Un plan que nunca supo qué quería cambiar

Todavía no llegamos al año dos y “ya parecen cinco minutos… bajo el agua”. En Jalisco ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué vivimos tan mal y cada vez peor? Estamos en épocas de informes y los informes (¿qué cambió con lo que hice?) deberían contrastarse con lo planificado (¿qué y cómo prioricé?). Asomémonos al origen: ¿cómo estamos priorizando lo público?

Un plan de desarrollo (sin rollo) debe ser, antes que un documento plagado de fotografías de gente sonriente, una cadena de causas. Se diagnostican los problemas, se explica por qué ocurren y se definen las alternativas que modificarán las condiciones negativas, incidiendo desde sus raíces y ordenando el gasto para conseguirlo. Así evitamos la aplicación de analgésicos. Teoría del cambio, le dicen los técnicos; sentido común, le decimos el resto. El “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030” rompió esa cadena en el primer eslabón. Lo hizo con una sutileza que casi conmueve: preguntándole a la gente si estaba de acuerdo con tener derechos.

En la consulta ciudadana, la protección del agua obtuvo una calificación de 9.7 sobre 10 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025). El dato se presume como un logro; debería presentarse como una confesión. Tener agua en casa (ojalá fuera potable) no es una preferencia que se somete a encuesta; es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. Sacan el diez o el cero. Que un gobierno celebre haber “consultado” si el agua importa revela que confundió el termómetro con el timón.

La guía metodológica —que la Secretaría de Planeación redactó para obligarse a sí misma— exige que cada diagnóstico “se traduzca en objetivos claros” y que estos atiendan “los temas prioritarios identificados en el diagnóstico” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025). Suena obvio: es el abecé de la planeación por resultados; pero, para que un objetivo derive de un diagnóstico, el diagnóstico tiene que existir. Lo que el Plan llama diagnóstico es, casi siempre, una postal.

Vamos con el agua: el Plan informa que la satisfacción con el servicio cayó de 63.9% en 2015 a 48.3% en 2023 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025). Es un dato de percepción, no de brecha. Nos dice cómo se siente la gente, no cuánta agua potable distribuida en red falta, en qué colonias, respecto de qué estándar. Un diagnóstico de verdad mide la distancia entre lo que hay y lo que debería haber, y la desagrega por territorio; a eso le llamamos “Brecha” y es útil porque los promedios mienten por diseño: esconden al que peor está detrás del que está regular. El Plan prefirió el promedio estatal, el mejor compa del que reprueba.

La sociología resolvió hace medio siglo lo que aquí se confunde. El académico británico Jonathan Bradshaw (1972) separó la necesidad normativa —la que fija el estándar técnico y el marco de derechos— de la necesidad sentida —lo que la gente percibe que le falta—. La primera no se vota: se cumple. La segunda es valiosísima para saber dónde duele, si no llega con dosis previa de manipulación. Confundirlas es exactamente lo que hace un gobierno cuando pide calificar del 1 al 10 “qué tan importantes” son ciertas acciones. Este ejercicio no diagnostica: rankea. Lo grave es que, si rankean derechos, ya no será fácil que sean tratados como derechos.

Poniéndole aritmética, el problema se agrava. De las 675 mil participaciones que el Plan presume, más del 90% vienen de una encuesta en línea autoseleccionada, casi toda desde la Región Centro (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025); el único instrumento con levantamiento estadístico presencial encuestó a 4 mil 687 hogares. Quien lleva veinte años sin agua entubada no la reclama en un formulario: se acostumbró a cargar cubetas. La consulta subdetecta justo al que más lo necesita.

Sin brecha no hay estándar; sin estándar no hay meta; sin meta no hay rendición de cuentas. Solo queda el relato, con joyas involuntarias: el indicador de ordenamiento territorial —cuántos municipios tienen un esquema completo— registró 59.2 en 2024 y fijó como meta para 2025… 59.2. La misma cifra, con una nota que lo confiesa sin sonrojo: “por la naturaleza del indicador no se prevén avances al cierre del año 2025” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025). Una meta que iguala el punto de partida no es una meta: es un certificado de inmovilidad.

Hay un problema mayor que las metas amañadas, uno que vive en el sótano de la planificación: la atribución. Antes de medir, un plan serio contesta una pregunta de a peso: ¿quién mueve la aguja?

Hace años lo discutí con un titular de Medio Ambiente que presumía que su verificación vehicular había mejorado el aire de la metrópoli. Le mostré otra curva: los vientos dominantes, que en el mismo periodo arreciaron y barrieron los contaminantes fuera de la ciudad. Su programa no podía demostrar el mérito que se le colgaba; en todo caso, le sugerí, la ofrenda le tocaba a Eolo, el dios del viento. Me dio la razón con su silencio.

Ésa es la aguja del asunto: uno cree moverla con el pie en el acelerador; en realidad el viento la empuja sobre el cofre. Con un homicidio doloso pasa igual: no depende solo de lo que el Ejecutivo estatal o federal hace o deja de hacer. Concurren tres órdenes de gobierno y tres poderes, con un Poder Judicial que con frecuencia honra su prefijo y resulta per-judicial: convierte la denuncia en trámite, el trámite en expediente y el expediente en tumba; y una larga cadena social que arranca décadas antes, en la casa o infancia del agresor. Colgarle eso a una sola administración es, según convenga, demagogia o pretexto.

El Plan cae de lleno en la trampa. De sus 82 indicadores de primer nivel, buena parte son índices compuestos que el gobierno ni produce ni controla —la posición en el Índice de Paz Positiva, el de Desarrollo Democrático, los subíndices del IMCO, la pobreza que mide el INEGI—, y 30 dependen de fuentes externas que el propio documento admite inestables (Gobierno del Estado de Jalisco, 2025). El tablero termina siendo eso: una aguja que mueve el viento de todos los demás. Cuando la pobreza baja —empujada por el salario mínimo, la inflación y las transferencias federales, no por Casa Jalisco—, la administración canta como gallo que cree que amanece por su canto y se anota un “125% de cumplimiento”. Cuando la inversión extranjera directa cae por debajo de la mitad de lo que era en 2020, entonces sí, la culpa es del contexto. La atribución bien construida desnuda al gobierno: por eso se planifica sin ella.

Una perla antes de cerrar: en la evaluación del plan anterior, incluida en este mismo Plan, los servidores públicos reconocieron metas incumplidas, monitoreo deficiente y opacidad en la rendición de cuentas; la ciudadanía exigió “mayor rigor, eficiencia y rendición de cuentas”. Diagnosticaron la enfermedad con precisión forense, anotaron la receta y repitieron la dosis.

El Plan escuchó 675 mil veces: foros, mesas, encuestas, consultas infantiles. Presumió la participación más grande en la historia del estado. Y en todo ese ruido olvidó hacerse la única pregunta que importaba: ¿con base en qué voy a decidir dónde falta más? Preguntó de todo. Diagnosticó de nada. Una vez más, confundieron lo grandote con la grandeza.

En dos semanas seguiremos con la ruta de nuestro desastre jalisquillo: veremos a dónde va a parar el dinero de un plan que nunca supo qué quería cambiar. Porque una cosa es planificar mal. Y otra, muy tapatía, es pagar por ello.