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Opinión

Adiós Título 42, hola Título 8

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Luis Sánchez Pérez

El 20 de marzo de 2020, durante los primeros días de la pandemia de coronavirus, en Estados Unidos se emitió una orden de salud pública por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, bajo el nombre de Título 42, mediante la cual, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, prohibía la entrada de personas que «potencialmente representan un riesgo para la salud”. En este sentido, las personas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento, sino expulsadas inmediatamente a su país. En resumen, los funcionarios fronterizos podían expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de las fronteras de Canadá y México hacia Estados Unidos (los menores migrantes no acompañados estaban exentos).

Dentro de los 38 meses que estuvo vigente la medida, casi 3 millones de migrantes fueron expulsados de Estados Unidos, de los cuales 6 de cada 10 eran originarios de México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Por otro lado, la organización Human Rights First reportó casi 10,000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas migrantes expulsadas a México.

A partir del pasado 11 de mayo, las condiciones migratorias en Estados Unidos volvieron a tomar un nuevo giro con la cancelación del Título 42; una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de Estados Unidos, que permite que el gobierno detenga la entrada de personas e importaciones, con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde afuera de las fronteras continentales de EE. UU. Dicho título entró en vigor.

La cancelación del Título 42, se produce una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarará el fin de la emergencia sanitaria mundial por Covid-19; sin embargo, desde abril, el gobierno estadounidense anunció que creará centros regionales en Colombia y Guatemala, para que las personas migrantes puedan solicitar ingresar a Estados Unidos, ante la previsión de que aumentará el flujo de personas que busquen cruzar la frontera. Sin embargo, el hecho de que dicho título haya llegado a su fin, no quiere decir que la vigilancia y restricciones en el borde fronterizo disminuyan, sino todo lo contrario, ya que entra en vigor el Título 8, que consiste en lo siguiente:

“Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Las personas con órdenes finales de remoción serán removidas”.

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Dadas las condiciones sanitarias, con el Título 42, las personas que cruzaban la frontera de manera ilegal no tenían ninguna penalización, por lo que hubo múltiples intentos de ingresar al país. Sin embargo, con la entrada en vigor del Título 8, cruzar la frontera sin documentos, trae consigo sanciones penales que son cada vez mayores.

Aunque las autoridades migratorias han reportado una disminución de personas que buscan cruzar la frontera, se prevé que una nueva gran oleada de migrantes llegué en las próximas semanas a la frontera sur, buscando ingresar a Estados Unidos. Este tema comienza a adquirir relevancia importante tanto en el país del norte, como en el nuestro y seguramente tendrá una relevancia crucial para las elecciones, tanto de nuestro país, como de Estados Unidos, que se llevarán a cabo el siguiente año.

Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

 

 

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Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

 

 

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Opinión

Arrecia campaña sucia de Ayuntamientos emecistas

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Los Ayuntamientos emecistas se meten a las campañas con guerra sucia, retirando propaganda morenista hasta en casas donde hay permiso de los dueños.

Dejando de lado su función principal, los gobiernos municipales de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque han iniciado con “clausuras” de espectaculares, bardas y lonas, siempre y cuando sean de Morena y aliados, pues los de Movimiento Ciudadano (MC) no son contemplados en estos operativos que han arreciado en los últimos días, los reportes de los candidatos afectados se cuentan por decenas.

Las cuadrillas que componen estos operativos son del área de licencias, espacios públicos y servicios públicos de los Ayuntamientos antes mencionados, quienes tienen la misión de revisar todos y cada una de la propaganda de Morena para ser retirados bajo cualquier pretexto, casi siempre producto de la inventiva de la autoridad municipal y preservar la publicidad oficial naranja.

En Tlajomulco hay operativos de cuadrillas del Ayuntamiento retirando lonas en casas de particulares que dieron su permiso con el pretexto de que están colocadas de manera no reglamentada, por lo que son retiradas.

En Zapopan, el área de Inspección y Vigilancia retiraron al menos 5 espectaculares de la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, y de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, los cuales, sin mayor explicación, fueron cubiertos por lonas naranjas del Ayuntamiento, en las que solo se puede leer la leyenda de: “clausurado”.

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En Guadalajara ocurre lo mismo, pese a que las esquinas y puntos limpios de las colonias están llenos de basura, las cuadrillas municipales son usadas con fines políticos para hacer retiro de lonas de candidatos que no sean naranjas, así como el retiro de espectaculares, amparados en argucias legales para no regresarlos hasta pasada la elección.

En Tlaquepaque, la historia no es diferente, pues hay denuncias de retiro masivo de toda la propagada de Morena.

La apuesta de MC es usar toda la maquinara de los gobiernos para intentar descarrilar a Morena y aliados; la desesperación ha sido tal que pretenden arreciar sus acometidas sucias en estos días próximos a los comicios. Por su parte, los morenistas ya alistan denuncias con evidencia en mano para tratar de frenar este tipo de operativos ordenados por las campañas municipales y estatal naranja.

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Opinión

Voto naranja parejo

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La única forma cumplir los grandes compromisos que ha hecho Pablo Lemus en materia de seguridad, educación, salud, transporte y agua para Jalisco es contar con el respaldo de presidencia, senadores, alcaldes y diputados locales y federales.

Es por eso que, a menos de 15 días de las elecciones del 2 de junio, es importante hacerle saber a los ciudadanos que el único voto útil e inteligente que existe es votar todo naranja, tachar las seis boletas por Movimiento Ciudadano (MC).

Cabe recordar que Pablo Lemus mantiene una diferencia en las preferencias electorales de dos dígitos sobre la candidata de Morena, Claudia Delgadillo; una ventaja irreversible en una campaña que está llegando a sus últimos días.

Y quien merece una mención especial es Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, quien irrumpió en una campaña que parecía solamente de dos viejos polos políticos, y hoy ya se ha posicionado en segundo lugar gracias a que supo conectar con las nuevas generaciones haciéndole frente a la vieja idea de hacer política.

El efecto Máynez ha impactado principalmente entre los jóvenes de México, y ha consolidado la ventaja de Pablo Lemus en Jalisco con ese sector de la población tan olvidado por la vieja política. Hoy prácticamente 1 de cada 2 jóvenes del estado que votarán por primera vez, manifiestan su apoyo a MC en Jalisco, según la última encuesta de Grupo Reforma publicada el 6 de mayo.

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Pablo Lemus ya ha presentado los grandes proyectos que requiere Jalisco para garantizar el manejo integral del agua durante las siguientes décadas; tener el mejor sistema de movilidad del país; pacificar al estado; consolidar al campo como un referente internacional y ser ejemplo nacional en materia educativa y de salud pública. 

Pero para ello MC debe de contar con mayoría en el Congreso de Jalisco, para tener el presupuesto estatal suficiente que haga realidad los compromisos adquiridos. También son necesarios los diputados federales naranjas que peleen los grandes recursos ante la Federación, y por supuesto Senadores emecistas que alcen la voz contra los atropellos y defiendan a los jaliscienses desde la máxima tribuna del país.

Y desde el ejecutivo federal y las presidencias municipales también se requiere todo el apoyo para remar juntos hacia el mismo objetivo de continuar con los buenos gobiernos.

Es importante decir que MC tiene una inercia favorable para lograrlo, y no sólo en los números o lo que dicen las encuestas, es lo que se siente en las calles: tanto el candidato presidencial como los aspirantes a las alcaldías siguen creciendo. Donde la elección estaba cerrada, ya se tiene ventaja; donde estaba perdida, ya hay competencia y donde se iba ganando, ya se está arrasando.

En ese contexto es que llegó el momento de pedir el voto naranja parejo, pues esa es la única forma de cerrarle la puerta a los malos gobiernos de Morena y sus aliados, y hacer realidad los grandes compromisos de Pablo Lemus para Jalisco.

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Sobre el autor

Omar Enrique Cervantes Rivera es secretario técnico de la campaña de Pablo Lemus y ex secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco. Escribe a @OmarCervantes_R.

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15 de mayo y nuestra tarea educativa

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Desde 1918, México ha celebrado el día del maestro cada 15 de mayo, una fecha dedicada a honrar la labor invaluable de quienes guían y forman a las generaciones futuras.

Los legisladores Benito Ramírez y Enrique Viesca presentaron un proyecto en septiembre de 1917 para establecer esta celebración. En su propuesta, enfatizaron la injusticia que enfrentan los maestros y la necesidad de dignificar su labor.

La realidad que viven los maestros en nuestro País está marcada por diversos desafíos que obstaculizan su desempeño y afectan la calidad de la educación. Entre los más preocupantes encontramos la precariedad laboral, con un 40% de docentes trabajando con contratos temporales y solo un 30% con acceso a prestaciones sociales. Un estudio de El Economista reveló estas cifras alarmantes.

A esto se suma la falta de recursos en las escuelas públicas, donde el 60% carece de internet y el 80% no tiene biblioteca. El INEGI, en sus estadísticas de 2023, confirma este panorama que limita las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes y dificulta la implementación de metodologías innovadoras.

La violencia en las escuelas también es un problema alarmante, según datos de El Universal, 70% de los maestros ha sido víctima de algún tipo de agresión en su lugar de trabajo, creando un ambiente hostil que atenta contra la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.

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La desigualdad educativa es otra realidad que lastra el sistema educativo mexicano. El 20% de los estudiantes más pobres tiene un rendimiento académico 50% menor que el 20% más rico, perpetuando las brechas sociales y limitando las oportunidades de desarrollo para los sectores más desfavorecidos. Innovec, asociación civil, expone estas cifras alarmantes.

Ante este panorama es necesario un llamado urgente a la acción para fortalecer la profesión docente y mejorar la calidad de la educación. Se requieren medidas concretas que aborden los retos mencionados y crear un entorno más favorable para el desarrollo profesional de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes.

7 apuntes para todos, todos, actuar en la tarea educativa en este 2024. Uno. Invertir en infraestructura y recursos educativos. Dotar a las escuelas públicas de internet, bibliotecas, tecnología adecuada y materiales didácticos de calidad. Dos. Implementar estrategias para prevenir y atender la violencia escolar. Crear ambientes seguros y fomentar la convivencia pacífica en las escuelas. Tres. Revisar y ajustar la reforma educativa. Evaluar los aciertos y desaciertos de la reforma para realizar los ajustes necesarios que beneficien a la educación en su conjunto. Cuatro. Reducir la carga de trabajo de los maestros. Liberar a los docentes de tareas administrativas y burocráticas para que puedan dedicar más tiempo a la preparación de clases, la atención individualizada a los estudiantes y su propio desarrollo profesional. Cinco. Promover el reconocimiento social de la profesión docente. Valorar y reconocer la labor fundamental que realizan los maestros en la sociedad, un mayor reconocimiento social contribuiría a motivar a las nuevas generaciones a elegir esta noble profesión. Seis. Brindar oportunidades de formación continua a los maestros. Implementar programas de actualización y capacitación que permita estar a la vanguardia de las nuevas metodologías de enseñanza y las demandas del mundo actual. Siete. Implementar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en la educación. Asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad.

En este día del maestro, es importante reconocer los retos que enfrentamos los docentes, pero también las esperanzas y posibilidades de cambio. Es necesario trabajar en conjunto de manera transversal gobierno y sociedad civil, para fortalecer la educación y brindar a nosotros los maestros las condiciones necesarias para desempeñar la labor con dignidad y profesionalismo. Solo así podremos construir un futuro mejor para nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en nuestra nación. Como mencionó Paulo Freire, «enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción». ¡Gracias, muchas gracias, a todas las maestras y maestros que siguen presente en mi proceso educativo y me siguen contagiando por el gusto de ser maestro!

Nos leemos la siguiente semana, y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar desde espacios más informados que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

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Sobre el autor

Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

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