Lo más caro del mundo es ser pobre

La frase atribuida a Carlos Monsiváis retrata una de las contradicciones más persistentes de nuestra sociedad. Basta pensar en una madre que pierde un día de trabajo esperando una consulta, un adulto mayor que debe comprar sus medicamentos o una familia que recorre kilómetros buscando atención médica.

Es ahí, en la distancia entre el derecho reconocido y el servicio recibido, donde debería comenzar cualquier discusión sobre política sanitaria. ¿Cómo transformar un sistema sin que los pacientes terminen pagando el costo de la transición?

Resulta paradójico que un proyecto político que hizo de «primero los pobres» su principal bandera haya enfrentado tantas dificultades en su transición sanitaria.

Primero desapareció el Seguro Popular para dar paso al INSABI y, tras la desaparición de este último, llegó el IMSS-Bienestar.

México ha experimentado sucesivas reformas administrativas cuyas consecuencias merecen examinarse más allá de las promesas de gratuidad. Detrás de cada cambio hay personas que no pueden esperar. Una receta sin surtir, una consulta postergada o un trámite adicional representan cargas económicas para quienes viven al día. La burocracia también tiene un costo.

Entre 2018 y 2022, la proporción de personas del 10 % de menores ingresos con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16.8 % a 66.7 %, según el Coneval. Aunque también influyó la pandemia, la evaluación identificó dificultades asociadas a la transición institucional.

El Gobierno Federal sostiene que el IMSS-Bienestar busca corregir desigualdades mediante atención gratuita y una administración coordinada. Sin embargo, su consolidación debe evaluarse por el acceso efectivo que garantice. Porque poner primero a los pobres también significa evitar que sean quienes paguen las consecuencias de los cambios administrativos.

Las recientes denuncias de desabasto de medicamentos en Veracruz y la investigación por la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango son quizá un reflejo de la situación verdadera del sistema público de salud: descuido y negligencia. Dos hechos distintos que ponen bajo la lupa sus deficiencias operativas y administrativas, y evidencian la urgencia de investigar responsabilidades, corregir las fallas y garantizar una atención médica segura y continua.

En Jalisco, la discusión adquiere otra dimensión. Morena insiste en incorporar los servicios estatales al IMSS-Bienestar, argumentando mejoras en el abasto, la regularización del personal y el acceso a recursos federales. El Gobierno estatal, por su parte, defiende su autonomía sanitaria y la administración de sus hospitales.

Pero, más allá de las posiciones políticas, ¿qué dicen los resultados?

Según la Secretaría de Salud Jalisco, entre 2022 y 2025 el número de usuarios anuales creció 170 %, al pasar de 407 mil a casi 1.1 millones. En 2025 se reportaron más de tres millones de consultas generales y 718 mil de especialidad.

Y hay otra dimensión de la salud que pocas veces ocupa los titulares: el código postal.

En las comunidades rurales, una consulta puede significar horas de carretera, gastos de transporte y un día de trabajo perdido. La escasez de especialistas fuera de las grandes ciudades profundiza esa desigualdad.

Para atenderla, el Gobierno de Jalisco impulsa junto con la Universidad de Guadalajara la primera Red de Hospitales-Escuela del país, que integra hospitales civiles de Guadalajara y Tonalá, junto con proyectos en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. El modelo combina atención médica, investigación y formación profesional, con el propósito de favorecer la permanencia de futuros especialistas en sus regiones.

Además, las Brigadas Yo Jalisco y Médicas y Médicos de Jalisco en tu Hogar acercan servicios preventivos y seguimiento médico a las comunidades. Según las cifras estatales proporcionadas, entre 2024 y 2026 se han brindado más de 75 mil servicios en más de 310 puntos, mientras el Seguro Médico al Estilo Jalisco registra dos millones de afiliaciones.

Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura y reducir las barreras geográficas. Su efectividad deberá medirse también por la continuidad de los tratamientos y los resultados de salud.

Porque una familia no debería tener que elegir entre comprar medicamentos, pagar el transporte o llevar comida a su mesa. El derecho a la salud no debería depender del código postal ni de la capacidad económica de quien necesita atención.

Ante este panorama, la pregunta sigue abierta: ¿Jalisco se equivocó al no transferir su sistema de salud a la Federación?

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.