Soberanía como escudo político

En un acto político para celebrar el triunfo que la llevó a la Presidencia de la República hace dos años, la Presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un frontal discurso en contra de la “intromisión y en defensa de la soberanía”. Sheinbaum expresó que México no acepta injerencias y vinculó ese mensaje con la prohibición constitucional para que agentes extranjeros realicen funciones reservadas a autoridades mexicanas, en directa alusión al caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. En clave de gobernabilidad, la acción es parte de la retórica de emergencia más que un episodio de política exterior articulada. Nuevamente se apela a la soberanía reactivamente ante una crisis diplomática puntual, más allá de actuar bajo un marco de relaciones internacionales consistente. 

Sostengo que se trató de un acto político porque no se enmarca dentro de parámetros institucionales o de una obligación constitucional. Fue un mensaje de continuidad ante los proyectos de su predecesor, lo que confirma que el acto fue más para consolidar la narrativa del movimiento que para rendir cuentas en sentido democrático. 

Sheinbaum enfatizó que al cierre de 2026 los programas de bienestar alcanzarán a 42 millones 560 mil derechohabientes, con una inversión de 1.3 billones de pesos canalizados a través del Banco del Pueblo. La magnitud es portentosa. No obstante, desde la teoría de gobernabilidad esto revela una tensión estructural. Si el vínculo Estado-ciudadano se construye principalmente vía transferencias directas, se erosiona la ciudadanía activa y se consolida una relación clientelar mediada por el partido en el poder. La Presidenta destacó una economía estable, pero sin abordar la paradoja de que la estabilidad macroeconómica coexiste con una débil diversificación productiva. Al no existir mecanismo institucional que lo estructure, el informe carece de indicadores verificables, auditoría independiente o posibilidad de interpelación.

El mensaje fue transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del País. Ante su público, Sheinbaum convocó a movilizaciones en defensa de la patria. Esto es un indicador preocupante, si la jefa del Ejecutivo convoca directamente a la movilización ciudadana organizada desde arriba, se confunde participación popular con la activación de estructuras partidistas. Aquí el espacio para la deliberación crítica se disuelve y la convocatoria es a la defensa de un proyecto político, no a la deliberación argumentada. 

En su arenga, Sheinbaum atribuyó la transformación del País a quien llamó “el mejor presidente que ha tenido el País”, Andrés Manuel López Obrador, destacando los programas sociales y las obras de infraestructura. Dos años después de asumir la Presidencia, la reiterada subordinación simbólica al fundador del movimiento revela que Sheinbaum aún no ha querido o no ha podido construir una legitimidad propia. En términos de gobernabilidad, un gobierno que no puede narrar su singularidad tiene dificultades para gestionar disensos internos, negociar con actores externos en sus propios términos y proyectar continuidad más allá del ciclo electoral de 2027.

El eje central del discurso fue la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a presuntas injerencias externas, particularmente de Estados Unidos. Esta narrativa tiene capacidad de movilización política y de cohesionar a la base social del gobierno, especialmente en momentos de presión externa. Sin embargo, desde la gobernabilidad, existe el riesgo de que problemas concretos —seguridad, crecimiento económico, salud o resultados institucionales— queden subordinados a una lógica de confrontación nacionalista.

Muchos medios cubrieron el informe del 31 de mayo, pero en lo que casi ninguno reparó fue en lo que ocurrió exactamente en la fecha aniversario. En su rueda de prensa matutina del 2 de junio, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, quien aseguró que existen evidencias abundantes en los casos contra funcionarios vinculados al crimen organizado, y derivó el asunto a la Fiscalía General de la República. Este contraste revela puntualmente que lo del 31 de mayo fue retórica soberanista maximalista a micrófono abierto; el 2 de junio, ante evidencia judicial concreta, fue mutismo institucional. En gobernabilidad esto no es prudencia, es una fractura entre el discurso de poder y la capacidad real de respuesta. La Presidenta construyó un andamiaje narrativo de dos años que hoy queda expuesto por una audiencia en Brooklyn.

El discurso soberanista del 31 de mayo no es un asunto de geopolítica, parece más gestión del riesgo político doméstico. La Presidenta no está defendiendo al Estado mexicano de una injerencia abstracta, sino que está gestionando la amenaza de que el sistema judicial estadounidense produzca evidencia que fracture la cohesión interna de Morena antes del ciclo electoral de 2027. Casi ningún medio mexicano está nombrando esto con claridad.

Aunque no se trató de un informe constitucional, Sheinbaum explicó que el propósito fue rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de su administración. Aquí se sienta un precedente cuando el ejecutivo sustituye los mecanismos formales de rendición de cuentas por actos voluntarios de naturaleza político-partidista (transmitidos en red nacional, convocados por un partido político, consignas, gobernadores y magistrados en tarima), se está normalizando una forma de rendición de cuentas que colapsa la distinción entre Estado, gobierno y partido. La Presidenta pidió expresamente hacer asambleas informativas y repartir volantes para informar al pueblo que la patria se defiende. Esto no es rendición de cuentas democrática. Se trata de una activación de estructura partidaria pagada con recursos del Estado, un indicador del grado de erosión normativa que está ocurriendo sin debate público. 

El mensaje fue eficaz como ejercicio de reafirmación política y de cohesión del bloque gobernante, pero, desde la perspectiva de la gobernabilidad, deja abierta una pregunta fundamental: ¿el Segundo Piso de la 4T será recordado por su capacidad de movilizar apoyo popular o por su capacidad de construir instituciones más sólidas y resolver problemas públicos de manera efectiva?

La transición, en un lapso muy corto, del discurso maximalista del 31 de mayo al mutismo cuidadoso de la conferencia matutina del 2 de junio, revela la distancia entre la gobernabilidad aparente y la gobernabilidad real. Veamos a qué le da prioridad el gobierno de Sheinbaum, a gestionar la narrativa o a gestionar la crisis. México hoy está en ambos escenarios al mismo tiempo.

La principal prueba de gobernabilidad para la administración de Sheinbaum no será mantener altos niveles de apoyo popular, sino transformar ese capital político en instituciones más eficaces, transparentes y capaces de producir resultados sostenibles. Un movimiento puede ganar elecciones y llenar plazas públicas. Un Estado eficaz debe además reducir la violencia, fortalecer el Estado de derecho, elevar la productividad y generar confianza institucional. Ahí se encuentra la diferencia entre la continuidad política y la consolidación gubernamental.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.