Gobernar con ‘superioridad moral’ no es suficiente

Hay una época del año en la que las ciudades cambian de lenguaje.

Espectaculares aparecen de la noche a la mañana, los auditorios se llenan de aplausos, las cifras ocupan las primeras planas y los gobiernos intentan condensar doce meses en una hora de discursos. Es temporada de informes: el momento en que el poder deja, por un instante, de prometer y está obligado a explicar.

Gobernar no consiste en construir el mejor relato, sino en aceptar que, al final, quienes califican son las personas que todos los días caminan una calle, toman un camión, llevan a sus hijas e hijos a la escuela o regresan a casa esperando sentirse un poco más seguras.

En los últimos años, la política mexicana ha encontrado una expresión recurrente: la superioridad moral. Cada mañana se repite como un credo que hay un solo camino correcto para gobernar y que basta con representar al pueblo para asumir que también se representan sus resultados.

Pero las ciudades tienen una costumbre incómoda: hablar por sí mismas.

Mientras el debate público suele instalarse en las narrativas, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI ofrece otra conversación, lejos del estruendo político y más cerca de la experiencia cotidiana.

Ahí, los municipios cuentan historias distintas. Zapopan —gobernado por un alcalde de Movimiento Ciudadano (MC)— redujo la percepción de inseguridad de 70.8% a 54.1% en un trimestre, una caída de 16.7 puntos porcentuales, una de las más importantes del País. Guadalajara, también de gobierno emecista, hizo lo propio al pasar de 90.2% a 78%, una reducción de 12.2 puntos que también sobresale a nivel nacional.

En el resto del Área Metropolitana (AMG), el mapa es más matizado. Tonalá, gobernado por una administración morenista, descendió de 68.1% a 63.4%, mientras Tlajomulco, de gobierno naranja, pasó de 70.1% a 68.1%. En contraste, San Pedro Tlaquepaque aumentó de 62.5% a 64.9% en percepción de inseguridad, un dato aún más revelador si se considera que dicho gobierno morenista ocupa el lugar 124 de 125 en delitos del fuero común. Puerto Vallarta, por su parte, pasó de 59.9% a 65.4%, con un gobierno emanado del Partido Verde.

Los informes municipales completan ese retrato con indicadores verificables.

A veces olvidamos que gobernar no es sólo administrar presupuestos. Es conocer el territorio. Entender que una ciudad no es una suma de avenidas ni un municipio una colección de colonias, sino personas que habitan contextos, necesidades y expectativas distintas.

Por eso, resulta inevitable mirar con detenimiento algunos casos.

En Tonalá, por ejemplo, el informe del morenista Sergio Chávez estuvo marcado por la colocación de la primera piedra del Centro Municipal de Autismo, financiado con recursos originalmente destinados al fallido proyecto del rastro municipal. Ese cambio de destino no puede entenderse sin recordar la controversia y el conflicto de interés que rodearon aquella concesión. También eso forma parte de la rendición de cuentas: los gobiernos no sólo heredan obras, también heredan explicaciones.

Y quizá ahí aparece la verdadera diferencia entre gobernar desde la superioridad moral y gobernar con resultados.

Cuando Morena acusa a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de privatizar servicios o impulsar modelos incompatibles con el interés público, pocas veces reconoce que algunas herramientas utilizadas por ambos responden a esquemas semejantes de política pública: mecanismos financieros, operadores tecnológicos compartidos y modelos de inversión público-privada que también existen en proyectos federales.

La discusión deja entonces de ser sobre los instrumentos y se convierte en una disputa por el monopolio de la virtud.

Pero las ciudades no se gobiernan con monopolios morales.

Se gobiernan con diagnósticos, evidencia, capacidad para corregir errores y disposición para rendir cuentas cuando los datos contradicen el discurso.

No es casualidad que Jalisco se haya convertido en una pieza codiciada del mapa político nacional. Quien aspira a gobernar un territorio primero debería demostrar que lo entiende. Y entenderlo exige mucho más que repetir consignas: requiere método, visión de largo plazo y la humildad de dejar que los resultados hablen antes que las etiquetas.

Por eso conviene desconfiar de cualquier narrativa —venga de donde venga— que pretenda sustituir la evidencia por la fe política. Vale la pena buscar los datos oficiales, contrastar las cifras, preguntar, verificar y construir una opinión propia.

Porque, al final, las ciudades conservan memoria.

Y aunque los discursos cambien cada temporada de informes, la vida cotidiana siempre termina revelando quién gobernó para convencer y quién gobernó para cambiar las cosas.

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.