La política, al igual que el deporte de alto rendimiento, es una disciplina de resistencia, precisión y, sobre todo, vitalidad. 

La irrupción del juez Tano Tijerina en la contienda por el Congreso de los Estados Unidos no sólo representa un cambio de siglas, sino un relevo generacional y fisiológico que redefine la representación del sur de Texas. 

Con una trayectoria de más de quince años en la judicatura, Tijerina no es sólo un conocedor del espíritu de la ley, sino un exponente del ideal clásico mens sana in corpore sano.

Su pasado como lanzador profesional en la organización de los Milwaukee Brewers le otorgó una disciplina férrea que hoy traslada a la gestión pública. Esta faceta deportiva no es un mero accesorio biográfico; es el estandarte de un liderazgo enérgico que contrasta de manera casi dramática con la figura de su oponente, Henry Cuéllar. 

A sus 70 años, el congresista demócrata proyecta la imagen de una política agotada, un hombre que luce cansado y carente del brillo necesario para afrontar los retos de una frontera que exige dinamismo.

Mientras Tijerina recorre el distrito con la agilidad de quien entiende que el servicio público es una carrera de fondo, Cuéllar parece arrastrar el peso de décadas de inercia legislativa que no han logrado cristalizar en soluciones tangibles para la región. La diferencia en la estampa física de ambos candidatos es el reflejo externo de sus propuestas: por un lado, la renovación vigorosa y la salud mental que otorga el rigor deportivo; por el otro, la fatiga crónica de un sistema que se niega a soltar el poder.

Más allá de la apariencia, el contraste se profundiza en el terreno de la integridad y el escrutinio legal. La imagen de Henry Cuéllar ha quedado irremediablemente desgastada tras la investigación del FBI que lo vinculó con la recepción de recursos provenientes de Azerbaiyán, flujos financieros que, según los informes, habrían transitado por instituciones como Banco Azteca. 

Si bien es cierto que Donald Trump, en un movimiento político de alta estrategia, le otorgó un indulto, este acto de gracia no equivale a una declaración de inocencia ni borra la mancha ética ante el electorado. El hecho de que Cuéllar no tuviera el valor de acreditar su probidad ante un jurado, optando por la «vía libre» que le brindó el perdón presidencial, lo sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad moral. 

Para el votante del sur de Texas y el observador del norte de México, esta elusión de la justicia formal lo convierte en un candidato carente de la confiabilidad necesaria para representar intereses de seguridad nacional y comercio internacional. 

En cambio, Tano Tijerina se presenta con la transparencia de quien ha servido desde el estrado, sin las sombras de la interferencia extranjera o el cabildeo cuestionable. Su candidatura, respaldada ahora por Trump para desplazar a un Cuéllar que el mandatario considera «poco confiable» a pesar del favor concedido, marca un punto de inflexión. Tijerina no solo lleva consigo la fuerza de su juventud y su pasado atlético, sino la solidez de una carrera judicial que lo blinda contra los señalamientos de corrupción que hoy asfixian la carrera de su rival. 

La elección se resume, por tanto, en una pregunta sobre el vigor: ¿preferirá el sur de Texas la energía renovada de un deportista del derecho o la fatiga procesal de un congresista bajo sospecha?

La importancia de la candidatura de Tano Tijerina trasciende las fronteras administrativas de Texas para situarse en el plano de la geopolítica binacional. Como descendiente de mexicanos y poseedor de una afinidad profunda por la cultura y el sistema de vida de México, Tijerina se perfila como el vehículo ideal para abrir las puertas a una era de negocios sin precedentes entre el norte de México y el sur de Texas. 

Su «mexicanidad» no es un discurso de campaña, sino una marca registrada que se manifiesta en su uso icónico del sombrero, un símbolo de identidad y respeto por la tierra que lo distingue de cualquier otro político en Washington. Esta conexión cultural le permite hablar un lenguaje común con los empresarios de Jalisco y Nuevo León, eliminando las barreras idiomáticas y conceptuales que a menudo frenan la inversión. Su visión es la de una integración económica real, donde Laredo recupere su estatus histórico como capital de la prosperidad. 

Al ser un hombre que entiende el valor del sombrero y lo que este representa el trabajo duro, la palabra dada y la tradición, Tijerina lleva a la capital estadounidense una representación auténtica del «Rancher» del sur de Texas que, en esencia, es el hermano gemelo del «Charro» jalisciense. Este vínculo es fundamental para revitalizar acuerdos comerciales que vayan más allá de lo burocrático y se asienten en la confianza mutua y la historia compartida de una región que nunca ha dejado de ser una sola comunidad a pesar del río que la atraviesa.

En este contexto, la cuestión deportiva del Juez Tano cobra una relevancia estratégica como generadora de vínculos comerciales, educativos y culturales, especialmente con estados potencia como Jalisco. 

Al recordar que Jalisco y Texas son estados hermanos, se evoca una relación histórica de orgullo y resistencia: mientras uno decidió permanecer con el «padre México» para convertirse en una potencia mundial de cultura y tradición, el otro buscó un «padre adoptivo» en la unión americana, pero ambos conservan el mismo ADN de liderazgo y autonomía. 

La estatua situada a las afueras del Aeropuerto Internacional de Laredo, que muestra a un charro y a un vaquero dándose la mano, es el recordatorio físico de este destino común. Tijerina busca rescatar el espíritu de la efímera, pero significativa República del Río Grande, cuya capital fue precisamente Laredo, para demostrar que el norte de México y el sur de Texas poseen una fuerza económica propia capaz de dictar su propio futuro. 

Su presencia en Washington no será la de un asimilado que olvida sus raíces, sino la de un embajador de facto que llevará la cultura, los negocios y la hermandad de Jalisco y el norte de México directamente al despacho oval y al pleno del Congreso.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

El escenario geopolítico de 2026 nos sitúa frente a una de las encrucijadas más peligrosas del siglo XXI. La retórica de la administración Trump respecto a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela bajo la bandera de «limpieza» y «restauración del orden» no debe leerse como un acto de filantropía internacional, sino como la instauración formal de una Gestapo del mundo: una policía global que no reconoce fronteras, tratados ni la autodeterminación de los pueblos.

Estados Unidos intervino en Venezuela bajo el argumento de erradicar un régimen, estableciendo un precedente jurídico aterrador: la muerte del Estado Soberano. La soberanía no es una concesión graciosa de las potencias, sino la base del orden internacional.

Si el mundo acepta que Washington puede «limpiar» una casa ajena sin mandato de la ONU y por encima de las leyes locales, estamos regresando a una Doctrina Monroe 2.0. Venezuela es hoy el laboratorio de una fórmula que mañana, con cualquier pretexto, se aplicará en el resto del continente.

Para México, el espejo de Venezuela es una advertencia directa. El argumento del narcotráfico y el fentanilo se ha convertido en el «caballo de Troya» para justificar una intervención en nuestro territorio. Es tentador para muchos ciudadanos, agotados por la violencia, aplaudir la entrada de la «Gestapo del Mundo» para erradicar al crimen organizado.

El argumento es simple pero devastador: «Tu casa está en desorden y el humo me molesta, así que entraré, sacaré a tu familia y yo manejaré tus cuentas». Como juristas, sabemos que el principio de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio) es la base de la civilización moderna. Si Donald Trump señala que Estados Unidos se hará cargo de la administración de un país soberano, está borrando de un plumazo décadas de Derecho Internacional. ¿Dónde queda el derecho de un pueblo a equivocarse o a corregir su propio rumbo?

Esta es la pregunta que nos quema las manos: ¿Qué pasaría en México? Los problemas del narcotráfico en nuestro País son una hidra de mil cabezas, un cáncer que ha permeado las instituciones. La tentación de decir «que vengan ellos y nos salven» es el canto de las sirenas para una sociedad agotada por la impunidad.

Sin embargo, como jurista, sostengo que el orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Entregar la facultad de ejercer la fuerza pública a una potencia extranjera es abdicar de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Si permitimos que «ellos» resuelvan nuestro problema de seguridad, les estamos entregando también el derecho de decidir sobre nuestras leyes, nuestra economía y nuestro futuro. La “Gestapo” no sólo busca criminales; busca el control absoluto del territorio.

Si el orden internacional se reduce a la voluntad del más fuerte de extraer y procesar a líderes extranjeros en cortes domésticas, entonces el sistema de tratados y la propia ONU han quedado obsoletos.

Es imperativo cuestionar nuestra propia identidad. Tenemos 60 millones de mexicanos una nación entera viviendo en el corazón de los Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en esta crisis de soberanía?

No podemos seguir siendo una nación de espectadores que solo se reconoce como tal cada 15 de septiembre gritando una independencia de oropel, o cada 12 de diciembre rezando por un milagro ante la Virgen de Guadalupe. El folclore y la fe son pilares de nuestra cultura, pero la soberanía se defiende con agencia política, no con símbolos. Si esa enorme diáspora mexicana no despierta como un sujeto político capaz de influir en las decisiones del imperio, seguirán siendo testigos mudos de la erosión de su patria de origen.

La historia no tendrá misericordia con la generación que, por miedo o comodidad, entregó las llaves de la nación. La «Gestapo del mundo» solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley.

México no necesita tutelaje; necesita instituciones sólidas, un Estado de Derecho inquebrantable y una ciudadanía que entienda que la soberanía es el único escudo que nos separa de ser una simple colonia administrativa. La pregunta no es si Trump puede entrar; la pregunta es si nosotros, como mexicanos, estamos dispuestos a dejar de serlo.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.