite; la colonia sin servicios ni horizonte, en cantera para quien recluta jóvenes. Luego el mismo gobierno que ahorró en luminarias presume patrullas nuevas, como si el problema hubiera caído del cielo y no germinado en su propia desidia.

Reparemos en esa pequeña joya: un gobierno presume que compró patrullas, luminarias o computadoras con dinero público, como si hubiera financiado el gesto de su bolsillo. Eso no es rendir cuentas; es hablar como comisionista: “miren todo lo que les surtí”, no “esto cambió en su vida”. La compra es la cifra más cómoda porque depende de una firma, no de la realidad; jamás desmiente y, casualmente, suele ser donde anida el sobreprecio. Un buen gobierno no se distingue por lo que adquirió, sino por su disposición a someterse a un escrutinio externo capaz de reprobarlo. Lo demás es contabilidad de revendedor con membrete oficial.

¿Cuál sería el antídoto? No es sofisticado; es incómodo, que es distinto. Cada compromiso debería cargar cuatro piezas que la misión y la visión esquivan como el diablo a la cruz: (1) una población definida (y por qué), (2) una línea base (y por qué), (3) una hipótesis que pueda salir falsa y (4) un indicador de cambio en las condiciones de vida —no de actividad—. La diferencia está entre prometer que “mejoraremos la imagen urbana” y comprometerse a “mantener las banquetas de estas cuarenta calles para que una persona en silla de ruedas pueda transitarlas, medidas una por una, antes de tal fecha”. La primera es una plegaria; la segunda puede desmentirse con una cinta métrica y una rodada. Y un gobierno que acepta poder ser desmentido es, por definición, uno que se está tomando el trabajo en serio. Los demás solo se están tomando la foto y, seguramente, algo más.

Dentro de unas semanas, volveremos a escuchar que los municipios “cumplieron su visión”. Probablemente sea cierto. También sería cierto que un horóscopo acertó porque nunca dijo nada comprobable.

La pregunta que deberíamos hacer no es si cumplieron lo que prometieron en su visión. Esa respuesta quedó asegurada desde el momento en que la redactaron.

Las preguntas importantes son otras: ¿Qué problema público resolvieron? ¿En beneficio de quién? ¿Con qué evidencia independiente? ¿A qué costo? ¿Y qué habría ocurrido si no hubieran intervenido?

Mientras esas preguntas sigan ausentes, el informe de gobierno continuará siendo el acto de ilusionismo más exitoso de la política municipal mexicana: una ceremonia donde el aplauso sustituye a la evidencia, la narrativa reemplaza a la evaluación y la propaganda se disfraza de gobernanza.

El verdadero problema nunca ha sido que los gobiernos hagan propaganda. El problema es que nos cuesta mucho y nosotros aceptamos llamarla rendición de cuentas.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.