El diseño de un sistema electoral es uno de los aspectos más importantes para una sociedad porque se encarga de las reglas para competir por el poder. En concreto, sirve para convertir los votos de las personas en cargos de gobierno y en espacios de representación política. Lleva también intrínsecamente una veta importante para la gobernabilidad del sistema político porque determina qué se vota, por quién se vota y cómo se vota, además de especificar qué se puede hacer y qué no en las contiendas políticas, lo que brinda legitimidad de origen a los vencedores en la liza electoral.

Optar por un sistema electivo o modificar las reglas de competencia electoral es una de las decisiones institucionales más importantes en una sociedad democrática por lo que sería deseable que estos cambios fueran producto de una profunda deliberación. Desafortunadamente, es muy común, nuestra historia así nos lo muestra, que casi siempre han sido producto de decisiones articuladas en términos de necesidades políticas coyunturales. La búsqueda de dividendos y ventajas políticas es casi siempre el factor determinante en las reformas electorales, cuando no el único.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó hace días una iniciativa de reforma electoral, se dice que producto de más de sesenta audiencias públicas que arrojaron más de mil trescientas propuestas, pero lo más seguro es que sea el resultado de las decisiones de la Comisión para la Reforma Electoral, creada ex profeso, para promover una normativa que consideran les puede reportar ventajas político-electorales. Dicha iniciativa ahora se encuentra en proceso legislativo en la búsqueda de su aprobación.

Los apologistas mencionan que la reforma integra aspectos positivos:  erradicar la supremacía de las cúpulas partidistas en la elaboración de listas para las curules de representación proporcional, reducción de costos electorales y de financiamiento a partidos, regular el uso de la inteligencia artificial en campañas, entre lo que más destacan.

Hay algunos puntos en los que me quiero detener. En lo que respecta a transitar hacia un nuevo modelo de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. El modelo de “mejores perdedores” favorece estructuralmente al partido más grande. Cien diputaciones plurinominales se asignarían a los candidatos que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mayores porcentajes dentro de su partido. Lo que el debate no ha diseccionado con suficiente rigor es la mecánica real de este mecanismo: el partido que más candidatos postula en más distritos (efectivamente, es Morena) tendrá estadísticamente más “mejores perdedores” que posicionar en la lista. No se trata de un complot, sino de aritmética electoral. El sistema premia la escala organizacional, y en México hay un solo partido que tiene esa escala en todo el territorio nacional. La iniciativa no plantea algo más importante, eliminar o regular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un mecanismo que ha permitido a Morena, en conjunto con sus aliados, dar trámite a reformas constitucionales sin necesidad de construir consensos con la oposición.

Por lo que respecta a la reducción del financiamiento, esta reducción golpea desproporcionadamente a partidos pequeños y a la oposición. Estaremos ante una austeridad asimétrica. La reducción del presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario se calcula actualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa reduce la segunda variable a menos del 49 por ciento. El argumento de “austeridad” es política y mediáticamente irresistible, en el argot futbolero se diría que se juega para la tribuna, nadie puede estar en contra de la reducción de gastos y de que se les otorgue menos recursos a los partidos, pero esconde una trampa estructural: Morena tiene acceso a redes territoriales, estructuras gubernamentales de proximidad, cobertura mediática orgánica y una base militante activa que no depende del financiamiento público para operar. La oposición, en cambio, requiere de ese financiamiento para existir competitivamente. Reducirlo un 25 por ciento no afecta a todos por igual: es una poda que debilita más a las oposiciones; además al reducir el financiamiento público a los partidos se abre la puerta al financiamiento privado, con todas las implicaciones que ello pueda suponer en términos de ilegalidad, poderes fácticos e incluso el crimen organizado para incidir en las disputas por el poder político.

Otro punto que ha quedado fuera de foco es el de los tiempos parlamentarios. La aceleración legislativa viola el espíritu constitucional de la deliberación pública y representativa. El Poder Legislativo tiene menos de tres meses para aprobar la iniciativa, ya que ésta, junto con las leyes secundarias, debe ser avalada a más tardar en mayo para que sea aplicada en el próximo proceso electoral, cuando se elijan 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales. Una reforma que modifica 11 artículos constitucionales, reconfigura la arquitectura del Congreso y establece nuevas reglas para la IA, el financiamiento y la representación, aprobándose en pocas semanas, sin foros amplios ni dictámenes profundos, es una contradicción en sus propios términos; se habla de fortalecer la democracia con métodos que históricamente han producido reformas electorales fallidas. La prisa legislativa es el mayor riesgo de implementación de toda la propuesta.

Un aspecto que atrae la atención es la ausencia del crimen organizado en los mecanismos de control. La propuesta prohíbe recibir o ejercer gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso que provenga de algún gobierno extranjero, organismo extranjero o persona extranjera, pero no menciona recursos provenientes del narcotráfico ni del llamado “huachicol”. Esta omisión no es menor. La mayor amenaza a la integridad electoral en México no viene de fondos extranjeros sino del dinero del crimen organizado que financia campañas, compra candidaturas y coopta autoridades locales. Se establece de manera genérica que no se podrá utilizar ningún recurso de procedencia ilícita, pero ningún mecanismo de fiscalización bancaria en tiempo real puede detectar lo que circula en efectivo fuera del sistema financiero formal, que es precisamente cómo opera el dinero criminal en campañas.

La presidenta Sheinbaum admitió que tiene un Plan B en caso de que la reforma electoral no sea aprobada por la oposición del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pero no dio mayores detalles sobre cuál sería la otra alternativa. ¿Qué implica institucionalmente este “Plan B”? Implica una presidenta que presiona a sus propios aliados con la amenaza de una alternativa no explicada. Implica una presidenta que reconoce que su reforma no tiene el consenso mínimo necesario para ser legítima en términos políticos, aunque pueda ser legal en términos constitucionales. Una reforma electoral que fractura la coalición gobernante antes de ser votada, y que se impulsa con el reloj corriendo hacia los comicios de 2027, no es reforma democrática: es política electoral en busca de ventajas disfrazada de arquitectura institucional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

Resulta curioso cómo la promesa de «casa propia» se transformó, en cuestión de dos generaciones, de un derecho alcanzable a un privilegio de nicho. Mientras nuestros padres -hoy, los abuelos de quienes estarían comprando casa- podían adquirir una vivienda con alrededor de cinco años de trabajo constante, en esta época, los jóvenes mexicanos necesitan ganar 48 mil pesos mensuales para acceder a un crédito hipotecario de una vivienda medianamente habitable. Algo cambió en el camino; o, más bien, alguien cambió las reglas del juego mientras distraídos, transitábamos de la televisión a las pantallas con streaming; y, de ahí, a las pantallas de los dispositivos móviles y la adicción a las redes sociales.

El AMG no es la excepción: el precio de la vivienda registró un incremento anual de 11.78% en 2025. En términos simples: los salarios de los jóvenes caminan y los precios inmobiliarios vuelan. El salario promedio por hora de personas entre 15 y 29 años es de menos de 50 pesos. Hagamos las cuentas: una jornada laboral completa apenas cubre el interés diario de un crédito hipotecario promedio. La matemática no miente; solo incomoda.

¿Qué hay detrás de esta brecha? 

Primero, la especulación del suelo urbano y la financiarización de los inmuebles. La vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse en instrumento de especulación. Veamos por ejemplo, el caso de un terreno para vivienda en Guadalajara:

En 1970 el salario mínimo ($950/mes) permitía comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($30,000) podía pagarse en 31 meses; es decir, poco más de 2 años y medio.

En 2020, cinco décadas después, el salario mínimo ($3,746/mes) permitió comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($1’000,000) podía pagarse en ¡288 meses! Es decir, 24 años.  En números absolutos, hace 6 años, se requirió 10 veces más esfuerzo en años de trabajo… Y sigue creciendo la brecha.

No fue inflación; fue rentabilidad asegurada para capitales que encontraron en el ladrillo un refugio más cómodo que la producción, o bien, para blanquear capitales en la capital del lavado de dinero, nuestra Perla Tapatía.

Segundo, el mercado laboral pauperizante. Más de la mitad de jóvenes entre 25 y 35 años carece de acceso a vivienda. No es falta de esfuerzo; es precarización estructural. Cuando el empleo formal ofrece salarios que no crecen al ritmo del costo de vida, el ahorro para el enganche se vuelve aritméticamente imposible.

Tercero, y aquí convendría observar fríamente, con lupa crítica: la construcción temprana de patrones de consumo que luego se presentan como «decisiones individuales de placer». Desde la infancia, especialmente a las niñas, se les entrena en una suerte de «princesificación» o disneyficación de la existencia. El castillo, los vestidos, el momento mágico: toda una estética del consumo inmediato que prepara el terreno para adultas que priorizan experiencias foto-atractivas sobre activos duraderos. No es casualidad que el mercado de «experiencias instagrameables» tenga rostro predominantemente femenino. Se nos vende felicidad en cuotas mensuales porque se sabe que quien aprendió a esperar príncipes azules también aprende a creer que la economía, en general, solo es fruto del esfuerzo individual.

Ante la imposibilidad de proyectos a largo plazo, el mercado ofrece compensación emocional empaquetada: teléfonos, gadgets, viajes, ropa, momentos. No es frivolidad juvenil; es adaptación psicológica a la incertidumbre o al abandono. ¿Para qué ahorrar diez años para un enganche que seguirá siendo insuficiente? Mejor vivir algo ahora, aunque sea prestado. La lógica es impecable; lástima que sea la lógica del cautiverio, no de la liberación.

Las mujeres jóvenes enfrentan una doble brecha: techos de cristal y mayor responsabilidad en cuidados no remunerados. El crédito hipotecario, diseñado para trayectorias laborales continuas, penaliza interrupciones que, estadísticamente, las afectan más. Sin embargo, son ellas quienes reciben mayor presión social por «verse bien», «vivir bonito», «disfrutar la vida». Como si la estética pudiera pagar la renta o la mensualidad de la hipoteca.

La salida no está en los procesos dogmatizantes de coaching, tampoco en los libros de autoayuda ni en la educación financiera que culpabiliza al individuo, sino en políticas de suelo urbano y vivienda con enfoque de derechos que todos deberíamos exigir. Esto implica: gravámenes a la concentración del suelo o vivienda; regulación de precios de tierra, vivienda social en zonas consolidadas y créditos diferenciados por trayectorias laborales reales, no ideales. Infonavit ha intentado flexibilizar requisitos para menores de 35 años, pero mientras el precio del suelo siga anclado en lógica especulativa, los ajustes crediticios son analgésicos sobre una herida estructural.

La pregunta incómoda persiste: ¿aceptaremos que la próxima generación viva peor? Si la tendencia continúa, los 39 años como edad promedio para comprar casa serán solo un recuerdo. Nuestros nietos asumirán que vivir con los padres hasta los 50 es el nuevo normal. ¿Ese es el futuro que planeamos? O, más bien, ¿el futuro que permitimos que otros planeen por nosotros?

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado.  Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.