México: Un Estado capturado y erosionado

El Estado surgió entre los siglos 16 y 18 como solución a la violencia feudal, a las guerras incitadas por la religión y a la excesiva dispersión del poder. Cuando los individuos se reunieron para constituir una entidad soberana, en la cual delegaron un poder absoluto sobre ellos, lo hicieron para protegerse y poder vivir con seguridad en sus bienes y en su persona.

Surgió así el Estado con la promesa fundacional de centralizar autoridad, monopolizar la violencia legítima y producir previsibilidad para enfrentar entornos inestables e inciertos. La teoría política lo concibe como un aparato racional diseñado para limitar y regular conductas, contener el caos y garantizar seguridad, impuestos y justicia.

El Estado moderno en México, y el que sentó las bases para lo que tenemos en la actualidad, surgió después de la Revolución iniciada en 1910, de ahí surgió un régimen para controlar el proceso de distribución del poder político y las instituciones que buscaban materializar los preceptos del proceso revolucionario. Conocidos estos antecedentes, ¿cómo podemos clasificar en la actualidad al Estado mexicano? De un tiempo a esta parte se han suscitado debates en torno a la eficacia y funcionalidad del Estado en nuestro país. Algunos consideran que estamos en un Estado fallido. Yo no soy de los que piensan así. 

Un Estado fallido se materializa cuando se ha perdido por completo la capacidad de ejercer control efectivo sobre el territorio, garantizar seguridad básica, monopolizar el uso legítimo de la fuerza y sostener instituciones funcionales. En el caso de México, aplicar esa categoría exige mesura en el análisis, porque el país todavía mantiene capacidades firmes en materia fiscal, diplomática, financiera y administrativa. Lo que no se puede negar es que existen ciertos episodios que muestran zonas de fragilidad institucional, captura criminal y erosión de la potestad operativa que alimentan ese debate.

¿Qué es lo que estimula esa narrativa? Dos casos recientes han sido utilizados para estimularla.  Las versiones sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operaciones vinculadas con Chihuahua y las acusaciones políticas y judiciales contra Rubén Rocha Moya en el contexto de investigaciones criminales impulsadas desde Estados Unidos (sobre lo cual escribí en mi colaboración anterior). Ambos episodios permiten analizar qué dimensiones de la gobernabilidad muestran deterioro. 

El problema aparece en la desigualdad territorial del poder del Estado. Hay regiones donde grupos criminales ejercen funciones propias del Estado tales como control social, seguridad, movilidad, tributaciones, economía local y coerción. Esa fragmentación parcial del monopolio de la fuerza genera percepciones de que el Estado no mantiene con éxito ciertas atribuciones que le son propias. Por ello, una categoría más precisa para México sería la de un Estado con capacidades erosionadas en ciertas regiones. 

Hasta el momento, no existe todavía evidencia pública concluyente que pruebe una intervención unilateral abierta de la CIA en Chihuahua fuera de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad. Sin embargo, el simple hecho de que esas versiones resulten creíbles para amplios sectores sociales revela una pérdida de confianza en la autonomía operativa del Estado mexicano, y ahí habita un punto nodal de la gobernabilidad, porque cuando un Estado no logra convencer plenamente de que controla su seguridad interior, se abre espacio para narrativas de tutela externa. Si bien es cierto que la cooperación entre México y Estados Unidos en inteligencia no es nueva y que existe desde hace décadas en temas de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de armas, el problema surge cuando la cooperación no es del todo transparente y alimenta posibilidades de opacidad, las autoridades mexicanas se perciben como subordinadas y las agencias extranjeras parecen tener más capacidad de investigación que las instituciones locales.

Por otro lado, las acusaciones y señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya deben analizarse bajo las ópticas jurídicas y políticas. Hasta ahora, muchas versiones han circulado en medios, columnas y rumores vinculados a investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico y redes de protección política. No obstante, todavía no existe una sentencia judicial firme que pruebe responsabilidad penal directa del gobernador, pero el daño político no depende exclusivamente de una condena judicial. En materia de gobernabilidad, la percepción pública importa, y mucho, porque impacta la legitimidad institucional.

En el caso Rocha Moya se perciben, por lo menos, tres aristas. La dificultad para separar poder político y estructuras criminales en regiones históricamente penetradas por el narcotráfico; la dependencia creciente de información e investigaciones provenientes de Estados Unidos, y la debilidad de las capacidades mexicanas para cerrar rápidamente controversias mediante investigaciones transparentes y creíbles. Cuando las acusaciones más graves sobre actores políticos mexicanos parecen investigarse más enérgicamente fuera del país que dentro del mismo, surge una percepción de vacío institucional o de encubrimiento, ambos igual de graves. Eso fortalece la narrativa de fragilidad estatal.

Estos dos botones de muestra nos revelan que un grave riesgo para la gobernabilidad mexicana es la normalización gradual de esquemas excepcionales como la dependencia de inteligencia extranjera; la existencia de gobiernos subnacionales colonizados y condicionados por grupos del crimen organizado, así como la normalización y aceptación social de que existen zonas en donde la ley opera parcialmente. Todo ello conlleva una erosión gradual de la legitimidad institucional del Estado.

En términos prospectivos, el desafío para el Estado mexicano no es sólo combatir al crimen organizado, sino reconstruir capacidad institucional civil, credibilidad judicial y soberanía operativa. Si esos elementos no se fortalecen, la discusión sobre un Estado fallido seguirá apareciendo cada vez que surjan casos donde el poder criminal, la presión estadounidense y la fragilidad política parezcan cruzarse.

Siguiendo los criterios clásicos, México no es un Estado fallido, pero exhibe con progresiva claridad los síntomas de un Estado disfuncional, capturado y erosionado con regiones en donde el crimen organizado cogobierna y el gobierno no puede o no quiere ejercer su potestad y atribuciones. 

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.