¿Cuántas veces hemos escuchado la frase: “el agua es un asunto técnico; deberíamos dejárselo a los técnicos para que se encarguen, no a los políticos”? Y ya han pasado algunos “técnicos” por el Siapa; algunos al frente de él, otros en cargos directivos. La pregunta persiste: ¿durante esos periodos, el Siapa estuvo desempeñándose como se esperaba? ¿Lograba resultados? Tal vez nunca lo sabremos con certeza.

Y será una incógnita mientras no exista claridad en el organismo operador (y, deseablemente, entre nosotros los usuarios) de qué son resultados.

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En las últimas semanas, la institución ha sido señalada en todo tipo de espacios y ha recibido una importante y bien merecida crítica; hablamos de un organismo público sujeto al escrutinio. Lleva a cuestas una responsabilidad inmensa: cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento para una ciudad de más de cinco millones de habitantes.

Este proceso crítico es importante y necesario, salvo que… no es la primera vez que el Siapa está “como lazo de cochino”, especialmente cerca del periodo de estiaje. Entonces, ¿qué ha pasado con esta repetición de ciclos de ineptitud → deterioro → molestia → crítica → escrutinio → evidencia → replanteamiento…? La respuesta puede estar en la simplicidad lógica de la realidad: las cosas son así porque así conviene a algunos cuantos; de lo contrario, sencillamente serían de otra manera.

¡Pero hablamos de un ente público! No debería estar malviviendo ciclos de deterioro y arrastre de problemas que, cada vez más, parecen imposibles de resolver; ni con “técnicos” hemos podido ponerle orden al hoy “toro mecánico” del Siapa. Esta situación es muy costosa y todos la pagamos; en mayor o menor medida, la rotación del círculo vicioso nos afecta. Entonces… ¿qué hacemos con el Siapa?

Además de todo lo negativo que se ha dicho y publicado sobre el Siapa, y que en su gran mayoría son argumentos válidos, tal vez sea tiempo de volver a lo básico: su diseño elemental, la consistencia de su estructura, la validez de su lógica interna. Comencemos por comprenderlo: ¿cómo está construido actualmente el Siapa y cómo debería estar?

Propongo partir de una perspectiva desde dos ángulos que considero fundamentales. Además de todo, el Siapa es dos cosas a la vez:

Un ente complejo, multivariable, con diversidad de sistemas que lo deberían conformar sincrónicamente. No son solo tubos, válvulas, potabilizadoras o acueductos; es igualmente un asunto de dimensiones ambientales, sociales, económicas, culturales e institucionales, y todas son técnicas.

Es también un monopolio natural; es decir, siempre será un monopolio. No podemos escoger entre el Siapa y el Siapo para contratar nuestro servicio de agua potable. Físicamente es imposible; por ello es naturalmente monopólico. Pero ya sabemos qué pasa con los monopolios: tienden a ofrecer el peor servicio al precio más alto posible, a menos, claro, que tengan un sistema de arbitraje sólido y un árbitro alerta, deseablemente “con dientes”, que ponga orden.

¿Cómo está actualmente el diseño estructural del Siapa?

De acuerdo con el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco —recordemos que desde diciembre de 2014, mediante decreto 24805/LX/13, el organismo pasó a manos del Gobierno de Jalisco, dejando excluidos a los municipios que lo encabezaban—, según su propia “Matriz de Indicadores para Resultados”, el Siapa hace el siguiente planteamiento de su objetivo principal:

PROPÓSITO (Objetivo central): “(1) Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que (2) asegure un aprovechamiento sustentable y (3) equitativo del agua superficial y subterránea, y (4) permita la conservación de la biodiversidad y (5) los procesos ecosistémicos”.

Ahí son cinco aspectos, nada más, que propone medir con…

INDICADOR DE PROPÓSITO (Nombre / fórmula): “Volumen de agua extraído” / “Volumen de agua extraído de fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas. La meta es no exceder la concesión”.

En otras palabras, con solo extraer anualmente 402.2 millones de m³, según el propio Siapa, se logra:

Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en el AMG
Asegurar un aprovechamiento sustentable
Asegurar un aprovechamiento equitativo del agua superficial y subterránea
Permitir la conservación de la biodiversidad
Permitir la conservación de los procesos ecosistémicos

Está claro que en el Siapa el nivel de extravío cognitivo es más que preocupante, especialmente cuando una institución de esta naturaleza no comprende conceptos elementales de la rendición de cuentas, a la que está obligada.

Entonces… ¿qué son los resultados?

Los resultados se alcanzan si y solo si hay cambios positivos y verificables (medibles) en las condiciones de vida de:

Personas
La población (usuarios)
Visitantes
Áreas de enfoque
Activo ambiental: un bosque, un lago, un acuífero, etcétera
Erario (presupuesto público)
Patrimonio público (bienes inmuebles o activos)

En materia de agua potable —es pertinente aclararlo—…

Conectar viviendas a la red de agua o extraer millones de m³ no es resultado, es desempeño; si el servicio de dotación de agua para uso humano cuenta con suficiente presión, otorgando al menos 1.5 kg/cm²; asegurando continuidad 24 horas los 365 días del año; en cumplimiento de la normatividad de agua potable (NOM-127-SSA1-2021, respetando los límites máximos y mínimos permisibles de agua incolora, inodora e insípida); a precios asequibles por m³, una vez asegurado el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento de 100 litros por habitante por día… entonces sí hablamos de resultados.

El Siapa no puede funcionar si desde su propio diseño ni siquiera cuenta con la premisa fundamental del sentido de logro.

Si así está su concepción de resultados, ¿cómo estará su desempeño? Más importante: ¿cómo debería estar? Las respuestas serán exploradas en los dos siguientes episodios de este tema…

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado.  Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

El diseño de un sistema electoral es uno de los aspectos más importantes para una sociedad porque se encarga de las reglas para competir por el poder. En concreto, sirve para convertir los votos de las personas en cargos de gobierno y en espacios de representación política. Lleva también intrínsecamente una veta importante para la gobernabilidad del sistema político porque determina qué se vota, por quién se vota y cómo se vota, además de especificar qué se puede hacer y qué no en las contiendas políticas, lo que brinda legitimidad de origen a los vencedores en la liza electoral.

Optar por un sistema electivo o modificar las reglas de competencia electoral es una de las decisiones institucionales más importantes en una sociedad democrática por lo que sería deseable que estos cambios fueran producto de una profunda deliberación. Desafortunadamente, es muy común, nuestra historia así nos lo muestra, que casi siempre han sido producto de decisiones articuladas en términos de necesidades políticas coyunturales. La búsqueda de dividendos y ventajas políticas es casi siempre el factor determinante en las reformas electorales, cuando no el único.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó hace días una iniciativa de reforma electoral, se dice que producto de más de sesenta audiencias públicas que arrojaron más de mil trescientas propuestas, pero lo más seguro es que sea el resultado de las decisiones de la Comisión para la Reforma Electoral, creada ex profeso, para promover una normativa que consideran les puede reportar ventajas político-electorales. Dicha iniciativa ahora se encuentra en proceso legislativo en la búsqueda de su aprobación.

Los apologistas mencionan que la reforma integra aspectos positivos:  erradicar la supremacía de las cúpulas partidistas en la elaboración de listas para las curules de representación proporcional, reducción de costos electorales y de financiamiento a partidos, regular el uso de la inteligencia artificial en campañas, entre lo que más destacan.

Hay algunos puntos en los que me quiero detener. En lo que respecta a transitar hacia un nuevo modelo de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. El modelo de “mejores perdedores” favorece estructuralmente al partido más grande. Cien diputaciones plurinominales se asignarían a los candidatos que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mayores porcentajes dentro de su partido. Lo que el debate no ha diseccionado con suficiente rigor es la mecánica real de este mecanismo: el partido que más candidatos postula en más distritos (efectivamente, es Morena) tendrá estadísticamente más “mejores perdedores” que posicionar en la lista. No se trata de un complot, sino de aritmética electoral. El sistema premia la escala organizacional, y en México hay un solo partido que tiene esa escala en todo el territorio nacional. La iniciativa no plantea algo más importante, eliminar o regular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un mecanismo que ha permitido a Morena, en conjunto con sus aliados, dar trámite a reformas constitucionales sin necesidad de construir consensos con la oposición.

Por lo que respecta a la reducción del financiamiento, esta reducción golpea desproporcionadamente a partidos pequeños y a la oposición. Estaremos ante una austeridad asimétrica. La reducción del presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario se calcula actualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa reduce la segunda variable a menos del 49 por ciento. El argumento de “austeridad” es política y mediáticamente irresistible, en el argot futbolero se diría que se juega para la tribuna, nadie puede estar en contra de la reducción de gastos y de que se les otorgue menos recursos a los partidos, pero esconde una trampa estructural: Morena tiene acceso a redes territoriales, estructuras gubernamentales de proximidad, cobertura mediática orgánica y una base militante activa que no depende del financiamiento público para operar. La oposición, en cambio, requiere de ese financiamiento para existir competitivamente. Reducirlo un 25 por ciento no afecta a todos por igual: es una poda que debilita más a las oposiciones; además al reducir el financiamiento público a los partidos se abre la puerta al financiamiento privado, con todas las implicaciones que ello pueda suponer en términos de ilegalidad, poderes fácticos e incluso el crimen organizado para incidir en las disputas por el poder político.

Otro punto que ha quedado fuera de foco es el de los tiempos parlamentarios. La aceleración legislativa viola el espíritu constitucional de la deliberación pública y representativa. El Poder Legislativo tiene menos de tres meses para aprobar la iniciativa, ya que ésta, junto con las leyes secundarias, debe ser avalada a más tardar en mayo para que sea aplicada en el próximo proceso electoral, cuando se elijan 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales. Una reforma que modifica 11 artículos constitucionales, reconfigura la arquitectura del Congreso y establece nuevas reglas para la IA, el financiamiento y la representación, aprobándose en pocas semanas, sin foros amplios ni dictámenes profundos, es una contradicción en sus propios términos; se habla de fortalecer la democracia con métodos que históricamente han producido reformas electorales fallidas. La prisa legislativa es el mayor riesgo de implementación de toda la propuesta.

Un aspecto que atrae la atención es la ausencia del crimen organizado en los mecanismos de control. La propuesta prohíbe recibir o ejercer gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso que provenga de algún gobierno extranjero, organismo extranjero o persona extranjera, pero no menciona recursos provenientes del narcotráfico ni del llamado “huachicol”. Esta omisión no es menor. La mayor amenaza a la integridad electoral en México no viene de fondos extranjeros sino del dinero del crimen organizado que financia campañas, compra candidaturas y coopta autoridades locales. Se establece de manera genérica que no se podrá utilizar ningún recurso de procedencia ilícita, pero ningún mecanismo de fiscalización bancaria en tiempo real puede detectar lo que circula en efectivo fuera del sistema financiero formal, que es precisamente cómo opera el dinero criminal en campañas.

La presidenta Sheinbaum admitió que tiene un Plan B en caso de que la reforma electoral no sea aprobada por la oposición del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pero no dio mayores detalles sobre cuál sería la otra alternativa. ¿Qué implica institucionalmente este “Plan B”? Implica una presidenta que presiona a sus propios aliados con la amenaza de una alternativa no explicada. Implica una presidenta que reconoce que su reforma no tiene el consenso mínimo necesario para ser legítima en términos políticos, aunque pueda ser legal en términos constitucionales. Una reforma electoral que fractura la coalición gobernante antes de ser votada, y que se impulsa con el reloj corriendo hacia los comicios de 2027, no es reforma democrática: es política electoral en busca de ventajas disfrazada de arquitectura institucional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.