Sin respuesta quién ordenó represión; víctimas confrontan al Gabinete de Seguridad en comparecencia

El Gabinete de Seguridad de Jalisco compareció este jueves (05.11.26) ante el Congreso del Estado sin identificar a los funcionarios que ordenaron el uso de agua a presión y las detenciones durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

Durante la sesión, personas que denunciaron agresiones policiales confrontaron a los funcionarios estatales y reclamaron la falta de explicaciones, disculpas y responsabilidades por los hechos ocurridos durante la manifestación para exigir agua limpia.

El coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que desconocía quién había autorizado el uso del agua y las detenciones.

“Sobre quién autorizó el uso del agua y la detención de las personas en el lugar que citó, no tengo esa información”, respondió al diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.

Alarcón Estrada argumentó que sus atribuciones no incluyen decisiones operativas y explicó que las distintas corporaciones tienen responsabilidades específicas durante los dispositivos de seguridad.

Sin embargo, no identificó al mando que ordenó las intervenciones contra los manifestantes ni aclaró quién autorizó las medidas utilizadas para dispersar la protesta.

Por su parte, el nuevo secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, también compareció ante los legisladores y durante sus intervenciones defendió la obligación institucional de respetar el derecho a la manifestación.

Víctimas confrontan a funcionarios por agresiones y detenciones

Luis Antonio Palacios Vázquez, una de las personas detenidas durante el operativo, cuestionó al fiscal Salvador González de los Santos de utilizar los informes policiales como referencia sin escuchar los testimonios de los afectados.

“Usted hace mal al creerlo. Al no preguntarnos a nosotros esta otra parte”, expresó Palacios Vázquez, quien también reprochó que, después de varias horas de comparecencia, los funcionarios del Gabinete de Seguridad no hubieran identificado a los responsables ni ofrecido una disculpa.

“De ninguno ha podido salir ni un perdón, de ninguno ha podido salir un responsable, un nombre”, manifestó.

Por su parte, Daniela Álvarez Zepeda, médica que participó en la manifestación y fue detenida, relató las agresiones que sufrió durante la intervención policial.

“Yo no llevaba armas y protestaba de forma pacífica, sin embargo, fui sometida con agua a presión sujetada por cinco hombres encapuchados, golpeada, insultada y jalada del cabello”, declaró.

Álvarez Zepeda aseguró que sufrió contusiones, un esguince cervical y pérdida de cabello por tracción. También denunció incomunicación y dificultades para recibir atención médica y asesoría legal.

“Por eso no denuncio solamente los golpes y las acciones de los agentes, denuncio una cadena de violencia institucional”, afirmó.

La médica y Adriana Gabriela Arreola Dueñas ya habían denunciado presuntas agresiones y detenciones arbitrarias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Diputados cuestionan respeto a protocolos policiales

La diputada de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, cuestionó la postura de los funcionarios respecto al cumplimiento de los protocolos durante el operativo.

“Me da mucha vergüenza que estén aquí víctimas de lo sucedido y que las puedan mirar a los ojos y decirles que se respetaron los protocolos. ¿Qué protocolos?”, cuestionó.

La legisladora señaló que algunas personas denunciaron agresiones y permanecieron alrededor de diez horas bajo custodia, lo que, a su juicio, contradice las explicaciones ofrecidas por las autoridades.

Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de Hagamos, sostuvo que las decisiones del Gobierno estatal transformaron la inconformidad por el suministro de agua en un conflicto político.

“Estamos frente a una crisis del agua que se convirtió en una crisis de gobierno. Y justamente se convirtió en una crisis de gobierno por la falta de pericia y la falta de manejo en las decisiones políticas del Estado”, afirmó.

El legislador solicitó conocer quién asumió el mando del operativo, si existió una mesa de coordinación y quién autorizó el uso de agentes químicos y agua a presión.

Revisarán actuación de 237 policías por operativo del 11 de octubre

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó a las y los diputados que la dependencia identificó inicialmente a 17 policías por posibles irregularidades durante la manifestación.

Entre los elementos sujetos a revisión se encuentran tres mandos, cuya actuación será analizada para determinar posibles responsabilidades.

El funcionario señaló que los 237 policías que participaron en el operativo deberán presentar informes ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos y conocer las instrucciones que recibieron.

Aclaró que el procedimiento no implica que todos los elementos hayan cometido irregularidades. Las posibles sanciones dependerán de las pruebas y los resultados de las investigaciones.

El 29 de octubre, la dependencia había estimado que aproximadamente 230 policías y mandos participarían en este proceso.

Fiscalía recibió a 39 personas detenidas durante la protesta

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que la institución recibió a 39 personas detenidas durante los enfrentamientos del 11 de octubre.

De ese total, 32 recuperaron su libertad y siete quedaron a disposición de una autoridad judicial, según el balance presentado durante la comparecencia.

El fiscal aseguró que la institución aplicó las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la lectura de derechos, el acceso a defensa legal y la comunicación con familiares.

También sostuvo que las personas detenidas recibieron atención médica y que el Ministerio Público resolvió su situación jurídica dentro del plazo legal.

Las afirmaciones de González de los Santos contrastaron con los testimonios de personas que denunciaron incomunicación, agresiones y obstáculos para acceder a sus derechos durante la detención.

Corresponderá a las autoridades investigadoras determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.

MC pide sanciones; Morena cuestiona actuación policial

El diputado de Movimiento Ciudadano, Omar Enrique Cervantes Rivera, reconoció que existen elementos policiales cuya actuación debe investigarse y pidió sancionar los posibles abusos.

“Yo quiero invitar al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía del Estado a que vayamos hasta las últimas consecuencias con las personas que actuaron de mala manera”, expresó.

Por su parte, la diputada de Morena, María Candelaria Ochoa Ávalos, recordó que los policías tienen la obligación de rechazar órdenes que impliquen actos de tortura.

Familiares de policías piden apoyo

Durante la comparecencia, Berta Alicia Flores, madre de uno de los policías que participó en el operativo del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, pidió a los integrantes del Gabinete de Seguridad que también se atiendan las afectaciones que, según su testimonio, sufrió su hijo durante la intervención. Su participación incorporó la perspectiva de los elementos policiales que estuvieron en el despliegue y sus familias.

“Ahorita mi hijo sí, es policía. Mi hijo está frente a todos a defender a cada uno de nosotros. Ahorita vayan a verlo. Está como un niño regañado. No quiere salir”, detalló Flores.

“¿Quién me va a reparar su daño de dos dedos? A ver, la Fiscalía. ¿Dónde están los responsables? … ¿Quién va a reparar? ¿Nosotros? Porque los ciudadanos vamos a reparar. Ellos no. ¿A quién le van a cobrar?”.

La intervención de Flores Bocanera se produjo en medio de los reclamos de las personas detenidas y agredidas durante la protesta, quienes exigieron conocer quién ordenó el uso de agua a presión y las detenciones.

“Ustedes están peleando nada más de aquella parte. Están pidiendo derechos, pero ¿y los trabajadores de acá qué? ¿Qué pasa con estos trabajadores que están haciendo su trabajo? ¿Quién nos va a reponer ese daño físico psicológico?.

La comparecencia concluyó sin que los funcionarios identificaran públicamente al mando que autorizó esas decisiones operativas.