Deliberación pública sobre el ascenso y el descenso

El conversatorio «Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el futbol?», organizado por el Senado de la República el pasado lunes 21 de septiembre, pone la discusión del ascenso y el descenso en el futbol profesional en un terreno mucho más amplio que el meramente deportivo, convirtiéndolo en un asunto de gobernanza, regulación pública y diseño institucional.

Hasta ahora, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX han sostenido que el ascenso y el descenso pertenecen, fundamentalmente, al ámbito de la autonomía deportiva y de las decisiones de los propietarios, y han actuado en consecuencia. Lo que hace ahora el Senado es corregirles la plana porque, aunque las organizaciones sean privadas, sus decisiones pueden producir consecuencias públicas en materia de empleo, inversión, desarrollo regional, oportunidades deportivas y acceso a la competencia.

No han faltado voces que critiquen la reunión realizada en el Senado, aludiendo a una intromisión, exceso de protagonismo, distracción de la atención del Senado de temas que consideran más relevantes, entre otras falacias, lo que denota, por decir lo menos, ignorancia. Una de las atribuciones del Poder Legislativo en México —y el Senado es parte fundamental de dicho poder, organizado de manera bicameral en el Estado mexicano— es legislar en materia de cultura física y deporte y, por tanto, discutir y eventualmente modificar el marco jurídico que regula a las asociaciones deportivas nacionales, aun cuando estas tengan naturaleza privada.

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 4.º que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; además, señala que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes. Por si esto fuera poco, el artículo 73, fracción XXIX, inciso J, faculta expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte, estableciendo la concurrencia entre Federación, entidades federativas y municipios, así como la participación de los sectores social y privado. Por lo tanto, senadoras y senadores no sólo pueden, sino que deben legislar sobre las reglas bajo las cuales debe organizarse una competencia deportiva profesional cuando esas reglas forman parte de un sistema reconocido y regulado por el Estado.

Dentro de la deliberación pública sobre el tema que se discute en la opinión pública, uno de los argumentos estratégicamente más fuertes en defensa del ascenso es que puede convertirse en un mecanismo de desarrollo regional. La Liga MX tiene actualmente 18 clubes, pero sólo 13 entidades federativas cuentan con representación en Primera División, dejando 19 estados sin un club en el máximo circuito. En ese sentido, que otras plazas compitan por un lugar en la máxima división podría ayudar también en varios aspectos como mecanismo de desarrollo económico regional, generador de identidad territorial, plataforma de inversión privada, generación de empleos e, incluso, hasta como un elemento de integración social. Al no existir esa posibilidad de movilidad, tenemos un mapa del futbol nacional muy rígido, detrás del cual puede estar ocultándose algún tipo de práctica excluyente, incluso de negación a la sana competencia.

Lo anterior entra en disonancia con la narrativa de los jerarcas del futbol de Primera División, pues mientras declaran que buscan internacionalizar marcas, proteger derechos audiovisuales e implementar fondos de inversiones, la liga doméstica, por la vía de los hechos, está reduciendo las posibilidades de que nuevas plazas ingresen al mercado de Primera División.

Desde mi perspectiva, hay otros temas que deberían considerarse en este debate, los cuales enuncio a continuación.

Un problema de diseño de incentivos. Si un equipo sabe que ganar la Liga de Expansión no le garantiza acceder a Primera, disminuye el valor económico de invertir en un proyecto deportivo de largo plazo. La competencia continúa existiendo, pero cambia su finalidad. El ascenso deja de ser el premio máximo de la competencia y pasa a ser, en la práctica, una posibilidad condicionada por factores extradeportivos. Eso afecta la lógica de incentivos de toda la pirámide.

La centralización de derechos puede convertirse en la verdadera moneda de negociación. El futuro del ascenso puede depender menos del discurso deportivo que de la economía de los derechos audiovisuales de transmisión. La Liga MX ha planteado que la centralización de derechos permitiría generar recursos y posteriormente destinarlos a la pirámide del futbol. La cuestión aquí está en los números: ¿qué porcentaje de los nuevos ingresos generados por la centralización de derechos regresará efectivamente a las ligas de Expansión y Premier y a la formación de talento? Sin una respuesta cuantificable, la promesa de «fortalecer la pirámide» permanece como una declaración de intención o como una de las muchas promesas que se han hecho respecto a este tema, sin cumplimiento.

El verdadero mecanismo de exclusión puede ser la certificación. No basta con decir que existe una puerta abierta si los requisitos para atravesarla son económicamente inaccesibles. En otros países, España e Italia, por ejemplo, existen mecanismos para que clubes recién ascendidos puedan realizar adecuaciones de infraestructura progresivamente, en lugar de tener que cumplir inmediatamente todas las condiciones. Lo que se percibe en el caso mexicano es que la famosa certificación es una barrera de facto.

El ascenso puede convertirse en un mecanismo de democratización territorial del futbol. Este es quizá el argumento más poderoso que todavía no ocupa el centro del debate. Un modelo abierto permitiría que ciudades y estados, actualmente excluidos de Primera División, compitan por construir proyectos futbolísticos. Eso modificaría sustancialmente la relación entre futbol, territorio, inversión y economía.

Al momento de redactar esta columna, ya ha sido presentada la iniciativa de reforma anunciada días antes por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, que busca incorporar el mérito deportivo como principio en la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como establecer mecanismos permanentes de ascenso y descenso cuando existan dos o más divisiones profesionales dentro de una misma estructura competitiva. La iniciativa la firman, entre otros senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas, el propio Clemente Castañeda, Amalia García Medina, Higinio Martínez, Juanita Guerra Mena, Luis Donaldo Colosio Riojas, Mauricio Vila Dosal, Alejandra Barrales y Jorge Carlos Ramírez Marín.

El caso del ascenso y el descenso revela que, si bien el futbol mexicano es privado en su propiedad, también es público en buena parte de su regulación, impacto y reconocimiento institucional. Por ello, el Senado de la República tiene la legitimidad y la competencia para abrir la discusión. La iniciativa de reforma legal que obligaría a establecer mecanismos de ascenso y descenso es constitucionalmente proporcional, compatible con la autonomía deportiva y jurídicamente aplicable.

La importancia del conversatorio y de la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte reside en que ambos abrieron una disputa sobre el modelo de gobernanza del futbol profesional mexicano. Quizá estemos ante el fin de la era en que la Liga MX podía autorregularse sin rendir cuentas. La ausencia en el conversatorio —al que sí fueron invitados— de Mikel Arriola y Francisco Iturbide, presidente de la FMF y de la Liga MX, respectivamente, es un error crucial, porque dejaron el relato y la narrativa en manos de quienes están a favor del ascenso y del descenso, convirtiendo un problema deportivo en un problema de interés público. El ascenso ya no se va a discutir en la Asamblea de Dueños; su arena de discusión está ahora en tribunales y en comisiones legislativas. Y eso ya es una buena noticia.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.