Exigen justicia tras agresiones y detenciones arbitrarias en protesta por el agua en Guadalajara

Dos mujeres que participaron en la protesta por agua limpia del 11 de octubre frente a Casa Jalisco denunciaron agresiones físicas, amenazas, humillaciones y detenciones arbitrarias por parte de elementos policiales. Ambas exigieron investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño que sufrieron.

Adriana Gabriela Arreola Dueñas y Daniela Álvarez Zepeda, acompañadas por su abogado José Francisco Salazar González, presentaron este lunes (26.10.26) sus testimonios durante una conferencia de prensa en Guadalajara.

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Las denunciantes acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la desconfianza que manifestaron hacia las instituciones estatales.

Salazar González sostuvo que las autoridades vulneraron derechos fundamentales durante el operativo y que las investigaciones deben determinar las responsabilidades de los agentes y mandos policiales.

«Aquí se tiene que, no solamente investigar, se tiene que sancionar y se tiene que reparar el daño a las víctimas, porque no es posible que, ante este atropello a los derechos humanos, todavía», aseveró Salazar González.

El abogado recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

También señaló posibles vulneraciones a los artículos 4, 6, 7 y 9 constitucionales, relacionados con el derecho al agua, las libertades de expresión y difusión, así como el derecho de reunión pacífica.

Denuncian golpes, insultos y agresiones durante las detenciones

Adriana Gabriela Arreola Dueñas, directora jurídica del colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, relató las agresiones que asegura haber sufrido durante su detención.

La defensora señaló que varias mujeres policías la golpearon, insultaron y le bajaron el pantalón mientras la trasladaban a las instalaciones donde permaneció bajo custodia.

«Me agarraron entre tres mujeres policías, me lesionaron, me iban agrediendo… de hija de tu puta madre en todo el camino, perra, hija de tu puta madre, a qué venías, si ya sabías… cállate el hocico, me bajaron el pans, quedé desnuda de la parte de abajo», relató Arreola Dueñas.

La denunciante describió además amenazas y malos tratos contra otras mujeres que participaron en la manifestación.

Arreola Dueñas afirmó que las autoridades trasladaron a las personas detenidas a instalaciones de la Fiscalía de Jalisco en la calle 14, donde, según su testimonio, continuaron las agresiones físicas y verbales.

La defensora calificó el lugar como un «centro de tortura» y pidió que las autoridades federales investiguen las condiciones en las que permanecieron las personas bajo custodia.

Médica denuncia agresiones e incomunicación

Por su parte, Daniela Álvarez Zepeda, médica y defensora de derechos humanos, relató que varios policías la sometieron durante el operativo frente a Casa Jalisco.

La denunciante aseguró que los agentes la sujetaron de las extremidades y del cabello, mientras le dirigían insultos y amenazas.

«Me somete con el agua y llegan cuatro o cinco hombres a tomarme de cada uno de mis extremidades y del cabello. Me dicen muchísimas cosas: hija de la chingada, puta, no sabes lo que te va a pasar», expresó Álvarez Zepeda.

La médica también denunció que las autoridades la mantuvieron incomunicada y le impidieron contactar a sus familiares durante parte de su detención.

Ambas mujeres sostuvieron que los hechos constituyen violaciones a sus derechos y solicitaron garantías para evitar nuevas agresiones o posibles represalias.

Piden intervención de la FGR y reparación del daño

El abogado José Francisco Salazar González informó que las denunciantes presentaron acciones legales ante la FGR y la CNDH por presuntas violaciones a los derechos humanos.

La defensa busca que las autoridades federales investiguen las detenciones, las agresiones y las posibles responsabilidades de los funcionarios que participaron en el operativo.

Salazar González también cuestionó que las autoridades estatales y federales mantengan investigaciones relacionadas con los mismos hechos.

A su juicio, la existencia de procedimientos paralelos puede generar dificultades jurídicas y propiciar nuevos actos de revictimización.

Por ello, solicitó que la FGR asuma la investigación de las presuntas conductas delictivas que atribuyen a los elementos policiales.

Las denunciantes exigen que las autoridades esclarezcan los hechos, determinen responsabilidades y garanticen la reparación integral del daño.

Investigan a 17 policías por presuntos abusos

Las denuncias surgieron dos semanas después de los enfrentamientos del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde elementos policiales utilizaron gas lacrimógeno y agua a presión contra manifestantes.

Tras la jornada, el Gobernador Pablo Lemus reconoció errores graves durante el operativo y anunció investigaciones contra los agentes que incurrieron en posibles excesos.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 policías por presuntas actuaciones contrarias a los protocolos de uso de la fuerza.

Además, el Gobierno estatal confirmó su colaboración con la CNDH para esclarecer los acontecimientos.

Por separado, una organización civil presentó una denuncia ante la FGR contra el Gobernador y otros funcionarios por presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias.

Las investigaciones administrativas y penales deberán determinar si las autoridades cometieron los delitos y las violaciones a los derechos humanos que señalan las personas denunciantes.

Arreola Dueñas, Álvarez Zepeda y su defensa reiteraron su exigencia de justicia, reparación del daño y garantías de seguridad para quienes ejercen su derecho a la libre manifestación.