La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes (24.03.26) que enviará al Senado una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

La propuesta busca homologar criterios en todo el País y establecer la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio.

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“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”, señaló la mandataria.

La iniciativa contempla penas de 40 a 70 años de prisión, así como la incorporación de nueve razones de género y 21 agravantes para la clasificación del delito.

Además, plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir esta ley y establecer un tipo penal homologado en todo el País.

“La propuesta es que (…) todas las Fiscalías del País tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron más de 800 feminicidios en el país, mientras que cada día se reportan en promedio entre dos y tres casos.

En este contexto, la iniciativa establece que el delito se investigará de oficio, será imprescriptible y deberá aplicarse perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal.

Asimismo, se prevé la pérdida de derechos civiles para los responsables, así como medidas de atención integral para víctimas indirectas, incluyendo servicios médicos, apoyo jurídico y protección social.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de registros nacionales y programas de prevención, además de mecanismos de coordinación entre autoridades para atender la violencia feminicida en México.

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de títulos de concesión de agua a cinco municipios de Baja California, con el objetivo de garantizar el abasto del recurso durante los próximos 30 años.

A través de un enlace desde Palacio Nacional hacia la entidad, la mandataria informó que los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada dejarán de pagar a intermediarios por el suministro de agua, práctica que se mantenía desde hace más de dos décadas.

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La medida se sustenta en la nueva Ley Nacional de Aguas, que plantea eliminar privilegios en la asignación y uso del recurso hídrico.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley”, expresó durante la “Mañanera del Pueblo”. 

La Presidenta señaló que anteriormente los municipios compraban el agua a un Distrito de Riego que ya no utilizaba el recurso con fines agrícolas, pero que obtenía ingresos por su venta.

Eliminan intermediarios en distribución del agua, asegura Sheinbaum

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que con la reforma se eliminan las transmisiones de derechos entre particulares, lo que pone fin a prácticas irregulares en la comercialización del agua.

Detalló que también se prohíben los cambios de uso del recurso —principalmente del agrícola a otros fines con lucro— y se combate el acaparamiento, además de reconocer sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

Morales López informó que estas modificaciones han permitido incrementar la recaudación en aproximadamente tres mil 500 millones de pesos, con una meta de alcanzar seis mil 300 millones en 2026.

Asimismo, indicó que se han realizado nueve mil 547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores, así como siete mil 614 inspecciones que derivaron en más de mil clausuras y suspensiones.

Respecto a Baja California, el funcionario detalló que desde 2002 los municipios adquirían agua mediante esquemas de transmisión de derechos, lo que representó pagos por 531 millones de pesos en los últimos cinco años.

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, Aarón Mastache Mondragón, señaló que con la entrega de las concesiones se asegura el suministro actual y futuro del recurso.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que esta medida representa un cambio en la gestión del agua en la entidad.

“Es una noticia histórica que deja atrás la incertidumbre y da entrada a una etapa de justicia hídrica para devolverle al pueblo de México lo que es suyo”, expresó.