En México, el 16 de julio de 2025, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población, estableciendo que la CURP contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía (Diario Oficial de la Federación, 2025).

Los mexicanos recurrentemente nos preguntamos, ¿por qué al gobierno todo le sale mal?, y nos lamentamos por el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos de América, que una vez más se pausó 90 días, y todo parte de la pésima labor que hacen las personas que fueron elegidas popularmente (muchos con respaldo del crimen organizado, los cuales como en otros artículos se ha escrito en la actualidad ya son terroristas), en las cuales es demasiado evidente la falta de preparación que estos tienen al discutir y votar leyes como en este caso la de la Ley General de Población (CURP Biométrica), que es una trampa para que millones de mexicanos compartan los datos tan sensibles como su iris o como sus huellas dactilares. 

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El régimen actual en México hizo el señalamiento de que no es obligación la tramitación de este medio de identificación; sin embargo, es una artimaña a la que los ciudadanos en México debemos de tener cuidado, ya que a priori será el único medio de identificación válido y será necesario para cualquier tipo de trámite que se pretenda hacer en nuestro “México mágico”, desde la tramitación de una licencia de manejo hasta la tramitación del pasaporte.

Este régimen de gobierno hace tan mal las cosas, que con este tipo de reformas a la ley sin una regulación idónea, es prácticamente imposible que México compita en todos los aspectos con países de primer mundo, en lo particular con los miembros del G7, los cuales, con dos de ellos —Estados Unidos de América y Canadá—, tiene el tratado comercial más importante del mundo. Por lo tanto, la comparación con los estándares internacionales resulta imperativa para evaluar la preparación institucional mexicana ante este tipo de tecnologías. Los países miembros del G7 han desarrollado durante décadas marcos normativos especializados que

México apenas comienza a estructurar, exponiendo a millones de ciudadanos a riesgos potenciales en el manejo de su información más íntima.

Esta disparidad normativa y tecnológica coloca al país en una posición de vulnerabilidad frente a amenazas que van desde el robo de identidad hasta el uso indebido de información por parte de entidades gubernamentales o terceros.

Los países del G7 han establecido regulaciones específicas para el tratamiento de datos biométricos que contrastan marcadamente con las limitaciones del marco jurídico mexicano.

El Reglamento General de Protección de Datos europeo considera el tratamiento de datos biométricos, tanto para identificación como para autenticación, como un tratamiento de alto riesgo que incluye categorías especiales de datos. Esta clasificación implica requisitos adicionales de seguridad, consentimiento explícito y evaluaciones de impacto obligatorias que en México aún se encuentran en proceso de definición (Martínez-Rodríguez & Hernández, 2024).

En contraste, la legislación mexicana aún no define específicamente «datos biométricos», considerándolos únicamente parte de los datos personales sensibles según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Esta ambigüedad normativa genera vacíos legales que comprometen la protección efectiva de la información biométrica de los ciudadanos mexicanos. Mientras que países como Francia, Alemania o Reino Unido han desarrollado protocolos específicos para cada tipo de dato biométrico, México opera bajo definiciones generales que resultan insuficientes para abordar las complejidades técnicas y éticas involucradas.

La implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea establece que los datos genéticos, biométricos o sanitarios solo pueden procesarse en casos específicos, como cuando se da un consentimiento explícito o cuando el tratamiento es necesario por razones de interés público esencial. 

Esta restricción contrasta con la amplia discrecionalidad que mantienen las autoridades mexicanas para el uso de datos biométricos, creando un escenario donde los derechos ciudadanos quedan subordinados a criterios administrativos poco definidos. El tercermundismo del actual régimen en México queda latente en comparación con los países de primer mundo (Comisión Europea, 2023).

Temporalidad y vigencia de archivos electrónicos

La permanencia temporal de los datos biométricos constituye otro elemento diferenciador entre México y los países del G7. En el sistema francés, por ejemplo, los datos biométricos almacenados para la emisión de documentos de identidad tienen una vigencia máxima de 15 años, tras los cuales deben ser eliminados automáticamente del sistema.

De manera similar, Alemania ha establecido períodos específicos de conservación que varían entre 3 y 10 años dependiendo del tipo de dato biométrico y su propósito de uso (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2024).

En contraste, la normativa mexicana carece de disposiciones claras sobre la temporalidad de conservación de datos biométricos. El nuevo sistema de CURP biométrica no especifica períodos límite para el almacenamiento de huellas dactilares y fotografías, lo que potencialmente permite una conservación indefinida de esta información. Esta situación genera preocupaciones legítimas sobre el uso de datos que podrían mantenerse en bases gubernamentales durante décadas sin supervisión adecuada ni posibilidad de eliminación por parte del titular (González-Pérez, 2024).

Además, mientras que los países del G7 han implementado sistemas de auditoría automatizada para verificar el cumplimiento de los plazos de eliminación, México carece de mecanismos tecnológicos que garanticen la destrucción oportuna de datos biométricos.

Esta carencia tecnológica expone a los ciudadanos mexicanos a riesgos de uso indebido de información que debería haber sido eliminada conforme a estándares internacionales de protección de datos (Instituto Nacional de Transparencia, 2024).

Protocolos de seguridad y cuidado de datos biométricos

Los protocolos de seguridad implementados por los países del G7 para proteger datos biométricos superan considerablemente las medidas adoptadas en México. Reino Unido, a través del Information Commissioner’s Office, exige evaluaciones de impacto en la protección de datos antes de cualquier implementación de sistemas biométricos, incluyendo análisis de riesgos específicos, medidas de mitigación y supervisión continua. 

Estas evaluaciones deben actualizarse regularmente y estar sujetas a revisión por autoridades independientes (Information Commissioner’s Office, 2024).

Italia ha desarrollado un sistema de encriptación multicapa para el almacenamiento de datos biométricos, donde la información se divide en fragmentos codificados que se almacenan en servidores separados y geográficamente distribuidos. Esta arquitectura de seguridad hace prácticamente imposible el acceso no autorizado a la información completa, incluso en caso de compromiso de uno o varios servidores. Paralelamente, Japón implementa sistemas de autenticación multifactor para cualquier acceso a bases de datos biométricos, requiriendo al menos tres formas diferentes de verificación de identidad (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 2024).

En contraste, el sistema mexicano de CURP biométrica carece de especificaciones técnicas públicas sobre los protocolos de encriptación, distribución de servidores o medidas de autenticación para acceso a las bases de datos. Esta opacidad en los procedimientos de seguridad genera desconfianza ciudadana y limita la capacidad de evaluación independiente de las medidas de protección implementadas. 

La ausencia de estándares técnicos específicos coloca a México en desventaja frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas (Sánchez-Torres, 2024).

Derecho al control y rectificación de datos

Los ciudadanos de los países del G7 gozan de derechos específicos respecto al control de sus datos biométricos que contrastan con las limitaciones del sistema mexicano. 

En Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades garantiza a los ciudadanos el derecho de acceso, rectificación y, en ciertos casos, eliminación de sus datos biométricos almacenados en sistemas gubernamentales. Este derecho incluye la posibilidad de solicitar información detallada sobre quién accede a los datos, cuándo y con qué propósito (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 2024).

Canadá ha implementado un sistema de notificación obligatoria donde los ciudadanos reciben alertas cada vez que sus datos biométricos son consultados por cualquier entidad gubernamental. Esta transparencia permite a los individuos monitorear el uso de su información y detectar posibles accesos no autorizados o indebidos. 

Asimismo, los ciudadanos canadienses pueden solicitar un informe anual detallado sobre todos los accesos realizados a sus datos biométricos durante el período anterior (Privacy Commissioner of Canada, 2024).

Por el contrario, el sistema mexicano no contempla mecanismos de notificación automática ni herramientas ciudadanas para monitorear el uso de datos biométricos. 

Los titulares de la información carecen de medios efectivos para conocer cuándo, cómo y por quién son consultados sus datos, limitando severamente su capacidad de control sobre información tan sensible. Esta carencia de transparencia viola principios básicos de protección de datos reconocidos internacionalmente (Rodríguez-Gómez, 2024).

Supervisión y rendición de cuentas institucional

La arquitectura de supervisión y rendición de cuentas en el manejo de datos biométricos constituye otra área donde México muestra rezagos importantes respecto a los países del G7.

Alemania cuenta con el Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, una autoridad independiente con facultades para realizar auditorías sorpresa, imponer sanciones económicas y suspender sistemas que no cumplan con estándares de protección de datos. Esta institución opera con autonomía presupuestal y técnica, garantizando su independencia frente a presiones gubernamentales (Bundesbeauftragte für den Datenschutz, 2024).

Estados Unidos, a través del Department of Homeland Security Privacy Office, mantiene un sistema de supervisión continua sobre el uso de tecnologías biométricas por parte de agencias federales. Este sistema incluye revisiones trimestrales, informes públicos anuales y la obligación de suspender programas que presenten riesgos no mitigables para la privacidad ciudadana. Además, el Congreso estadounidense mantiene comités especializados que supervisan el uso gubernamental de datos biométricos (Department of Homeland Security, 2024).

En contraste, México carece de una autoridad especializada en supervisión de sistemas biométricos gubernamentales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aunque tiene competencias generales en protección de datos, no cuenta con recursos técnicos ni humanos especializados para supervisar sistemas biométricos complejos. Esta limitación institucional deja a millones de mexicanos sin protección efectiva ante posibles abusos en el manejo de su información más sensible.

Conclusiones

El análisis comparativo revela que México enfrenta una brecha considerable en la protección de datos biométricos respecto a los países del G7, situación que expone a millones de ciudadanos a riesgos evitables. 

La implementación de la CURP biométrica sin marcos normativos específicos, protocolos de seguridad robustos ni mecanismos de supervisión adecuados constituye una decisión prematura que compromete derechos constitucionales básicos. Esta situación resulta particularmente preocupante considerando la irreversibilidad de los datos biométricos y las consecuencias a largo plazo de su manejo inadecuado (Torres-Méndez, 2024).

La ausencia de definiciones técnicas precisas, períodos de conservación limitados y derechos ciudadanos específicos coloca al sistema mexicano en una posición de vulnerabilidad institucional que contrasta marcadamente con los estándares internacionales. Mientras los países del G7 han desarrollado arquitecturas de protección multicapa, México opera bajo un esquema de protección general que resulta insuficiente para abordar las particularidades de los datos biométricos. Esta disparidad no solo afecta la seguridad individual, sino que compromete la confianza ciudadana en las instituciones democráticas (Jiménez-Castillo, 2024).

La falta de preparación tecnológica e institucional de México para manejar datos biométricos a gran escala sugiere la necesidad urgente de reformas normativas, inversión en seguridad cibernética y fortalecimiento de autoridades supervisoras. 

Sin estas medidas, la CURP biométrica podría convertirse en un instrumento de vulnerabilidad ciudadana antes que en una herramienta de identificación segura. La experiencia internacional demuestra que la protección efectiva de datos biométricos requiere años de desarrollo normativo, inversión tecnológica y construcción de capacidades institucionales que México aún no ha emprendido de manera sistemática (Morales-Rivera, 2024).