Vulnerabilidad de los datos biométricos en México

En México, el 16 de julio de 2025, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población, estableciendo que la CURP contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía (Diario Oficial de la Federación, 2025).
Los mexicanos recurrentemente nos preguntamos, ¿por qué al gobierno todo le sale mal?, y nos lamentamos por el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos de América, que una vez más se pausó 90 días, y todo parte de la pésima labor que hacen las personas que fueron elegidas popularmente (muchos con respaldo del crimen organizado, los cuales como en otros artículos se ha escrito en la actualidad ya son terroristas), en las cuales es demasiado evidente la falta de preparación que estos tienen al discutir y votar leyes como en este caso la de la Ley General de Población (CURP Biométrica), que es una trampa para que millones de mexicanos compartan los datos tan sensibles como su iris o como sus huellas dactilares.
El régimen actual en México hizo el señalamiento de que no es obligación la tramitación de este medio de identificación; sin embargo, es una artimaña a la que los ciudadanos en México debemos de tener cuidado, ya que a priori será el único medio de identificación válido y será necesario para cualquier tipo de trámite que se pretenda hacer en nuestro “México mágico”, desde la tramitación de una licencia de manejo hasta la tramitación del pasaporte.
Este régimen de gobierno hace tan mal las cosas, que con este tipo de reformas a la ley sin una regulación idónea, es prácticamente imposible que México compita en todos los aspectos con países de primer mundo, en lo particular con los miembros del G7, los cuales, con dos de ellos —Estados Unidos de América y Canadá—, tiene el tratado comercial más importante del mundo. Por lo tanto, la comparación con los estándares internacionales resulta imperativa para evaluar la preparación institucional mexicana ante este tipo de tecnologías. Los países miembros del G7 han desarrollado durante décadas marcos normativos especializados que
México apenas comienza a estructurar, exponiendo a millones de ciudadanos a riesgos potenciales en el manejo de su información más íntima.
Esta disparidad normativa y tecnológica coloca al país en una posición de vulnerabilidad frente a amenazas que van desde el robo de identidad hasta el uso indebido de información por parte de entidades gubernamentales o terceros.
Los países del G7 han establecido regulaciones específicas para el tratamiento de datos biométricos que contrastan marcadamente con las limitaciones del marco jurídico mexicano.
El Reglamento General de Protección de Datos europeo considera el tratamiento de datos biométricos, tanto para identificación como para autenticación, como un tratamiento de alto riesgo que incluye categorías especiales de datos. Esta clasificación implica requisitos adicionales de seguridad, consentimiento explícito y evaluaciones de impacto obligatorias que en México aún se encuentran en proceso de definición (Martínez-Rodríguez & Hernández, 2024).
En contraste, la legislación mexicana aún no define específicamente «datos biométricos», considerándolos únicamente parte de los datos personales sensibles según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Esta ambigüedad normativa genera vacíos legales que comprometen la protección efectiva de la información biométrica de los ciudadanos mexicanos. Mientras que países como Francia, Alemania o Reino Unido han desarrollado protocolos específicos para cada tipo de dato biométrico, México opera bajo definiciones generales que resultan insuficientes para abordar las complejidades técnicas y éticas involucradas.
La implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea establece que los datos genéticos, biométricos o sanitarios solo pueden procesarse en casos específicos, como cuando se da un consentimiento explícito o cuando el tratamiento es necesario por razones de interés público esencial.
Esta restricción contrasta con la amplia discrecionalidad que mantienen las autoridades mexicanas para el uso de datos biométricos, creando un escenario donde los derechos ciudadanos quedan subordinados a criterios administrativos poco definidos. El tercermundismo del actual régimen en México queda latente en comparación con los países de primer mundo (Comisión Europea, 2023).
Temporalidad y vigencia de archivos electrónicos
La permanencia temporal de los datos biométricos constituye otro elemento diferenciador entre México y los países del G7. En el sistema francés, por ejemplo, los datos biométricos almacenados para la emisión de documentos de identidad tienen una vigencia máxima de 15 años, tras los cuales deben ser eliminados automáticamente del sistema.
De manera similar, Alemania ha establecido períodos específicos de conservación que varían entre 3 y 10 años dependiendo del tipo de dato biométrico y su propósito de uso (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2024).
En contraste, la normativa mexicana carece de disposiciones claras sobre la temporalidad de conservación de datos biométricos. El nuevo sistema de CURP biométrica no especifica períodos límite para el almacenamiento de huellas dactilares y fotografías, lo que potencialmente permite una conservación indefinida de esta información. Esta situación genera preocupaciones legítimas sobre el uso de datos que podrían mantenerse en bases gubernamentales durante décadas sin supervisión adecuada ni posibilidad de eliminación por parte del titular (González-Pérez, 2024).
Además, mientras que los países del G7 han implementado sistemas de auditoría automatizada para verificar el cumplimiento de los plazos de eliminación, México carece de mecanismos tecnológicos que garanticen la destrucción oportuna de datos biométricos.
Esta carencia tecnológica expone a los ciudadanos mexicanos a riesgos de uso indebido de información que debería haber sido eliminada conforme a estándares internacionales de protección de datos (Instituto Nacional de Transparencia, 2024).
Protocolos de seguridad y cuidado de datos biométricos
Los protocolos de seguridad implementados por los países del G7 para proteger datos biométricos superan considerablemente las medidas adoptadas en México. Reino Unido, a través del Information Commissioner’s Office, exige evaluaciones de impacto en la protección de datos antes de cualquier implementación de sistemas biométricos, incluyendo análisis de riesgos específicos, medidas de mitigación y supervisión continua.
Estas evaluaciones deben actualizarse regularmente y estar sujetas a revisión por autoridades independientes (Information Commissioner’s Office, 2024).
Italia ha desarrollado un sistema de encriptación multicapa para el almacenamiento de datos biométricos, donde la información se divide en fragmentos codificados que se almacenan en servidores separados y geográficamente distribuidos. Esta arquitectura de seguridad hace prácticamente imposible el acceso no autorizado a la información completa, incluso en caso de compromiso de uno o varios servidores. Paralelamente, Japón implementa sistemas de autenticación multifactor para cualquier acceso a bases de datos biométricos, requiriendo al menos tres formas diferentes de verificación de identidad (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 2024).
En contraste, el sistema mexicano de CURP biométrica carece de especificaciones técnicas públicas sobre los protocolos de encriptación, distribución de servidores o medidas de autenticación para acceso a las bases de datos. Esta opacidad en los procedimientos de seguridad genera desconfianza ciudadana y limita la capacidad de evaluación independiente de las medidas de protección implementadas.
La ausencia de estándares técnicos específicos coloca a México en desventaja frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas (Sánchez-Torres, 2024).
Derecho al control y rectificación de datos
Los ciudadanos de los países del G7 gozan de derechos específicos respecto al control de sus datos biométricos que contrastan con las limitaciones del sistema mexicano.
En Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades garantiza a los ciudadanos el derecho de acceso, rectificación y, en ciertos casos, eliminación de sus datos biométricos almacenados en sistemas gubernamentales. Este derecho incluye la posibilidad de solicitar información detallada sobre quién accede a los datos, cuándo y con qué propósito (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 2024).
Canadá ha implementado un sistema de notificación obligatoria donde los ciudadanos reciben alertas cada vez que sus datos biométricos son consultados por cualquier entidad gubernamental. Esta transparencia permite a los individuos monitorear el uso de su información y detectar posibles accesos no autorizados o indebidos.
Asimismo, los ciudadanos canadienses pueden solicitar un informe anual detallado sobre todos los accesos realizados a sus datos biométricos durante el período anterior (Privacy Commissioner of Canada, 2024).
Por el contrario, el sistema mexicano no contempla mecanismos de notificación automática ni herramientas ciudadanas para monitorear el uso de datos biométricos.
Los titulares de la información carecen de medios efectivos para conocer cuándo, cómo y por quién son consultados sus datos, limitando severamente su capacidad de control sobre información tan sensible. Esta carencia de transparencia viola principios básicos de protección de datos reconocidos internacionalmente (Rodríguez-Gómez, 2024).
Supervisión y rendición de cuentas institucional
La arquitectura de supervisión y rendición de cuentas en el manejo de datos biométricos constituye otra área donde México muestra rezagos importantes respecto a los países del G7.
Alemania cuenta con el Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, una autoridad independiente con facultades para realizar auditorías sorpresa, imponer sanciones económicas y suspender sistemas que no cumplan con estándares de protección de datos. Esta institución opera con autonomía presupuestal y técnica, garantizando su independencia frente a presiones gubernamentales (Bundesbeauftragte für den Datenschutz, 2024).
Estados Unidos, a través del Department of Homeland Security Privacy Office, mantiene un sistema de supervisión continua sobre el uso de tecnologías biométricas por parte de agencias federales. Este sistema incluye revisiones trimestrales, informes públicos anuales y la obligación de suspender programas que presenten riesgos no mitigables para la privacidad ciudadana. Además, el Congreso estadounidense mantiene comités especializados que supervisan el uso gubernamental de datos biométricos (Department of Homeland Security, 2024).
En contraste, México carece de una autoridad especializada en supervisión de sistemas biométricos gubernamentales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aunque tiene competencias generales en protección de datos, no cuenta con recursos técnicos ni humanos especializados para supervisar sistemas biométricos complejos. Esta limitación institucional deja a millones de mexicanos sin protección efectiva ante posibles abusos en el manejo de su información más sensible.
Conclusiones
El análisis comparativo revela que México enfrenta una brecha considerable en la protección de datos biométricos respecto a los países del G7, situación que expone a millones de ciudadanos a riesgos evitables.
La implementación de la CURP biométrica sin marcos normativos específicos, protocolos de seguridad robustos ni mecanismos de supervisión adecuados constituye una decisión prematura que compromete derechos constitucionales básicos. Esta situación resulta particularmente preocupante considerando la irreversibilidad de los datos biométricos y las consecuencias a largo plazo de su manejo inadecuado (Torres-Méndez, 2024).
La ausencia de definiciones técnicas precisas, períodos de conservación limitados y derechos ciudadanos específicos coloca al sistema mexicano en una posición de vulnerabilidad institucional que contrasta marcadamente con los estándares internacionales. Mientras los países del G7 han desarrollado arquitecturas de protección multicapa, México opera bajo un esquema de protección general que resulta insuficiente para abordar las particularidades de los datos biométricos. Esta disparidad no solo afecta la seguridad individual, sino que compromete la confianza ciudadana en las instituciones democráticas (Jiménez-Castillo, 2024).
La falta de preparación tecnológica e institucional de México para manejar datos biométricos a gran escala sugiere la necesidad urgente de reformas normativas, inversión en seguridad cibernética y fortalecimiento de autoridades supervisoras.
Sin estas medidas, la CURP biométrica podría convertirse en un instrumento de vulnerabilidad ciudadana antes que en una herramienta de identificación segura. La experiencia internacional demuestra que la protección efectiva de datos biométricos requiere años de desarrollo normativo, inversión tecnológica y construcción de capacidades institucionales que México aún no ha emprendido de manera sistemática (Morales-Rivera, 2024).
Por la justicia y la libertad de México

¡Ciudadanos de México! ¡Colegas profesionistas!
Hoy, en este momento crucial para nuestra nación, ya no basta con la indignación pasiva. Es imperativo que el pueblo de México salga a las calles. Nuestros profesionistas están abandonando el País, nuestros empresarios viven en la zozobra, y el pueblo vive con miedo.
Estamos envueltos en una espiral de narco-gobierno. Nos deslizamos por un tobogán sin salida, atrapados en un túnel sin fondo donde no se ve la luz.
Y en esa oscuridad, al que alza la voz, al que resulta incómodo, le quitan la vida.
Hablamos de ‘gobernabilidad’ como si fuera un concepto abstracto, ¡pero tiene un rostro! Tiene el rostro de las madres buscadoras, el rostro del empresario extorsionado, el rostro del joven reclutado a la fuerza. ¡El régimen le ha fallado a las víctimas! Ha reemplazado la balanza de la justicia por el silencio de la complicidad.
¡Por eso hoy nos tenemos que levantar en honor a Carlos Manzo! Él fue aquel David que perdió la vida enfrentando a Goliat, por la falta de apoyo que imploró a gritos a una presidencia que lo ignoró.
¡Esta Presidencia es una analogía de Díaz Ordaz en pleno siglo XXI! ¡Qué terrible ironía! Cuando eran oposición, marchaban cada 2 de octubre recordando la masacre. Sin embargo, ahora que están en el poder, han salido peores que Díaz Ordaz y que todos los gobiernos priistas juntos.
Este movimiento trasciende partidos y colores. Es imperativo llamar a todos los miembros de la oposición, a todos los partidos sin distinción, a los ex integrantes del Poder Judicial, a los ex ministros de la Corte, a los médicos, a los agricultores, a los emprendedores, y a todos los disidentes del actual régimen que no están de acuerdo con la forma de gobierno. Hacemos un llamado a los militares que, en silencio, tampoco están de acuerdo con este régimen.
Esta lucha afecta a todos, desde el señor que vende fruta en la esquina hasta el dueño de las grandes empresas. Las compañías mexicanas, y las transnacionales con presencia en nuestro País, también se ven afectadas. La falta de certeza jurídica pone en riesgo las inversiones, los empleos y la estabilidad económica. La unión de todas estas voces y la fuerza de la sociedad civil es la única vía para enfrentar el totalitarismo y defender los pilares de la República.
Hago un llamado urgente a los colegios de abogados, de contadores, de ingenieros, de arquitectos y de médicos.
¡Deben despertar! Deben dejar atrás sus cómodos estatutos de «no intervención en cuestiones políticas». Les pregunto: ¿De qué sirve todo su conocimiento? ¿De qué sirven sus investigaciones, sus congresos y sus ponencias académicas, si la Nación se desmorona ante sus ojos?
Todo ese conocimiento se vuelve en vano si no lo comparten, si no lo usan para defender a la sociedad. Ese velo de supuesta neutralidad que cubre a las barras y colegios es, a todas luces, un acto de cobardía. Se vuelven profesionales que venden humo.
Son muy cómodos al estar «investigando» o «dando asesorías», pero no asesoran al pueblo. Y lo más grave: le fallan a la Generación Z, que tanto necesita de nosotros. Esos jóvenes, olvidados por el gobierno, son el futuro de México y necesitan nuestra guía, no nuestra omisión.
¿Y dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los académicos que escriben sobre la democracia desde la comodidad de sus cubículos? ¿Dónde están las voces que antes eran críticas y hoy callan por privilegio o por miedo?
¡Su silencio es una traición! El conocimiento que no se usa para defender al pueblo es un lujo inútil. ¡La pluma que no se atreve a señalar al tirano es una pluma muerta!
El régimen actual presume eventos internacionales mientras el País se desangra. Por ello, ante la flagrante falta de gobernabilidad en México, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la FIFA.
Es imperativo exigir la cancelación del Mundial de Fútbol.
La lógica es simple y brutal: si el gobierno de México no puede proteger a sus propios habitantes, ¡mucho menos podrá proteger a sus visitantes!
El cambio de rumbo en México es una responsabilidad de todos. La marcha de este 15 de noviembre tiene que ser el parteaguas que nos permita, por fin, ver la luz al final del túnel.
No podemos permitir que, de cara al 2030, nuestro país siga secuestrado por los pensamientos comunistas fallidos del siglo XX. Eso ya debe quedar atrás.
Hablamos de la Generación Z como nuestra esperanza. ¡Y lo son! Pero seamos claros: no podemos pedirles a ellos que arreglen el desastre que nuestra generación está permitiendo. Antes de pedirles que tomen la estafeta, debemos preguntarles: ¿Qué país les estamos heredando? ¿Un país de fosas o un país de oportunidades?
¡La lucha de hoy no es solo por nosotros, es para poder mirarlos a los ojos mañana y decirles que no fuimos cobardes!
Es el momento de que, de la mano de esta nueva generación, tomemos con rumbo y con responsabilidad el cambio que México necesita.
¡Pero que la marcha no sea el fin, que sea el principio! Que sea el nacimiento de un nuevo pacto social, donde los profesionistas, los jóvenes y los ciudadanos de bien nos unamos para proponer el México que sí queremos. ¡Basta de resistir, es hora de construir!
¡Por la justicia, por la libertad y por el futuro de México!
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.
Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.
Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.
El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.
En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.
La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.
Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.
El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.
Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.
Logros Clave de Gavin Newsom en California:
Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.
Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.
Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.
Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.
Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.
Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.
El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.
Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.
La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.
Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.
La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.
Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).
El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.
Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.
El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.
El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.
El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.
El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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