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Opinión

¿Lily Téllez es la sucesora de Colosio?

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Opinión de Fernando Arango sobre Lilly Tellez

Luis Donaldo Colosio no fue un político más; fue un ideal. Su voz, que enarboló las más justas demandas del pueblo de México, fue silenciada en un acto de traición que hirió la esperanza de toda una nación. Sin embargo, los ideales, a diferencia de los hombres, no mueren. Se transforman, evolucionan y, en ocasiones, encuentran un nuevo cauce en almas valientes que se atreven a retomarlos.

Hoy, la presencia de Colosio sigue viva. Ha evolucionado. Ha encontrado un eco en el temple y la convicción de una mujer de su misma tierra, de esa Sonora de hombres y mujeres de carácter inquebrantable: Lily Téllez. Ambos valientes, ambos comprometidos con una visión de México que hoy parece más necesaria que nunca. La silla presidencial que el candidato sonorense del PRI dejó vacía en 1994 espera hoy a otra sonorense que la tome con rumbo y responsabilidad en el 2030, para restaurar el orden y la justicia que han sido traicionados por parte del régimen de la Cuarta Transformación.

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Es el momento de honrar la memoria de Colosio y de cumplir las promesas que se quedaron en el aire. Es el momento del México que no ha sido escuchado.

La traición al pueblo: la 4T y la desestabilización de México

La inestabilidad que hoy sufre México es la consecuencia directa de una política errática y de una visión que prometió paz y solo ha entregado polarización. El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha sido incapaz de brindar la seguridad y el orden que la nación demanda, y ha fracasado en su intento de estabilizar la política, la economía, la sociedad y la seguridad del país.

Los pactos que se han gestado con el crimen organizado han llevado a una realidad donde quienes verdaderamente gobiernan no son los candidatos que el pueblo eligió en las urnas, sino los grupos delictivos que imponen su ley. Esta complicidad ha debilitado las instituciones, ha fracturado el tejido social y ha sumido al país en una ola de violencia sin precedentes. La promesa de una república sin corrupción y con justicia ha quedado en el olvido.

El desastre económico es otra de las consecuencias de esta visión fallida. La 4T ha desatendido a las bases productivas de la nación, dejando en el abandono a quienes son el motor del país. Los productores de maíz de Sinaloa, que han sido ignorados y despojados de su sustento, son un símbolo de este abandono. La falta de inversión, el freno a los proyectos productivos y el hostigamiento a la iniciativa privada han provocado que los trabajadores no encuentren los empleos ni los salarios que demandan, y la clase media se siente traicionada y sin futuro.

Finalmente, la falta de seguridad ha generado una angustia colectiva que hoy se siente en cada rincón del país, una herida abierta que solo se sanará con el retorno de un Estado de derecho verdadero. La política de “abrazos, no balazos” ha resultado en un baño de sangre que ha empoderado a los criminales. El pueblo mexicano vive con miedo, y la impunidad es la norma, no la excepción. La 4T ha fallado en su deber más básico: proteger a sus ciudadanos.

El hambre y la sed de justicia que afligen a la nación

Hoy, el pueblo de México sufre una profunda sed de justicia que no ha sido saciada. El país se ha convertido en el México de la gente agraviada, de aquellos que padecen las distorsiones de la ley impuestas por quienes deberían servirla (Colosio, 1994). La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación es un claro ejemplo de esta degradación institucional, con una elección opacada por los «acordeones» políticos que minan su independencia y su credibilidad.

La independencia judicial, pilar de toda democracia, ha sido sistemáticamente socavada. La Suprema Corte, que debería ser el último bastión de la ley, ha sido cooptada por intereses políticos ajenos a la justicia. La elección de sus miembros por medio de acuerdos y presiones políticas, en lugar de méritos y trayectoria, ha convertido a este órgano en una extensión del poder Ejecutivo. Esta falta de autonomía ha dejado a los ciudadanos sin un recurso real para defenderse de los abusos del poder.

El abuso de autoridad y la arrogancia de las oficinas gubernamentales son una constante que aflige a miles de mexicanos (Colosio, 1994). La burocracia, lejos de servir al pueblo, se ha convertido en un laberinto de trámites interminables y de personal que actúa con prepotencia, negando derechos y obstaculizando el progreso. Los ciudadanos se sienten indefensos ante un sistema que los desprecia y que privilegia a quienes están conectados al poder. Es momento de que terminen los hombres y mujeres afligidos por esta realidad.

El hambre y la sed de justicia que afligen a la nación no es una frase hueca (Colosio, 1994), sino la realidad palpable de un pueblo que se siente abandonado por sus líderes. La promesa de una justicia pronta y expedita ha sido traicionada. La impunidad se ha convertido en la norma, y los criminales, tanto los de cuello blanco como los del crimen organizado, gozan de una libertad que les permite seguir operando con total descaro.

El 1 de septiembre de 2025, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inició sus labores en la Zona Arqueológica de Cuicuilco con una ceremonia de consagración de bastones de mando. Este evento, lejos de ser un acto jurídico, es una inmersión en el mundo de la superchería y lo místico, alejándose de los principios legales que deberían regir la justicia.

Los rituales y su controvertida relevancia

Los rituales llevados a cabo, aunque con raíces en tradiciones ancestrales, plantean interrogantes sobre su pertinencia en el contexto de un sistema judicial moderno. La consagración de bastones de mando y otras prácticas místicas desvían la atención de la necesidad de una administración de justicia imparcial y basada en el derecho. Esto podría exacerbar la percepción de que la justicia en México no se rige por la ley, sino por influencias ajenas al marco jurídico.

El contraste con la modernidad y la tecnología del siglo XXI

En un mundo globalizado y en plena era de la inteligencia artificial, la adopción de rituales anacrónicos por parte de una institución tan crucial como la Suprema Corte de Justicia puede generar una profunda sed de justicia en la población. Lejos de inspirar confianza, estos actos pueden interpretarse como un desapego de la realidad contemporánea y de las herramientas que el siglo XXI ofrece para una administración de justicia más eficiente y transparente. La modernidad y la tecnología, con sus capacidades de análisis de datos, sistemas de información y acceso universal a la ley, son fundamentales para construir un sistema judicial robusto y equitativo, algo que los rituales ancestrales no pueden proporcionar.

La visión de Lily Téllez como alternativa

En este escenario, la visión de figuras como Lily Téllez se presenta como una alternativa innovadora para llevar a México con rumbo y responsabilidad. Su enfoque en la modernidad, la eficiencia y la transparencia, desvinculado de prácticas que no encajan en el contexto actual, podría resonar con aquellos que buscan una justicia pragmática y acorde con los desafíos del siglo XXI. La insistencia en principios jurídicos sólidos y en la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar el sistema judicial, en lugar de recurrir a lo místico, es lo que, para muchos, representa el camino hacia una verdadera transformación y hacia la satisfacción de la imperante necesidad de justicia en el país.

El régimen de la 4T ha hecho la Corte a modo, con todo y acordeones en la elección, implementando una probable dictadura que catalizaría aún más el hambre y la sed de justicia que padece México en la actualidad. Esto es un claro ejemplo de la traición a los ideales democráticos que Lily Téllez, con su valentía, ha denunciado. Ella se ha posicionado como la única que tiene el coraje de enfrentar a un sistema que ha traicionado al pueblo y que está dispuesto a sacrificar la justicia y la libertad por el poder.

El México olvidado por la 4T

El modelo de la 4T ha desatendido a las bases productivas de la nación, dejando en el abandono a quienes son el motor del país. Los productores de maíz de Sinaloa, que han sido ignorados y despojados de su sustento, son un símbolo de este abandono. Los trabajadores no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, y la clase media se siente traicionada y sin futuro.

Los jóvenes enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos y de oportunidades de educación. Se ven orillados a la delincuencia y a la drogadicción ante la ausencia de un futuro prometedor. La 4T ha fracasado en darles las oportunidades que demandan para que participen de manera decisiva en el progreso de la nación; por el contrario, los premia regalándoles dinero a los que no estudian y no trabajan, lo que va totalmente en contra de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. La falta de inversión en educación y en programas de desarrollo profesional ha dejado a toda una generación sin las herramientas para construir su propio futuro.

Las mujeres en México, que aún no cuentan con la participación justa y plena que les pertenece, ven cómo sus capacidades son desaprovechadas. A pesar de ser una parte fundamental de la vida política, económica y social, se enfrentan a un régimen que no las ha protegido ni empoderado. El clamor por una participación más justa y más plena en el México de nuestros días sigue sin ser escuchado.

El burocratismo y el mar de trámites han desalentado a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas (Colosio, 1994). El régimen actual ha creado un ambiente hostil para la gente creativa y entregada, dispuesta a arriesgar y a trabajar. Estos emprendedores demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables para invertir y generar empleos, pero solo encuentran obstáculos y trabas que los desalientan. La visión centralista del gobierno ha asfixiado el motor económico del país.

La valentía de Lily Téllez y la denuncia del narcogobierno

La valentía de Lily Téllez al exponer al narco gobierno de la 4T la convierte en la mejor opción para la presidencia en el año 2030. Su capacidad para desafiar el poder y su compromiso con la verdad son cualidades que hoy son más necesarias que nunca. En un país sumido en la desinformación y el engaño, la voz de Lily Téllez resuena como un faro de esperanza.

En una entrevista para Fox News, la senadora del PAN declaró: “Es absolutamente bienvenida la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles”, y fue más allá al llamar a Claudia Sheinbaum “narcopresidenta”. Además, la acusó de detener los esfuerzos del gobierno norteamericano para combatir a las organizaciones criminales mexicanas. Estas declaraciones son una muestra de su firmeza y de su disposición a nombrar los problemas por su nombre, sin temor a las consecuencias políticas.

Aseguró valientemente que “los políticos de Morena defienden a los cárteles”, en una alusión directa al jefe de la bancada de Morena en el Senado, al que señaló como “el jefe de un cártel”. Con ello, advirtió que quienes no quieren que Estados Unidos ayude a México en la lucha contra los cárteles son los narcopolíticos.

Luis Donaldo Colosio: el presidente que no fue

Luis Donaldo Colosio no tiene nada que ver con el viejo ni con el nuevo PRI. Su visión trascendía las siglas de un partido que él mismo buscaba reformar de cara al siglo XXI. Es fundamental que las nuevas generaciones, que nacieron después de su lamentable fallecimiento, conozcan a Colosio como el priista más destacado de su generación. Su trayectoria es un testamento de su capacidad y su compromiso:

Fue diputado, senador de la República, presidente nacional del CEN del PRI, secretario de Desarrollo Social y, por último, candidato a la presidencia de México.

Colosio fue el presidente que no fue, un hombre que encarnó la esperanza de un México que se atrevió a soñar con un futuro de justicia y de oportunidades para todos.

El ideal de Colosio era transformar al PRI de cara al México del siglo XXI. Un balazo en la cabeza en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, se lo impidió.

Colosio es el claro ejemplo de que el estudio es la manera de salir adelante: un hombre del norte, de la frontera, con raíces populares, consiguió graduarse con honores de una de las instituciones privadas más importantes de América Latina, el Tecnológico de Monterrey.

Las manifestaciones de Colosio, treinta y un años después, deben hacer eco en los jóvenes que no estudian ni trabajan, y que la cultura del esfuerzo y no del privilegio será el catalizador que realmente los hará salir adelante; no estar esperando un apoyo social por parte del gobierno para no producir absolutamente nada al país.

El futuro de México en las manos correctas

Por todo esto, la reencarnación de Colosio se da en Lily Téllez. No es solo un paralelismo; es la continuidad de un ideal que se niega a morir. Es la voz de la conciencia que, desde Sonora, se alza para reclamar el destino de la nación. La valentía de Lily Téllez al exponer al narco gobierno de la 4T la convierte en la mejor opción para la presidencia en el año 2030.

Su capacidad para desafiar el poder y su compromiso con la verdad son cualidades que hoy son más necesarias que nunca. En un país sumido en la desinformación y el engaño, la voz de Lily Téllez resuena como un faro de esperanza. Ella no solo denuncia los problemas, sino que representa la fuerza y el carácter necesarios para enfrentarlos.

Ella es la continuadora de los ideales de Luis Donaldo Colosio, el priista más destacado de su generación, el presidente que no fue. Su visión trascendía las siglas de un partido, y su compromiso era con la gente. Lily Téllez, al igual que Colosio, se ha posicionado como una líder que busca reformar el país desde sus cimientos, de cara al 2030 en la era de la inteligencia artificial y no de rituales anacrónicos promovidos por el régimen de la Cuarta Transformación.

El momento es ahora. Es momento de tomar el rumbo, de asumir la responsabilidad y de volver a encender la esperanza que un día, en una plaza de Tijuana, nos fue arrebatada. Lily Téllez, con su valentía y su visión, está lista para tomar la silla que Colosio dejó vacía y llevar a México con rumbo y con responsabilidad.

Citas de Luis Donaldo Colosio

«Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales».

«México quiere democracia, pero rechaza su perversión: la demagogia. Queremos cambio, sí. Cambio con rumbo y responsabilidad. Cambio para vivir con certidumbre, para vivir en paz».

«Nosotros, los priistas, tenemos que ser los primeros en reconocer que en la sociedad mexicana de hoy el gran reclamo popular es la democracia. Que la gente no quiere la imposición ni la arbitrariedad, que la gente quiere el cambio democrático».

«Aquí está el PRI con su recia vocación política. Aquí está el PRI para alentar la participación ciudadana. Aquí está el PRI para mantener la paz y la estabilidad del país. Aquí está el PRI en pie de lucha para enfrentar los desafíos que nos impone la historia».

Para su consulta, el discurso completo y un análisis del mismo se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
Texto completo del discurso: Memoria Política de México 
Video del discurso: YouTube – COLOSIO: A 30 AÑOS del MÍTICO DISCURSO del PRIISTA

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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Opinión

El castigo cotidiano de trasladarse en Guadalajara. Parte 1

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El castigo cotidiano de trasladarse en Guadalajara

Uno termina por sospechar que en Guadalajara el tiempo no transcurre: se embotella. Las horas que se van en el traslado se descuentan de casi todo lo demás: del sueño, de la mesa, de la conversación, del trabajo, de la serenidad. Moverse por la ciudad se ha vuelto una rutina cara, riesgosa y desgastante. Y como ocurre con cualquier problema público, conviene empezar por lo más sencillo: nombrar el problema, identificar sus causas y seguir sus consecuencias. Solo así se entiende cómo el derecho a la ciudad terminó convertido, para demasiados, en una forma cotidiana de castigo.

A los tapatíos se nos empuja, por distintas vías, a desertar del transporte público y buscar refugio en la salida individual: el coche propio, el auto de plataforma, la motocicleta —esa que hoy se compra con la facilidad con que antes se adquiría una licuadora— y, más recientemente, el patín eléctrico, que suele circular con la desenvoltura de quien supone que toda banqueta es suya. No es exactamente libertad de elección; a veces se parece más a una rendición administrada.

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¿Qué fue primero? ¿El huevo del caos en el transporte público o la gallina del éxodo individual?

Los datos oficiales ayudan a poner cada cosa en su lugar. De acuerdo con la ficha del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, elaborada con base en cifras definitivas del INEGI sobre vehículos de motor registrados en circulación, Jalisco cerró 2024 con 4 millones 910 mil 287 unidades. Son 300 mil 756 más que en 2023, es decir, un crecimiento anual de 6.5 %. Traducido al idioma de la vida diaria: en un solo año se agregó otra ciudad de motores, mientras la infraestructura sigue presentándose como si bastara con cortar listones, inaugurar un puente y sonreír para la foto.

La presión, además, se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara. Según esa misma ficha del IIEG, los diez municipios del AMG reúnen 3 millones 115 mil 838 vehículos, es decir, 63.5 % del total estatal. La tasa por habitante tampoco deja mucho espacio para el autoengaño: Guadalajara ya tiene 82.3 vehículos por cada 100 habitantes. No es una estampa de prosperidad, sino de dependencia. Una ciudad que obliga a moverse con más fierro, más combustible y menos paciencia no presume desarrollo: revela que no ha sabido ofrecer alternativas suficientes.

El desglose por tipo de vehículo también dice más de lo que aparenta. En 2024, Jalisco registró 2 millones 747 mil 726 automóviles, 1 millón 190 mil 848 camiones y camionetas de carga, 957 mil 771 motocicletas y 13 mil 942 camiones para pasajeros, de acuerdo con el IIEG con base en INEGI. El mayor salto relativo fue el de las motocicletas: 14.2 % en un solo año. Los automóviles crecieron 5.5 %; la carga, 3.2 %; y los camiones para pasajeros, 8.9 %. El mensaje es bastante claro: mientras el discurso oficial invoca la movilidad integral, la calle se sigue llenando, sobre todo, de salidas individuales. Es decir, en la Perla Tapatía estamos a escasos pasos de que cada par de piernas requiera su propio chasis para desplazarse.

La discusión de fondo, en realidad, no pasa por averiguar si todavía caben más coches, sino por entender por qué la política pública insiste en tratar esto como un problema de carriles y no de modelo urbano. El crecimiento del parque vehicular, por sí solo, no demuestra la mala calidad del transporte público; sería demasiado cómodo afirmarlo así. Pero sí enciende una alarma seria sobre una ciudad que empuja a sus habitantes hacia la salida individual. Y ahí aparece una vieja costumbre muy local: administrar el síntoma para no corregir la enfermedad. Se interviene un crucero, se presume una obra, se anuncia una “solución integral” y, mientras tanto, la congestión conserva su puesto como política no escrita.

En Jalisco, a ratos da la impresión de que la política pública de movilidad del Estado se parece más a un esquema colonial de venta de indulgencias: el desorden se disimula, el costo se traslada al ciudadano y luego se ofrece alguna corrección parcial como si fuera redención: se tolera el colapso a cambio de multas, se dispersan concesiones con criterios políticos, se condicionan tarifas o subsidios a la inscripción bancaria de una institución de cuestionado comportamiento financiero y se externalizan los costos hacia el ciudadano.

Ahí caben las licencias expedidas sin el rigor técnico deseable, la sincronización deficiente de semáforos, trabajos urbanos realizados en horas de máxima demanda y una convivencia vial donde carga pesada, transporte público, autos y motocicletas compiten por el mismo espacio bajo una coordinación con frecuencia insuficiente. No hace falta exagerar para advertirlo: muchas fallas no provienen del azar, sino de decisiones de gestión que vuelven más lentos, más tensos y más inseguros los trayectos cotidianos.

La especulación del suelo, por su parte, ha expandido la mancha urbana hacia zonas de baja densidad y nula cobertura de transporte, obligando a los habitantes a depender del vehículo privado por diseño, no por elección.

A esto hay que añadir una traza urbana diseñada bajo el capricho y el beneficio de la especulación del suelo. Padecemos un reglamento que permite a las aseguradoras congelar arterias principales durante horas, incluso tras un pequeño choque, priorizando sus ahorros en personal por encima del interés público y convirtiendo un accidente menor en una instalación artística sobre el pavimento.

Las consecuencias son conocidas, aunque a veces prefiramos no mirarlas de frente: más vehículos significan mayor presión sobre las vialidades, más exposición a siniestros y una factura ambiental que la ciudad paga, aunque no la anote en ningún presupuesto. El parque vehicular crece con una velocidad que rebasa la capacidad institucional para ordenar la movilidad.

En la vida doméstica, el fenómeno deja de ser estadística y se vuelve rutina. Cada vehículo nuevo implica combustible, mantenimiento, seguro, refrendos y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. La paradoja es cruel: miles de familias compran una promesa de movilidad y reciben, a cambio, congestión financiada a plazos. Hay algo profundamente injusto en esa escena: una necesidad colectiva convertida en gasto privado, y ese gasto presentado luego como si fuera libertad de elección.

La próxima vez que alguien pregunte por qué el tráfico en Guadalajara se vive como una forma de penitencia, convendría responder con menos resignación y más memoria. No se trata de mala suerte ni de una maldición bíblica aplicada al periférico. Es el resultado de decisiones públicas y privadas que han hecho del automóvil la salida más accesible, más rentable y del transporte colectivo la promesa más incumplida. Cuestionar o señalar la incapacidad o errores de la autoridad debería ser nuestra decisión individual para lograr un mejor estado de lo colectivo, porque mientras los funcionarios cortan listones, los tapatíos cortamos horas de sueño, comida, presupuesto y paciencia.


Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

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Guadalajara y su caótico transporte público. Parte 3

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Guadalajara y su caótico transporte. Parte 3, escribe Sergio E. Gómez Partida

En Jalisco, durante años, los gobiernos de todos los colores han repetido la misma liturgia burocrática: más rutas, más unidades, más inversión, más modernización.
Cambian los logotipos, las campañas y las promesas, pero el viacrucis del usuario permanece intacto. El caos ya no es una falla del sistema. El caos es el sistema.

La burocracia mexicana posee una habilidad admirable para medir aquello que menos importa. Nos dicen cuántos millones se invirtieron, cuántos camiones se compraron o cuántos kilómetros se “modernizaron”. Pero evitan cuidadosamente responder las preguntas incómodas: ¿cuántas horas pierde una persona cada semana esperando un camión que nunca pasó?, ¿cuántas mujeres sienten miedo al regresar de noche en transporte público?, ¿cuántos usuarios terminan viajando hacinados como mercancía de traslado y no como ciudadanos?, ¿cuántas personas renunciaron al transporte público por su pésimo servicio?

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Una política pública que mide únicamente el gasto o el esfuerzo, pero ignora el resultado, termina confundiendo movimiento con progreso. Guadalajara lleva años moviéndose en círculos.

El transporte público es, por naturaleza, un monopolio natural. El usuario no puede “cambiar de proveedor” cuando la ruta falla. Si el camión no pasa, pasa lleno o simplemente ignora la parada, el ciudadano queda atrapado. Esa asimetría obliga al Estado a regular con firmeza. El problema es que aquí la regulación parece haberse diseñado con la delicadeza del pétalo de una rosa en la mano pública de quien no quiere incomodar a nadie, especialmente a los concesionarios.
Es una de las grandes contradicciones del modelo tapatío: los subsidios multimillonarios entregados a empresas privadas que operan el servicio sin que existan mecanismos serios y transparentes de evaluación del desempeño-resultados se convierten en incentivos perversos. La lógica termina siendo tan absurda como predecible: si el concesionario sabe que el dinero llegará de cualquier manera, ¿para qué mejorar el servicio?, ¿para qué invertir en mantenimiento?, ¿para qué capacitar operadores?, ¿para qué reducir tiempos de espera o evitar sobrecupos? El subsidio deja de ser una herramienta de equilibrio social y se convierte en premio institucional a la mediocridad.

Bajo este esquema, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. El ciudadano financia el sistema mediante impuestos o tarifa, soporta el mal servicio y todavía debe agradecer que el camión aparezca. Una obra maestra de la administración pública latinoamericana: convertir al usuario en rehén financiero de su propio deterioro.

Mientras tanto, la autoridad presume convenios “innovadores”. Hace apenas unos días, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció un acuerdo con Uber para otorgar traslados gratuitos a mujeres en situación de violencia. La medida fue presentada como un avance humanitario. Y en el caso individual, ciertamente puede representar ayuda urgente para muchas mujeres. El problema no está en la víctima. El problema es el mensaje político detrás de la solución. El Estado acaba admitiendo, sin decirlo abiertamente, que el propio sistema público que regula no puede garantizar seguridad mínima a las personas.
La solución no consistió en mejorar paraderos, iluminar zonas inseguras, aumentar frecuencias nocturnas o profesionalizar operadores. No. La salida rápida fue delegar la responsabilidad a una aplicación privada que cobra tarifas elevadas, se apropia de 1/3 del valor del negocio sin asumir riesgo ni inversión y llena el vacío dejado por el desastre institucional.
La ironía es clara: después de décadas hablando de fortalecer el transporte público, la solución oficial parece resumirse en una frase vergonzosa y simple: “si el camión no sirve, tome Uber”. Hablamos de una versión gubernamental de poner cubetas cuando el techo lleva veinte años colapsándose.

La violencia en el transporte no comienza cuando aparece un delito. Comienza mucho antes, como lo señalaba Galtung: la violencia estructural empieza cuando el Estado falla y una persona debe esperar cuarenta minutos en una parada oscura. Empieza cuando una unidad va tan saturada que el cuerpo deja de tener espacio propio y, si logra entrar, asume las condiciones de un cuadrúpedo en traslado al matadero. Por eso resulta tan revelador que los funcionarios presuman reuniones, adquisiciones o videos estéticamente editados en sus redes sociales; el secuestro comunicacional cosmético es parte del mismo caos y pasa en todos los sectores de la vida pública. Sucede que medir resultados obliga a rendir cuentas. Y rendir cuentas arruina muchas narrativas oficiales.

La tragedia de Guadalajara no es solamente técnica. Es moral. Una ciudad revela sus verdaderas prioridades en la manera en que mueve a quienes la sostienen todos los días. No en los renders futuristas, no en los discursos sobre innovación, no en las conferencias llenas de Canvas y adjetivos motivacionales. Una ciudad se define por el respeto que tiene hacia el tiempo, la seguridad y el agotamiento de su gente.
La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios. Eso resulta evidente incluso para quienes jamás se han subido a un camión… que casualmente suelen ser quienes diseñan buena parte de estas políticas públicas. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguiremos confundiendo subsidios con soluciones, ocurrencias mediáticas con transformación y movilidad con simple capacidad de sobrevivir al trayecto diario. Cuando una ciudad normaliza que trasladarse sea una forma cotidiana de desgaste, termina erosionando algo más profundo que la eficiencia urbana: erosiona la confianza pública.


Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

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